Desconfianza creciente. Recelos. Y hasta decepción mutua. Nadie, ni en la Casa Rosada, ni en la Catedral Metropolitana, ni siquiera en el Vaticano, duda de que la relación entre el gobierno de Mauricio Macri y la Iglesia del papa Francisco pasa su peor momento, con la despenalización del aborto, la discusión sobre el ajuste y su efecto sobre la pobreza, y hasta la financiación pública de las actividades del catolicismo como temas de pública disputa.
«La relación con la Iglesia… ufff», resopla el alto funcionario con despacho en la Casa Rosada cuando el tema pasa a ser conversación privada con el periodismo. Aunque nadie lo diga con todas las letras, la incomodidad oficial se convirtió en enojo la semana pasada cuando monseñor Jorge Lugones afirmó que «hace falta sensibilidad social» con la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a su lado. «Estuvo desubicado», lo definió sin rodeos a LA NACION un integrante de la mesa chica del Presidente.
Vidal y Stanley son, curiosamente, dos de las mejores representantes del «ala dialoguista» de Cambiemos, y sobre la base de su buena relación personal con el Papa creen que el diálogo reservado podrá sanar, tarde o temprano, las heridas expuestas que el debate sobre el aborto trajo en el vínculo. El Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, saben que son hoy por hoy el blanco de los reproches (públicos y privados) de la jerarquía de la Iglesia, pero -de acuerdo con distintas fuentes consultadas- apelan al pragmatismo y consideran a la Iglesia «un actor más» a la hora de tomar decisiones trascendentes.
La convicción del Presidente de «no vetar» la despenalización del aborto si llegara a aprobarse y la satisfacción del jefe de Gabinete por la «apertura del debate público» sobre la legalización -justo lo que la Iglesia rechazaba- alientan a ministros y diputados que, desde la alianza oficialista, creen en una «relación diferente» con la Iglesia de Francisco, a la que acusan de no haber «apoyado» ni mostrado simpatías por el Gobierno, ni aun en los tiempos de mayor adhesión popular a sus políticas.
«Están convencidos [en la Iglesia] de que buscamos rédito político, y son todas especulaciones falsas», afirman cerca de Peña en defensa de su jefe. «Es muy injusto que lo señalen, porque toda su vida intentó tener una buena relación con la Iglesia, en la ciudad y ahora en la Nación», agrega otro altísimo funcionario que dialoga día a día con los representantes de la Iglesia, aquí y allá.
Apuntado
Cerca del Papa apuntan a Peña por sus formas «liberales», aunque culpan, por sobre todo y sin medias tintas, al consultor estrella Jaime Durán Barba, que asegura que «la Iglesia no trae ni un voto» y apoya la legalización del aborto. Con él no hay diálogo posible: alguna vez calificaron al ecuatoriano, en presencia de Peña, como «el [José] López Rega del Gobierno».
«Peña fue el promotor del discurso del debate sobre el aborto, y justamente hay cosas que no se pueden discutir, como la vida y la muerte», razona un miembro de la denominada «superestructura» de la Iglesia en la Argentina. «Que se olviden del voto de la denominada derecha católica. Esos no los perdonan más», agregó el mismo referente de la Iglesia.
Cerca y lejos de los micrófonos, el jefe de Gabinete niega haber influido en la votación en diputados -un dato que corroboran macristas partidarios de la legalización- y apela al diálogo discreto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea. Mantiene además un canal fiable con el rector de la Catedral Metropolitana, Alejandro Russo, otro incondicional allegado al papa Bergoglio.
En sus diálogos con el Papa, Vidal y Stanley, quienes lo vieron hace dos semanas, enfatizaron que sus políticas sociales «van en línea» con el apoyo de la Iglesia a quienes menos tienen. El mismo trabajo realizaba el secretario de Culto, Santiago de Estrada, viejo amigo del Papa, pero quien anticipó a LA NACION que en uno o dos meses dejará el cargo.
«En el fondo, la Iglesia no es muy afecta al liberalismo, nunca lo fue», contesta un allegado al Sumo Pontífice, en línea con las palabras de Lugones, un «gurka» para el Gobierno que según fuentes eclesiásticas «va a seguir hablando» de manera crítica, sobre todo en lo que hace al aborto y la crisis económica.
La sensibilidad de los obispos tiene otros motivos de preocupación. En uno de sus últimos informes ante la Cámara baja, Peña divulgó la cifra que el Gobierno destina a sostener el culto católico: unos $130 millones anuales, un 7 por ciento de sus gastos totales, según deslizan fuentes oficiales. Desconfiados, miembros de la jerarquía de la Iglesia se quejan porque desde el Gobierno «no hicieron nada» ante el reciente proyecto presentado por los diputados radicales Alejandra Echegaray y Carla Carrizo, en el que piden que el Estado «deje de pagar los sueldos de los obispos». «Nadie avala este proyecto, el radicalismo es laico desde sus inicios y tiene sus principios», contestaron cerca del jefe de Gabinete.
¿Cómo llevar tranquilidad cuando las relaciones «de base» (Macri y Peña con Bergoglio) son por lo menos distantes? Algunos creen posible una mejora con cambios de nombres. «Habría que pensar en un interlocutor válido, que conforme tanto al Vaticano como al Gobierno», afirmó a LA NACION la diputada de Pro Cornelia Schmidt Liermann (Capital). La idea: terminar con la «carrera por ver al Papa» que cada tanto se desata en el Gobierno, más allá de las gestiones reservadas del actual embajador de Macri en la Santa Sede, Rogelio Pfirter.
Mientras el inminente debate sobre el aborto en el Senado tiene en vilo a unos y otros, dialoguistas y pragmáticos del Gobierno afirman que se «seguirá conversando» y que ninguna puerta está cerrada. «Pero los tironeos van a seguir», pronostica con resignación y conocimiento de causa un alto funcionario fuera de la Casa Rosada.
La Nación