El resurgimiento del fracasado proyecto Ingentis implica nuevas erogaciones para el Estado provincial, en este caso a través de la empresa Petrominera, que utilizará el producido de la venta de acciones en la concesión de Pampa del Castillo, por una cifra superior a los 6 millones de dólares. Un repaso de los hechos ayuda a interpretar la secuencia y entender el motivo del nuevo conflicto:
1) La sociedad se conformó en 2007. En un primer momento se asociaron la provincia de Chubut, a través del impulso del gobernador Mario Das Neves, con la empresa Emgasud, del empresario Alejandro Invanissevich. Meses después ingresó Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Se apuntaba a construir un polo energético de 500 Mw y una inversión estimada en 200 millones de dólares, para vender energía a “empresas de primera línea de nivel nacional”, según los anuncios de la época, que afirmaban también que ya se estaban vendiendo contratos de provisión de energía eléctrica en dólares.
2) En 2010 el gobierno provincial ordenó a Petrominera adquirir el 24% que estaba en manos de Pampa Energía. El proceso de compra se vio frenado en el año 2012, cuando el entonces fiscal de Estado, Blas Meza Evans, planteó una denuncia penal por vaciamiento y fraude del proyecto. Esa denuncia no tuvo hasta el momento resultados concretos en la investigación iniciada por los fiscales. Como consecuencia, se inició una demanda civil contra la empresa estatal, para exigirle el pago de las acciones que acordó comprar. Por ese concepto, debe afrontar hoy un monto del orden de los 6 millones de dólares. Según explicó el gerente, José Luis Esperón, si no paga la firma provincial podría afrontar un pedido de quiebra por parte de su ex socio privado.
3) La empresa Ingentis compró dos turbinas General Electric, para la generación de 120 Mw. Uno de esos equipos quedó en poder de Pampa Energía y genera electricidad en la provincia de Salta. La otra, que correspondería a la provincia, se encuentra en Estados Unidos y afronta deudas en concepto de mantenimiento y depósito fiscal en aquel país. Los intentos para traerla a la provincia han fracasado en varias oportunidades y el año pasado se especuló con su posible venta a precio de remate: 12 millones de dólares, cuando su costo original había sido del orden de los 44 millones de dólares.
ADN Sur
