El presidente Mauricio Macri presentará el próximo martes el anteproyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso en los próximos meses.
El acto tendrá lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del gabinete en pleno y de invitados especiales, según confiaron fuentes oficiales. El lanzamiento ya fue suspendido dos veces, en buena medida por la discusión del aborto en el Parlamento.
El jueves pasado, horas después de la sesión en la Cámara alta en la que naufragó la media sanción de Diputados, Macri confirmó sin mencionarlo lo que había sobrevolado durante el debate en el recinto del Senado: que incluiría la despenalización de la mujer en el proyecto del Código Penal.
“El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)“, sostuvo Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.
Los otros integrantes de la comisión son el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
El Gobierno aprovechará la presentación del martes próximo no solo como un hito histórico: el código actual data de 1921, hace casi cien años. Si no también para marcar la contracara de la anterior gestión, que le imprimió un espíritu garantista a sus políticas en materia de Justicia y Seguridad.
Es que el proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.
“Significará una notable mejora para la Argentina en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional. El nuevo Código Penal tiene como objetivo reducir los índices delictivos, mejorar la economía y lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina, a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia, para así contribuir a la seguridad de la Nación y la inserción internacional del país”, escribió ayer Borinsky.
En el caso de los delitos de corrupción, en medio de la mega investigación impulsada por el estallido de los “cuadernos de las coimas K”, el anteproyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos. En la causa que tramitan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, ya desfilaron una docena de empresarios arrepentidos que confesaron coimas a ex funcionarios.
El texto prevé además aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.
Incorpora, en ese sentido, una novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder Ejecutivo imaginan en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
El último año, las administraciones nacional y porteña estuvieron atravesadas por algunos cortocircuitos con la posición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta relacionada con los cortes de calles por la proliferación de manifestaciones, en especial por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad en el inicio de la gestión de Cambiemos. Desde el Gobierno porteño se esforzaron en ese sentido ante las movilizaciones por evitar cortes en los carriles exclusivos para el transporte público.
La pasividad de la anterior gestión ante los piquetes, que de todos modos tuvo un intento de viraje con Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad, había sido cuestionada en forma constante por el macrismo.
La reforma del Código Penal establece en esa línea la introducción de penas para el entorpecimiento del transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming- y de violencia de género también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas.
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