En la investigación por la causa de Lotería que averigua las responsabilidades penales en torno de auto contrataciones o contrataciones directas por servicios en el que el Estado pagó unos dos millones de pesos, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase le dio más tiempos a los fiscales para llevar adelante las pesquisas, en una audiencia realizada hasta la media tarde de este lunes, que además sumo tres nuevos imputados.
Se trata del ex gerente general de ese organismo, Federico Verdeau, Diego Luters de la Unidad Gobernador durante la tercera gestión Mario Das Neves al frente de la provincia y a Emanuel Salinas, considerado un “prestanombres” o testaferro al momento de la presentación de las facturas para el cobro de las mismas. Los servicios los realizaban a o la empresa Sono Eventos o Cepat, de propiedad de quien está considerado el jefe de la asociación ilícita que se investiga. Se trata de Diego Correa que ya fue imputado por los casi 140 pagos presuntamente ilegales que se hicieron entre el año 2016 y abril del año pasado.
Con distintos grados de responsabilidad, ahora la imputación alcanza a siete integrantes de lo que consideran los fiscales es una banda organizada, con jerarquías y roles bien diferenciados y una estructura vertical a los fines de cometer los ilícitos. A los nuevos imputados Verdeau, Luters y Salinas, se suman también David Dahhur (ex gerente de relaciones institucionales del IAS y se cree el verdadero propietario de Sono Eventos) Diego Correa (jefe de la asociación ilícita y ex secretario privado de Das Neves), Martín Villegas (primo de Dahhur y considerado también un testaferro) y Oscar Alarcón (ex jefe de ceremonial de la Gobernación del Chubut).
En la audiencia de apertura de investigación en donde estaba incluido Verdeau, su abogado defensor Emilio Galende se opuso a que se le inicie el proceso en su contra, pero el juez Nieto Di Biase hizo suyo los argumentos de los fiscales generales Alejandro Franco y Héctor Iturrioz y rechazó la postura de la defensa.
Los defensores de Salinas y Luters, los abogados Miguel Moyano y Lisandro Benitez respectivamente, no se opusieron a que sus representados sean investigados con las medidas restrictivas impuestas por el juez Nieto Di Biase.
