El presidente del bloque de Cambiemos, Eduardo Conde dijo que la probation a los cuatros empresarios Esteban Torraca, Patricio Musante, Oscar Peña y Juan Salaberry significa que dejen de tener responsabilidad jurídica y penal, “salen del proceso, de la discusión a cambio de una reparación económica. Esto significa que el empresariado de Chubut, involucrado en los hechos de corrupción dejan de tener responsabilidad jurídica y penal”.
Para Conde, la investigación judicial denominada “Revelación” que investiga la corrupción política vinculada con la anterior gestión provincial, “es un tema muy importante para mí, y el juez de la causa resolvió un planteo que se le había hecho respecto de la posibilidad de otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a los empresarios que están imputados en la causa”.
Indicó que “esa reparación es una suma de dinero que se traduce en una obra, no es el pago de dinero en efectivo. Lejos va a estar de reparar el daño que este flagelo de la corrupción política ha causado a la ciudadanía y al Estado Provincial”, y señaló que había decidido tomar intervención como querellante cuando visualizó que el camino estaba direccionado en ese sentido.
“No obstante haberme expresado en oposición a que esto pudiera ocurrir, en la última audiencia quedó claramente establecido un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y los defensores de estos imputados para que esta solución sea adoptada por el juez. Desde luego que no es una decisión uniforme, es decir, distintos querellantes que están en la causa se han manifestado con disidencias sobre esta solución, sobre todo teniendo en cuenta la envergadura de la reparación”, expresó.
Conde agregó que en su participación puntual se opuso a que se aplique este instrumento para sacar a los empresarios de Chubut.
Meza Evans: “la reparación de los empresarios es irrazonable”
Por su parte, el diputado del PJ-FpV, Blas Meza Evans señaló que junto a Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla quienes participan en ese proceso como querellantes y como integrantes del Bloque del Frente para la Victoria, tuvieron que evaluar y sopesar una cantidad de cuestiones.
“El diputado Conde habla de la corrupción política y que van a ser probablemente condenados una cantidad equis de funcionarios. No dice que es la corrupción político-empresarial, ya en el juicio que realiza siente que la corrupción es la corrupción de la política. Los empresarios -que no son precisamente unos nenes de pecho- están planteando que en esta provincia en los dos años y medio que han transcurrido, tenían que pagar para poder cobrar los certificados”, expuso el diputado valletano.
“Esta hipótesis defensista de los empresarios, probablemente nos lleve a que al finalizar el juicio, los mismos sean sobreseídos porque en el estado de necesidad si no ponían las coimas no cobraban los certificados y, posiblemente la mayoría o todos ellos van a pasar a revistar en la categoría de víctimas y no van a poner un solo peso para reparar el daño que realmente nosotros creemos que es irreparable”, afirmó Meza Evans.
“Pagaban para cobrar”
Expresó que “la postura de aceptar la finalización del conflicto con prácticamente una confesión de los empresarios que han acreditado y aceptado que pagaban para poder cobrar los certificados de obra, es una solución del conflicto que está prevista dentro del marco del derecho. A futuro, lógicamente, no tenemos la bola de cristal, probablemente la decepción de la comunidad en el caso de que todos los empresarios salgan absueltos de este proceso, va a ser mucho mayor que la que se está planteando en este momento”.
“El mecanismo de la suspensión del juicio a prueba, que es el derecho que tienen los que están imputados en un determinado delito, en este caso específico cumplen todos los requisitos, exigen una reparación. Nosotros no hemos coincidido en el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba porque entendimos que las reparaciones ofrecidas por los empresarios -por estos cuatro y probablemente por varios más porque están casi todos los empresarios de la construcción imputados en la causa-, nos resultaba insuficiente, irrazonable, que no se correspondía con la capacidad patrimonial de las empresas que estos empresarios integran”, manifestó Meza Evans.