El juez federal Claudio Bonadio procesó al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la causa por irregularidades en la licitación del llamado “plan Qunita”, que habría provocado un perjuicio para el estado de $ 450 millones.
Según informa el diario Clarín, en el procesamiento Bonadio hizo suyos varios de los argumentos de la Cámara Federal de Casación Penal que le había revocado un sobreseimiento con que, en 2017, había beneficiado al ex ministro de Salud.
Como Casación había decidido anular ese sobreseimiento, seguramente Manzur se sumará al juicio oral que ya está abierto, y en el que se encuentra procesado el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En todas las instancias, Manzur negó haber cometido algún delito.
Fuentes cercanas al Gobernador confirmaron a LA GACETA que el procesamiento tomó por sopresa al mandatario tucumano, ya que había sido desprocesado en dos ocasiones por este tema.
«Hay una intencionalidad política. Los abogados seguramente van a apelar la medida. Mientras tanto, Manzur se va a poner a disposición de la Justicia en cuanto el juez lo determine», dijeron desde Casa de Gobierno.
En octubre pasado, la sala III de Casación había resuelto, por unanimidad, anular la resolución de la Cámara Federal que había confirmado el sobreseimiento dispuesto respecto de Manzur y otros funcionarios del ministerio de Salud.
Según detalla Clarín, Bonadio había considerado que Manzur se había ido del ministerio de Salud a ejercer funciones en el gobierno de Tucumán antes de que se firmara el polémico contrato, entre otras razones.
Pero los jueces Carlos A. Mahiques, Eduardo R. Riggi y Juan C. Gemignaniconsideraron que “resultaba arbitraria y prematura” la resolución que desvinculaba al entonces ministro de Salud en cuya gestión se autorizó y aprobó “un pliego de condiciones elaborado de manera irregular para limitar las chances de competir de otros oferentes”.
Los camaristas afirmaron que la resolución anulada “no había tenido en cuenta” que la confección del pliego “en un renglón único”, pese a la diversidad y cantidad de productos que involucraban los kits, era un elemento relevante que podría evidenciar que precisamente “la licitación estuvo, desde sus comienzos, dirigida a favorecer intereses particulares”.
La denuncia de esta causa la había hecho la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud se basó en el cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos de madres beneficiarias de planes sociales
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