En diálogo con FM Tiempo Trelew (91.5), Massoni explicó que “cuando comenzamos nuestra tarea y el gobernador nos dio la responsabilidad, lo primero que buscamos en el plan de seguridad fue ver los elementos que van a dar acompañamiento al recurso humano, elementos materiales y tecnológicos. Y una de las mejores inversiones era la creación y fortalecimiento de los centros de monitoreo. Y me encuentro que ninguno de los centros estaba funcionando como corresponde para la prevención del delito”.
Afirmó que “no funcionaba habiendo realizado una inversión de 35 millones y existiendo un expediente que se iba a comenzar por 70 millones. Por ello analice el expediente para ver las falencias”.
Al ser consultado si fue adrede o por negligencia, el funcionario no dudó en afirmar que hubo intencionalidad.
“Y cuando menciono a los funcionarios que podrían tener responsabilidad, como Rafael Williams (exministro de Gobierno) o Pablo García y a funcionarios dependientes de modernización del Estado (cartera en su momento a cargo de María Victoria Das Neves) es porque los mismos constan en el expediente”.
Y planteó que puede haber similitudes con el caso Correa, donde se investiga diferentes maniobras fraudulentas con plata del Estado.
“Podría tener una vinculación en cuanto al mecanismo. El delito que se investiga es el mismo delito de defraudación, un perjuicio económico al Estado. Las cosas que hemos encontrado en el expediente son graves”.
Y reflejó que “la Fiscalía de Estado menciona algo que llamó la atención que en principio es la licitación para las compras. En este caso por 35 millones y en el cual se estableció un 25% de anticipo. Casi 9 millones. Todo eso de forma directa, se direccionó la compra de forma directa a una empresa. El principio dice que no se puede hacer esto, pero hay excepciones. Una excepción es que se haya decretado una emergencia en la seguridad. Y como la había, creyeron que por eso se podía direccionar y eso es una irregularidad grave”.
Ejemplificó: “La firma de algunos funcionarios fue generadora de actos administrativos de compromisos del Estado que después no se cumplían. Si se realizaba determinado trabajo que la empresa quería cobrar, había una persona que daba fe de que ese trabajo se realizó. Cuando íbamos a constatar el trabajo, veíamos que no se realizó, o que no se habían recibido las cámaras. Todo eso junto con la mala instalación y tecnología que era obsoletas”.