El empresariado del comercio y los servicios expuso este miércoles en el Senado sus respaldos y observaciones al proyecto de Modernización Laboral, una norma de casi 200 artículos.
El sector privado está sentando posición en el debate legislativo por la reforma laboral. Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), mantuvo este miércoles una reunión con los equipos técnicos de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta. Según Noticias Argentinas (NA), la entidad empresaria manifestó su apoyo general al espíritu del proyecto, pero también realizó objeciones puntuales sobre algunos de sus artículos.
Un respaldo concreto y la voluntad de seguir negociando
La CAC, que representa al sector que genera el 63% del PIB y el 66% del empleo privado registrado, compartió con los legisladores su visión sobre el extenso proyecto. Grinman señaló que comparte «el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo, y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales».
Durante el encuentro, el dirigente empresarial fue claro al afirmar que «una modernización es necesaria no solo para favorecer la generación de empleo formal y de calidad, sino también para colaborar con la competitividad y el dinamismo general de la economía». Este apoyo no es nuevo, ya que la CAC previamente había celebrado la sanción de la Ley Bases, considerándola un «primer paso trascendental» para terminar con la rigidez del sistema.
Grinman dejó abierta la puerta a futuras negociaciones, indicando que los equipos técnicos están trabajando para «prontamente acercar propuestas que logren conciliar lo planteado en la iniciativa del Ejecutivo con nuestro punto de vista».
Aspectos positivos y objeciones sobre el articulado
En su evaluación, la CAC destacó que el proyecto contiene «aspectos muy positivos». Entre ellos, mencionó explícitamente las precisiones en materia indemnizatoria, la tasa de actualización de créditos laborales, la regulación sobre la prestación mínima de servicios durante medidas de fuerza y la consideración de nuevas modalidades de contratación.
Sin embargo, la entidad también formuló observaciones. «De un proyecto de casi 200 artículos, manifestamos objeciones puntuales sobre unos pocos de ellos», señaló Grinman, sin especificar públicamente en esta instancia cuáles son esos artículos cuestionados. Esta postura de apoyo crítico se enmarca en un debate más amplio donde otras voces, como asociaciones de abogados laboralistas, han calificado el proyecto como «absolutamente negativo» e «inconstitucional», advirtiendo sobre un retroceso en los derechos.
La CAC tiene un historial de presentar propuestas concretas de reforma. En encuentros anteriores, elevó al Secretario de Trabajo recomendaciones que incluían cambios en la actualización de créditos laborales, el Fondo de Cese Laboral, la entrega digital de recibos de haberes y la necesidad de declarar al transporte y la educación como servicios esenciales.
Tras la reunión, el titular de la CAC hizo «una evaluación positiva» y ratificó «el compromiso de la cámara con la necesidad de modernizar la legislación laboral». El proyecto, denominado oficialmente «Ley de Modernización Laboral», ya obtuvo dictamen en las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado el 18 de diciembre pasado y podría ser tratado en el recinto en las próximas semanas, en lo que promete ser uno de los debates legislativos más intensos del año.
