Lo expresó el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, ante la necesidad de establecer reglas claras para el decomiso de los bienes obtenidos mediante actos de corrupción contra la administración pública y la competencia provincial.
La necesidad de establecer reglas claras para el decomiso de los bienes obtenidos mediante actos de corrupción contra la administración pública y la competencia provincial, respecto a la investigación de otros delitos como el denominado “lavado de dinero”, quedaron plenamente plasmados en la resolución mediante la cual, el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena le otorga un estatus permanente a la Unidad Fiscal Especializada en la investigación del delito de corrupción contra el Estado que actualmente investiga causas que son de dominio público y que tiene a exfuncionarios y empresarios involucrados.
La resolución, con fecha 4 de abril y bajo el número 032, establece la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), a la cual se le asignarán la investigación de delitos contra la administración pública que la afecten a la administración y revistan una complejidad diferencial que requiere una atención particularizada.
Además, hechos complejos que requieran del análisis de volúmenes significativos de documentos y registros, muchas veces en poder de la propia administración que es quien debe suministrarlos, hechos que involucren la presunción de legitimidad y de legalidad con la que cuentan los actos administrativos, razón por la cual se debe desvirtuar dicha presunción para su dilucidación, hechos que impliquen un grado de afectación patrimonial significado e importante para el erario.
Y también casos que tengan imputados múltiples, de alta jerarquía y responsabilidad de gobierno, circunstancia de la que habitualmente se deriva mayor cantidad de planteos e incidencias procesales a lo largo de la investigación y del proceso, casos de delincuencia organizada o transnacional y en los que se verifiquen pautas fijadas por el artículo 357 del Código Procesal Penal del Chubut.
Además, en los considerandos que justifican su resolución, el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena expresa que “se hace necesario mantener en funcionamiento esta estructura dentro del Ministerio Público Fiscal que permita hacer frente a la sofisticación creciente de los actos de corrupción y la consecuente complejidad de su investigación, persecución y procesamiento”.
Y agrega: “ello permitirá continuar enfrentando fenómenos tan graves como el lavado de activos provenientes de delitos de competencia provincial que lo precedan y la corrupción de mejor manera, con una dedicación más preferente y consecuentemente con mejores resultados, entregando una fuerte señal a la sociedad de igualdad ante la ley por perseguir rigurosamente a cualquier persona, independientemente de su cargo o posición en la sociedad”.
Y deja en claro que “esta Unidad Fiscal Especializada pondrá énfasis en el recupero de los activos provenientes de la corrupción, ya sea por la vía del decomiso, la entrega voluntaria o mediante la aplicación de la legislación sobre extinción de dominio que pueda sancionarse.
Tras reivindicar el trabajo que vienen realizando los fiscales y los colaboradores en las diferentes especialidades en las causas que se investigan actualmente por supuestos pagos de retornos en la obra publicas y otros hechos de corrupción, la resolución establece que la unidad será conformada por un Fiscal Jefe, Fiscales Generales, abogados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, investigadores del Ministerio Público Fiscal, Contadores Públicos, Licenciados en Sistemas e Informática, demás profesionales y técnicos con incumbencias afines, integrantes de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios dependiente de la Procuración General que puedan ser afectados de manera temporal o definitiva y empleados administrativos de apoyo. Tendrá momentáneamente sede en Trelew pero su lugar definitivo será Rawson cuando se obtengan instalaciones adecuadas.
