El encuentro se pospuso a pedido de los integrantes ya que aún no fueron girados pedidos de informes realizados tanto al Poder Ejecutivo, como a seis comisiones permanentes de ambas cámaras para su análisis.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo suspendió la reunión este miércoles en la que iba a comenzar a analizar el decreto del Poder Ejecutivo sobre extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.
Así lo confirmó el presidente de esa comisión bicameral, el diputado nacional del FPV-PJ por Santa Fe Marcos Cleri, quien precisó que «de acuerdo a lo solicitado por los legisladores integrantes de la misma, se suspende la reunión de Comisión prevista para el miércoles 6 de febrero a las 10.30».
Las razones esgrimidas para suspender la reunión es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional al pedido de informes sobre «los alcances del DNU».
El documento además da cuenta que pidieron opiniones a seis comisiones permanentes de ambas cámaras «conforme lo contempla el artículo 10 de la Ley 26.122, cuyas respuestas están aún pendientes».
Según el presidente de la bicameral, esperaban informes a las comisiones de Justicia (Diputados), Legislación General (Diputados), Legislación Penal (Diputados), Justicia y Asuntos Penales (Senado), Legislación General (Senado) y de Seguridad Interior y Narcotráfico (Senado).
Este mediodía, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, había asegurado que el oficialismo iba a «defender la validez» de ese instrumento que busca «erradicar el crimen organizado».
«Vamos a dar el debate en torno al decreto y vamos a defender la validez de este instrumento que necesitan los jueces y fiscales para erradicar el crimen organizado», afirmó Tonelli, integrante de la comisión de Trámite Legislativo cuando aún estaba firme la reunión de mañana.
La comisión debe analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo, que ingresó formalmente el jueves al Congreso, con la firma del presidente Mauricio Macri.
En esa comisión -la única que funciona aún durante el receso del Congreso- el oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ y se suma la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.
Ese cuerpo debe pronunciarse antes de los 10 días hábiles respecto de la validez de la medida y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
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