Está en análisis qué cantidad de viviendas fueron entregadas de forma irregular, y el organismo provincial podrá recuperarlas y redistribuirlas entre familias que reúnan los requisitos para acceder a una vivienda social.
El expediente 133 del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Chubut apunta a revisar los legajos de las 81 viviendas del barrio Ciudadela, cuyos expedientes fueron observados en su totalidad por la fiscalía que interviene en la causa por corrupción en la Delegación local del organismo, cuya sentencia y resolución se conocerá el próximo viernes. De ese análisis surgirá un número no determinado aún de viviendas, que el organismo provincial podrá recuperar y redistribuir entre familias que reúnan los requisitos para acceder a una vivienda social.
La causa que tiene como principal imputado a Abel Reyna, que ya aceptó su responsabilidad penal como parte del juicio abreviado que podría ser homologado el próximo viernes por la jueza Daniela Arcuri, refleja que las 81 viviendas de barrio Ciudadela no fueron adjudicadas en condiciones regulares.
“Esto no significa que todas las familias que hoy tienen una vivienda no cumplan con los requisitos para acceder –explicó a ADNSUR una de las fuentes cercanas a la investigación-, pero lo que está claro es que al no cumplirse el procedimiento regular para la adjudicación hoy todos los expedientes están observados”.
En base a esto, las acciones del organismo provincial apuntan ahora a revisar cada una de las situaciones, para verificar aquellos casos en que sí reúnen las condiciones para acceder a la vivienda social, mientras que el resto serán restituidas al Instituto, a fin de re-adjudicarlas a quienes realmente las necesiten.
De por sí, al momento de las pericias realizadas sobre fines del año 2016, había un número no inferior a 20 unidades que estaban en condición irregular: desde casas cerradas, hasta ofrecidas en alquiler por inmobiliarias –algo totalmente prohibido para este tipo de planes sociales- o no habitadas por sus adjudicatarios originales, hasta ocupadas también por familias gitanas.
La tarea del Instituto en el expediente ahora abierto, como consecuencia de los delitos cometidos por quienes crearon un sistema irregular para la entrega de viviendas deberá verificar cuáles son las viviendas que están en condiciones de recuperarse, como también completar el proceso de adjudicación a favor de las familias que reúnen los requisitos.
“Hay personas solas, que no reúnen los requisitos y se adjudicaron viviendas como si tuvieran familias numerosas”, grafican desde la fiscalía, señalando también el caso de la ex funcionaria que entregó una casa a su ex pareja como parte del acuerdo de divorcio entre ellos.
ADN Sur
