En medio de una atmósfera de cambios y tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el Gobierno Nacional ha decidido dar un giro en la estrategia estadística del país
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la gestión no aplicará la reforma técnica que estaba prevista para este mes, argumentando que los datos en los que se basaba ya no representan la realidad de los bolsillos argentinos.
Una nueva encuesta para captar el consumo actual
La principal crítica del jefe de la cartera económica radica en la antigüedad de las muestras. Hasta hoy, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se rige por una canasta basada en el consumo de los años 2004/2005. El proyecto que dejó Lavagna proponía saltar a la encuesta de 2017/2018, pero para Caputo esto sigue siendo insuficiente.
«Entre 2018 y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia», explicó el ministro. Según TN, el funcionario sostiene que los hábitos de los hogares han cambiado drásticamente en los últimos seis años y que aplicar una canasta de 2018 sería un error metodológico. Por ello, anunció que se realizará una nueva encuesta de hogares para diseñar un índice que realmente refleje el escenario post-pandemia y la dinámica económica actual.
Continuidad técnica para evitar especulaciones
A pesar de que el nuevo sistema debía debutar el próximo 10 de febrero, el Ejecutivo optó por la cautela. Para el Palacio de Hacienda, modificar el termómetro de la inflación en pleno proceso de desaceleración de precios podría interpretarse como una manipulación de los datos. «Queremos comparar peras con peras y manzanas con manzanas», sentenció el ministro en declaraciones recientes.
La metodología postergada pretendía otorgar un mayor peso a los servicios (como luz, gas y transporte) y reducir la incidencia de alimentos e indumentaria. Sin embargo, Caputo fue enfático al señalar que el sistema actual se mantendrá intacto hasta que la desinflación esté plenamente consolidada, evitando así cualquier sospecha sobre la transparencia del INDEC durante este periodo de transición.
Con esta decisión, el Gobierno busca blindar la credibilidad de las estadísticas públicas mientras prepara un relevamiento que, aseguran, será el más preciso de las últimas décadas para entender el costo de vida en Argentina.