Desde el año 2000, al menos 144 periodistas han sido asesinados allí según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). Solo Afganistán y Siria han registrado más muertes de reporteros.
Poco después de juramentar su cargo el 1º de diciembre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que pondría fin a los asesinatos.
Sin embargo, al menos cinco periodistas han muerto desde que asumió el cargo.
Bajo protección
Uno de ellos es Rafael Murúa, asesinado el 20 de enero a pesar de haber estado incluido en un programa gubernamental que ofrece protección a periodistas en riesgo.
Su cuerpo fue hallado a la vera de una carretera 24 horas después de que se reportó su desaparición.
Lo habían acuchillado y le habían dado un disparo en la cabeza.
A Murúa lo habían puesto en un programa de protección creado por el gobierno federal en 2012, después de que recibiera varias amenazas.
Pero sus familiares dicen que aunque deberían haber implementado medidas de seguridad adicionales en su casa, nunca se ejecutó de forma completa y Murúa desapareció.
El padre de Jorge Sánchez Ordoñez fue secuestrado y asesinado en 2015.
«Para el programa, que uno de sus beneficiarios haya sido asesinado es una muy mala noticia», señaló Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Derechos Humanos en México.
A raíz de su muerte, el gobierno federal ordenó una revisión general del esquema para mejorar su funcionamiento, dijo Aarón Mastache, director del programa.
Mastache también solicitó más financiación para mejorar la protección que brinda a sus 798 beneficiarios, de los cuales 298 son periodistas y familiares de periodistas.
Murúa fue el tercer periodista asesinado desde que se inició la presidencia de AMLO. No obstante, los riesgos que enfrentan quienes trabajan en medios no son nuevos.
«Mi padre siempre luchó por la justicia»
El periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo fue raptado cuando estaba en su casa en el estado de Veracruz -el más mortal para los periodistas en México- el 2 de enero de 2015.
La muerte de Javier Valdez sacudió a México.Al menos seis hombres armados entraron en su casa y se lo llevaron delante de su esposa y dos nietos.
Lo mantuvieron cautivo y lo torturaron por tres semanas antes de que se encontrara su cuerpo desmembrado cerca de Medellín de Bravo, una comunidad rural cerca de donde trabajaba y vivía.
Por décadas, Sánchez Cerezo publicó un diario llamado La Unión: La Voz de Medellín, que él mismo distribuía en un auto que alquilaba para trabajar como taxista.
También usaba las redes sociales para publicar sus informes sobre irregularidades en la fuerza policial municipal.
«Mi padre siempre luchó por la justicia. Él informaba sobre actividades criminales, y sobre lo que estaba mal en la municipalidad», le dijo a la BBC Jorge Sánchez Ordoñez.
Investigadores dicen que lo mataron por su cobertura.
Griselda Triana cree que el gobierno debería hacer más para resolver el crímen de su marido.
Tres hombres fueron condenados por su participación en su asesinato, dos de ellos eran funcionarios de la policía municipal en el momento de su muerte y el tercero era el guardaespaldas del alcalde de la ciudad.
El antiguo alcalde, Omar Cruz, se encuentra fugitivo. Se sospecha que él fue quien ordenó el asesinato.
«Vivimos con miedo sabiendo que él está suelto», dice su hijo, quien maneja la versión digital del diario de su padre.
Panorama sombrío
Sánchez Ordoñez no es el único que exige al gobierno hacer más para atrapar a quienes matan periodistas.
El marido de Griselda Triana era el galardonado periodista Javier Valdez, quien fue asesinado en 2017.
A Valdez lo sacaron de su auto por la fuerza y lo mataron a tiros a pocos metros de Ríodoce, el periódico semanal que había cofundado en 2003.
Su asesinato sacudió a la sociedad mexicana, y dio lugar a protestas en todo el país.
Jan Jarab ha urgido al gobierno ha brindar más protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos.Dos hombres vinculados al cartel de Sinaloa fueron arrestados y condenados por su asesinato, pero Triana, quien huyó de Sinaloa tras la muerte de su marido, dice que la gente que ordenó el asesinato aún está libre.
«Mientras no se castigue a los responsables, no estaré completamente satisfecha, porque eso es lo que todos lo que tenemos algún familiar asesinado exigimos: justicia», le dijo Triana a la BBC.
Un informe reciente de Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión, dice que AMLO se enfrenta con una enorme tarea.
Según la organización, el 99% de los ataques contra periodistas no han sido castigados, y actores del estado están involucrados «directa o indirectamente» en al menos la mitad de los casos documentados en 2017.
La directora de Artículo 19 para México y América Central, Ana Cristina Ruelas, cree que hasta el momento las acciones de AMLO han sido meramente «simbólicas».
«Aún no ha habido acciones que nos lleven a pensar que las cosas cambiarán», le dijo Ruelas a la BBC.
Jaraba señala que López Obrador ha mostrado «buena voluntad» en sus esfuerzos para proteger a los periodistas, pero que, a pesar de ello, reporteros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados con más frecuencia desde que asumió la presidencia.
El funcionario de la ONU dice que AMLO llegó al poder en medio de una «crisis de derechos humanos» caracterizada por «violencia dramática» y reconoce que «no será fácil resolver estos problemas difíciles».
Y advierte que, para los periodistas en México, «el panorama es aún muy, muy sombrío».
BBC