La Unidad Anticorrupción presentó un pedido de ampliación de la investigación. Mercadería valuada en millones de pesos se pagó pero nunca fue entregada a los afectados. Hay evidencias de retornos cobrados por el grupo de exfuncionarios, gracias a la maniobra defraudatoria que se ideó.
Cinco empresarios de Trelew y Puerto Madryn serán imputados por las presuntas irregularidades en las contrataciones por la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. El monto de perjuicio a la provincia sería superior a los 10 millones. Según el parte de prensa de Fiscalía, “en la maniobra defraudatoria fue imprescindible la intervención de empresarios contratados por el Estado, en algunos hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron”, afirmaron los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams.
Ya están imputados los exsecretarios privados Diego Correa y Diego Lüters, el exjefe de Gabinete Alberto Gilardino, la ministro de Familia Leticia Huichaqueo y los funcionarios del área, Marcelo Suárez y Vanina Barale. Se los acusa de administración fraudulenta.
Ahora se sumarán un empresario de Madryn y cuatro de Trelew, como partícipes primarios. El Fondo de la Emergencia Climática trepó a $ 30 millones. Los fiscales sospechan que se defraudó al Estado en casi la mitad. La Oficina Judicial de Rawson deberá fijar la fecha de audiencia.
La dueña de una blanquería es investigada por las contrataciones por más de 2.900.000 pesos. Una factura la presentó con fecha anterior a que empiece a llover. Fue contratada para vender colchones, frazadas y toallas.
Su primera venta fue de 180 colchones. Se fechó el 30 de marzo, antes de que lloviera en Comodoro. Luego cobró por otros 230 colchones, 379 mantas y 261 toallas. A la semana, por otros 350 colchones. La lista sigue con 300 mantas, 20 luces Led, 50 pares de botas de goma, 40 capas de agua, 420 colchones, 80 toallas y 700 frazadas. Cobró pero nada llegó al Estado.
En otro orden, una firma agrícola comenzó a facturarle al Estado Provincial por 3 millones. Todas las facturas fueron correlativas, arrancando desde el cero. Fue contratada para comprar leña, módulos alimentarios, artículos de limpieza y hasta pañales.
“Aparece suministrado mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200%”, indican los fiscales.
Surge de las planillas Excel de Lüters que le entregó coima por 250 mil pesos. “Realizaba anotaciones de manera minuciosa lo que la empresa iba cobrando, y los retornos a manos de los funcionarios que se materializaba”.
Los fiscales investigan a un empresario de Madryn por provocar “un perjuicio Estado Provincial de $ 6.814.530 por la maniobra defraudatoria”. El retorno para los funcionarios fue superior a 1 millón. Es el titular de la mueblería portuaria contratado para vender 629 colchones y 597 frazadas. Una segunda tanda incluyó otros 580 colchones; 450 mantas polares de una plaza, 450 colchas polares de una plaza, 420 sábanas, 250 toallas y 600 colchones.
“No existe respaldo del proveedor que justifique el volumen de venta realizado al Ministerio de Familia. Dicho en otras palabras, compró 30 colchones de 0,80 x 1,90 x 17 cm, y le vendió a la provincia 1.800 colchones de esas características”.
También se investiga una firma de Trelew contratada por más de 2 millones por la compra de 1.100 colchones. Nunca se entregaron. “Fue una venta que en realidad no se realizó”, dicen los fiscales. Sólo 40 colchones tienen respaldo documental.
Una pericia informática sobre el teléfono de Lüters mostró cómo acordaban el retorno a cambio del pago al proveedor. “El responsable de la firma retornó a manos de los funcionarios la suma de $210.000”.
El quinto hecho es un pequeño kiosco que vendió 1.500 botellas de agua mineral. Se las compró a otro proveedor y las re-facturó a un 200%. Su dueña fue contratada por 57.750 pesos. “Existiría un sobreprecio que le originó a la proveedora un rédito del 200 % de ganancia; no poseía siquiera la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia, las cuales las compró a otro proveedor”.
El decreto del gobernador Mario Das Neves que creó el Fondo permitía contratar de forma directa para afrontar la Emergencia.
Según los fiscales, se “pergeñó un plan para defraudar al Estado provincial”. Suárez solicitaba las compras. La documentación pasaba por Correa y Gilardino, que autorizaban pagar. “Las compras se canalizaron a través de la Unidad Gobernador, que seleccionaba a los proveedores con quienes contratar, que presentaban remitos y facturas apócrifos; ingresaban a la Unidad Gobernador, porque la llevaban de manera personal o porque previamente se la entregaban a Lüters”.
Le enviaba la documentación a Suárez, quien ordenaba a su secretaria confeccionar los memorandos donde solicitaban el pago de la mercadería, como si hubiese sido su área los responsables de dichas compras.
“Para darle una vuelta más a la maniobra, y perfeccionarla, era necesario que el remito aparezca firmado por la encargada del depósito, Vanina Barele. Con pleno conocimiento que mucha mercadería no ingresaba al ámbito del cual ella era responsable, estampaba su firma en los remitos. Esta conducta fue llevada a cabo por la funcionaria por expresas indicaciones de Huichaqueo y Suárez”, estiman desde la Fiscalía.
“Suárez refrendó los memorandos y conformó las facturas a sabiendas que nunca el área a su cargo había realizado dichas compras”.
Firmó un remito de mercadería entregada en Comodoro el 5 de abril de 2017, pero según las evidencias él no llegó a esa ciudad hasta la noche posterior. “Todo lo hacía bajo el pleno conocimiento y las directivas de Huichaqueo”, dice la gacetilla.
“Hubo supuesta recepción de 112.000 kilos de leña, o los 10.000 fardos de pasto, que aparecen firmado por Barale, cuando en realidad dicha mercadería nunca pasó por sus manos toda vez que el propio proveedor nunca la adquirió”
Diario Jornada