La jueza de garantías Ivana González decidió elevar a juicio oral y público la investigación en la que se encuentra imputada Erica Juy que en carácter de administradora del Colegio María Auxiliadora de Rawson, se encuentra imputada del delito de “administración infiel” por no saber dar respuestas al faltante de 600 mil pesos pertenecientes a ese establecimiento educativo.
La decisión de la jueza de garantías se tomó en una audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson en la que además de la imputada se hicieron presentes su abogado defensor, el doctor Marcelo Gélvez y el representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación, el fiscal general Osvaldo Heiber.
La suma de dinero faltante ascendería a 600.000 pesos, monto destinado a la previsión de situaciones financieras de crisis y que debería estar depositado en una cuenta del Banco del Chubut. S.A. El dinero se conformaba con el pago de la cuota mensual de los alumnos y tenía como objetivo asegurar el pago de personal y otros inherentes al funcionamiento del establecimiento educativo.
La mujer imputada era empleada administrativa del establecimiento y la denuncia en su contra fue promovida por la Asociación Civil María Auxiliadora de la Patagonia, con sede en Bahía Blanca.
La asesoría legal del Colegio María Auxiliadora de Rawson, formalizó la denuncia correspondiente ante la Justicia. El hecho se encuadra en el delito de “administración infiel”, el artículo 173, incisos 7 y 45 del Código Penal.
En la audiencia, la jueza González convalidó la acusación realizada por la Fiscalía de Rawson, el marco probatorio de las partes que será expuesto en el debate oral y público y testigos, además de la calificación legal escogida. Hasta la etapa de la presentación de la acusación, las pesquisas estuvieron a cargo de la fiscal general Griselda Encina.
De esa presentación se desprende que Juy debió haber bancarizado esos depósitos tal como figuraba en los registros contables del establecimiento, entre ellos el balance. Lo que se investiga es la desaparición de ese dinero. La empleada ahora sometida a proceso judicial, argumentó que esa suma se la había entregado personalmente en importes parciales, a la hermana Luigina Silvestrini, directora general del colegio durante ese año.
En las pesquisas del Ministerio Público Fiscal –que ahora deberá ser cotejada con los dichos de testigos y otras pruebas frente a un Tribunal, durante el Juicio Oral y Público que a manera de revisión controla esa investigación- la imputada argumentó que las entregas del dinero fueron en mano, sin ningún tipo de recibo administrativo.
La Oficina Judicial de Rawson tiene ahora en sus manos la prosecución del Trámite Judicial para la fijación de fecha de inicio de las audiencias, además del Tribunal de jueces en el debate Oral y Público.