Luego de analizar las evidencias a la luz de los tipos penales en juego, Fiscalía presentó la acusación pública en la investigación que tiene por imputado a Oscar Roberto Alarcón. El pedido de apertura de la etapa de juicio, será analizado por la defensa y discutido en la audiencia preliminar.
Los hechos fueron calificados como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación fue supervisada por Fernanda Révori, quién no podrá participar del eventual juicio ya que próximamente jurará como juez penal, luego de haber sido designada mediante concurso del Consejo de la Magistratura.
De qué se acusa a Alarcón
El escrito sostiene que en el período comprendido entre el 10 de Diciembre de 2015 y el 28 de Febrero de 2018, en el Municipio de Trevelin, en circunstancias en que el encartado Oscar Roberto Alarcón, empleado municipal, quien se hallaba adscripto a legislatura, a través del Decreto Provincial Nº11/2015, es nombrado para desempeñar un cargo de Director General de Protocolo y Ceremonial de la Provincia a partir del 10 de Diciembre de 2015, omitiendo informarlo en el mencionado Municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente (Arts. 67 segundo párrafo de la Constitución Provincial, Art. 14 y 20 de la Ley I Nº231 – Ética de la Función Pública).
La tesis de la acusación señala que este ardid le posibilitó la doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial de la municipalidad, desde la fecha de su nombramiento hasta el día 28 de Febrero de 2018, fecha en que lo informó y solicitó licencia política (Art. 36 de la Ordenanza 35/95 del HCD – Estatuto Municipal) para continuar el desempeño del cargo provincia. Para la fiscal, con esta omisión, incumplió además los deberes legales derivados del cargo.
El monto percibido indebidamente por Alarcón ascendería a la suma de 711.448,37), comprensivo de los conceptos de haberes ($ 703.149,17) y asignaciones familiares ($ 8.299,20), conforme liquidación efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuantificando la magnitud económica de los perjuicios.
Ahora la defensa deberá contestar la acusación pública y realizar su ofrecimiento de prueba. De acuerdo a los plazos procesales, la Oficina Judicial fijará fecha de audiencia.
