La Asesoría de Familia de Trelew convocó a funcionarios municipales del área social para que exterioricen las razones que motivaron al Ministerio de Educación a suspender el pago del transporte educativo, lo que impidió la asistencia de alumnos a las escuelas especiales y la llegada de los chicos al Hogar de Niños. El dato fue revelado la semana pasada por los profesores de las instituciones ante el Consejo de Discapacidad Municipal, que inmediatamente formalizó el reclamo al organismo provincial.
El caso, que exige pronta resolución, fue tomado por las responsables de la Asesoría de Familia, quienes convocaron al secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Héctor Castillo; y al director de Discapacidad, José Behotats, para interiorizarse de los detalles del asunto. Según expresaron los profesores ante el Consejo, hace un mes aproximadamente los alumnos de las escuelas especiales no concurren a clases; apunte que complejiza el escenario.
Después del encuentro del martes con las doctoras Ivana Baskovc, Julia Laborda y Susana Garrigós, Castillo sostuvo que desde el departamento judicial “acompañarán los petitorios” efectuados por el área social municipal ante los organismos provinciales que deben resolver el inconveniente. Las presentaciones fueron formalizadas a las funcionarias judiciales actuantes.
La reunión con las letradas “fue muy productiva, de hecho, avanzamos con otros temas vinculados con la discapacidad que estaban relegados”, describió Castillo.
Atender la vulnerabilidad
Por su parte, Baskovc puntualizó la efectividad del trabajo en la coordinación de acciones para “atender a los sectores vulnerables de la población, es decir, niños o personas con alguna afección en su salud mental”. De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, “aunaremos esfuerzos para resolver algunas cuestiones que se presentaron como urgentes y en las que tomamos conocimiento mediante los medios periodísticos”.
Colectivo
“Queremos, -a partir de la entrevista con los funcionarios municipales-, desplegar las acciones necesarias desde nuestro lugar para que los responsables den respuestas a fin de que se resuelvan el inconveniente”.
En tanto, Laborda, mencionó que “desde nuestras facultades y competencias, cuando surge la vulneración de derechos de personas con alguna discapacidad, nos ponemos en contacto inmediatamente con los organismos competentes para tratar de resolver en forma extrajudicial el conflicto planteado. Y si no vemos una respuesta para la satisfacción de esos derechos vulnerados, tenemos la obligación constitucional de accionar contra el organismo competente”.