Los fiscales de la Unidad Anticorrupción agregaron en la audiencia que “del mismo modo, tanto Cisterna, Carpintero, Correa y Oca, decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan criminal.
En ese sentido acordaron que sería el primero, Cisterna, quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda de los retornos, y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias espurias), cumplida esta labor inicial comenzaba la gestión de Oca, quien luego de verificar que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería a quienes pagar y a quienes no.
En tanto Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal; gestión que incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos”.