Los fiscales de una de las causas en la que se investigan negociados en contra de la administración pública, afirmaron que la imputada Daniela Souza sale de su casa donde tiene arresto domiciliario, sin ningún tipo de custodia policial al momento de dirigirse a su psicólogo para su tratamiento afectada por las condiciones de detención. Los fiscales también se quejaron de que no fueron informados formalmente de la decisión que adoptó el juez que además –afirmaron- “no es el juez original de la causa”.
Al cuestionar el arresto domiciliario en su argumentación en el texto del recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez afirmaron que la imputada en la causa “Embrujo” sale de su casa sin custodia policial al momento de hacerse atender por un psicólogo. Souza está imputada del delito de una asociación ilícita que lideraba Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador durante las gestiones de Mario Das Neves al frente de la provincia del Chubut.
Afirman que el juez Marcelo Nieto Di Biase que decidió el arresto domiciliario de Souza tras la presentación de un habeas corpus “le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública, sin custodia policial”, concluyendo luego que “por ello venimos a solicitar a que se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada”.
Agregaron en el escrito presentado ante el Superior Tribunal de Justicia que “surgen cuestiones sumamente graves. Un juez que no es el natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. Más grave aún, le permite a Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control ni custodia”.
La medida la tomó el juez Nieto Di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa particular de la imputada y otros defensores públicos en favor de otras detenidas en la seccional primera de Trelew.
Según los fiscales “su función en la asociación ilícita que se investiga, era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de (Diego) Correa. Adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas. Souza, según las conversaciones con Correa solicitándole dinero, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma incluye alquiler del departamento y tarjeta de crédito”.
La presentación
El texto presentado por los fiscales Williams y Rodriguez indica que “habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el juez natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta”.
Agregaron en su presentación que “venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada. Personas en la misma situación que Souza cumplen la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control”, dice el escrito.
Concluyen en que “surgen cuestiones sumamente graves. Un juez que no es el natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. Más grave aún, le permite a Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control ni custodia”.