El Observatorio de la Energía dirigido por el investigador Federico Bernal (OETEC) sostiene que una de las petroleras que ganaron la reciente licitación para explorar áreas off shore cerca de Malvinas, denominada Tullow, ha sido operadora de 7 licencias exploratorias otorgadas por el gobierno isleño, además de que tendría vinculación con Rockhooper, una de las petroleras que hoy busca explotar el petróleo de las islas, pese a que la legislación argentina impide esas acciones. El intendente de Río Grande impulsa un amparo para frenar la adjudicación.
Según el informe publicado por el Observatorio, Tullow Oil accedió a la adjudicación de 3 áreas en la cuenca Malvinas Oeste. “Es meter al zorro en el gallinero», dijo Bernal. «Conoce la geología de la cuenca Malvinas, que es similar a la de la cuenca sur, que ya exploró en 2007, donde hizo sísmica 2D y luego esas áreas las terminó agarrando Rockhooper, que es la que está explorando la cuenca Malvinas norte y está buscando financiamiento para explotar. Con lo cual, tienen toda la información por parte de la Secretaría de Energía, con el agravante de una empresa que ya trabajó para los kelper, por lo que el gobierno argentino está cediendo parte del territorio nacional a una empresa británica que no respetó nuestra soberanía nacional, al operar para el gobierno colonialista isleño”.
La Secretaría de Energía de la Nación informó que Tullow Oil se alzó con la adjudicación de 3 áreas en la cuenca Malvinas. De éstas, en dos accede en sociedad con Plustpetrol y Wintershall, mientras que en la restante lo hace como operador único.
Un amparo para frenar la entrega
Para el OETEC, las implicancias de este hecho podría hacer caer toda la licitación vinculada a la cuenca Malvinas Oeste. Otras dos áreas en la misma cuenca Malvinas fueron adjudicas a la noruega Equinor. ¿Cuál es el cuestionamiento a esta última? Su actual directora, Anne Drinkwater, fue también directora de Tullow entre entre 2012 y 2018. “En paralelo, asesoró al gobierno colonial isleño en hidrocarburos, elaborando para sus autoridades una hoja de ruta para el sector hasta el 2018”, dijo otro de los investigadores del OETEC, Agustín Gerez. Y agrega otro dato fundamental para entender el problema: “Entre las dos cuencas existe continuidad geológica, con lo cual los resultados de la exploración bajo el paraguas del Concurso N°1 serán determinantes para la campaña prospectiva al sur y este de las Malvinas, por cierto, en manos de Rockhopper».
Recientemente, el intendente del municipio de Río Grande, Gustavo Melella, anunció que presentará un recurso de amparo en contra de la adjudicación de las áreas, que deberían adjudicarse el 16 de mayo. Según dijo el jefe comunal en declaraciones publicadas por el portal Infofueguina.com, se apunta a “frenar la entrega de nuestros recursos naturales y soberanía”, al tiempo que señaló que “adjudicarle siete áreas a una empresa ligada al gobierno ilegítimo británico de Malvinas va en contra de todas las luchas que nuestros veteranos y todos los habitantes hemos llevado adelante durante muchos años”.
Vale recordar que la legislación argentina impone severas penas a la exploración y explotación petrolífera en el territorio nacional y en el Mar Argentino sin autorización de las autoridades nacionales. La Ley 26.195, promulgada en 2013, impone penas de prisión de cinco a diez años y multas severas a quien encargue o realice, “por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos mediante la exploración en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos”. En 2015, una jueza de Río Grande ordenó el embargo por 156 millones de dólares en contra de compañías que realizan operaciones en Malvinas. Entre éstas, se encontraba el consorcio formado por Rockhooper y Premier Oil.
“Como viene denunciando OETEC desde su mismísima creación en 2013, Rockhopper Exploration (RE) es la única petrolera activa que no sólo avanza a paso firme en materia exploratoria en la Cuenca Norte (norte de las Malvinas) –afirma el informe del Observatorio-, sino que, de conseguir financiamiento, comenzaría la campaña de explotación comercial dentro de los próximos 12 meses”.
ADN Sur