En audiencia preliminar, la acusación y la defensa discutieron para definir si el joven Roberto Sartaja tenía capacidad o no para decidir sobre sus bienes. Aún no se sabe si habrá juicio oral. Los acusados son el abogado Daniel González; el escribano Agustín Ojeda Ton; Diego Armocida, vecino de Sartaja; y Aristóbulo Villegas.
El lunes se decidirá si el caso de la presunta estafa multimillonaria a un joven de Gaiman se eleva a juicio oral y público. La víctima es Roberto Sartaja, heredero de Ana Fontana, docente jubilada asesinada en 2009. Los acusados son Daniel González y Agustín Ojeda Ton, abogado y escribano de Rawson respectivamente; Diego Armocida, vecino de Sartaja, y Aristóbulo Villegas.
El punto central es determinar si Sartaja era incapaz para administrar los bienes que habían quedado a su nombre. La acusación dijo contar con un informe de la Asesoría de Familia según el cual el joven no está en condiciones de manejar su propio dinero, y que eso facilitó el engaño. Adelantó que el 15 de junio habrá un fallo de una jueza confirmando este perfil.
Las defensas rechazaron esta nueva prueba y sostuvieron que para la época de los hechos no había ningún dictamen judicial al respecto. Y que Sartaja ya había negociado con otros abogados y escribanos sin que ninguno de estos profesionales notara algún problema en el cliente.
Todos estuvieron ayer en los tribunales de Trelew para una audiencia preliminar. Las defensas presentaron pruebas y testigos pero el fiscal Fabián Moyano y el querellante, Jorge Ferrera, no fueron notificados y por eso no podían refutar. Molesto, el juez José García decidió reiniciar la audiencia la otra semana a las 10. “Pediré informes a la Oficina Judicial porque fue un error administrativo que puede tener consecuencias peores. Estamos acá hace 4 horas y resulta que los acusadores no conocen la prueba”.
Moyano leyó el dictamen de una psicóloga, un forense y una experta en Trabajo Social que revisaron a Sartaja. “No puede vivir solo, no puede casarse ni realizar transacciones comerciales, no puede dirigir ni administrar sus bienes aunque conoce el valor del dinero y puede comprar y vender para satisfacer sus necesidades básicas”, dice el informe. “No puede celebrar contratos, participar en sociedades ni decidir respecto de sus bienes pero sí en su vida personal; puede cobrar pero no administrar salarios y puede trasladarse solo por la vía pública solo”. La presunta víctima padece una patología que afecta su desarrollo cognitivo y una personalidad “inmadura y dependiente”.
Romina Rowlands y Angélica Gómez Lozano, defensoras públicas de Armocida, pidieron su sobreseimiento. Le imputan “captación de un incapaz”, pero ese carácter no está probado. Antes de los episodios, otros profesionales “intervinieron en la vida judicial de Sartaja y nunca detectaron si tenía una incapacidad. Todos comerciaron con él y nunca dudaron ni se dieron cuenta de que era incapaz”. Hubo abogados, escribanos y vecinos que trataron con el joven y compraron sus bienes. “Pero sin embargo sólo están nombrados y no imputados”.
Contrapusieron el informe de una junta médica de 2018 con intervención de todas las partes, psicólogos y psiquiatras. Sartaja “tiene capacidad intacta para realizar abstracciones y comprender el manejo del dinero más allá de operaciones simples, maneja herramientas informáticas administrativas y adquirió habilidades, y gestiona y administra alquileres con asistencia de un individuo de confianza”. Su desarrollo cognitivo no lo limita para tomar decisiones. “Sus dificultades no necesariamente implican incapacidad para decidir”. Consideraron que hay “un abismo” entre este informe y el de la acusación.
Tras un repaso por la compleja trama de escrituras y documentos de la causa, sugirieron que Armocida y Sartaja fueron socios y recién en 2014, cuando se separan, surge la denuncia. “La intención de Sartaja fue evadir el cobro de honorarios de los abogados que lo representaban en las sucesiones, por eso trató de enajenar los bienes y vaciar su propio patrimonio, con el único objeto de evadir las deudas que tuviera: debía luz, impuestos, absolutamente todo. Armocida era sólo un prestanombre”, aseguraron.
Fabián Gabalachis, defensor de Ton, se quejó de que la acusación “no describe cuál fue su rol”. Deslizó que los informes no coinciden sobre Sartaja “pero pretenden que un escribano sí advierta su incapacidad, cuando ni los especialistas se ponen de acuerdo”.
González fue su propio defensor. “No conocía ni a Sartaja ni a Armocida y nunca los induje para que vayan a un determinado escribano”, aseguró. “Vinieron a asesorarse pero nunca tuve acuerdo comercial con el joven, sí con su apoderado. Me contrataron para tres sucesiones y eso hice. Tenían una SRL y querían lotear una chacra”.
Ignacio Brito, abogado de Villegas, pidió el sobreseimiento o al menos, la “urgente” corrección de la acusación. “Sartaja es plenamente capaz y no hay ninguna evidencia en contra”. Advirtió que si no podía manejar sus bienes, debió sentenciarlo un juez. “Fiscalía necesita la incapacidad para sostener su acusación”.
Según la hipótesis, los imputados habrían estafado al joven por $ 58 millones. La Cámara Penal de Trelew rechazó la posibilidad de puedan realizar una reparación a Sartaja. Invitado a declarar, sólo pidió: “Que me devuelvan todo”.
De acuerdo a la acusación, debió enfrentar solo y desvalido el control de bienes, alquileres, deudas y manejo de fondos bancarios. No tenía noción de su herencia: doce propiedades inmuebles en Gaiman, Trelew y Playa Unión, además de dos vehículos.
En 2011, Sartaja conoció a Armocida, quien ganó la confianza del joven y se interesó por los bienes sucesorios, las escrituras y los contratos de alquiler que celosamente guardaba la madre en la chacra.
Lo habría presionado para cambiar de abogado. Sartaja le otorgó un poder en la Escribanía de Ojeda Ton a favor del abogado González. Armocida, a su vez, se hizo de todas las escrituras, documentos y contratos de alquileres.
El joven firmó varios documentos inducido por Armocida sin conocimiento de las consecuencias legales. Según la acusación de la Fiscalía, los tres acusados se repartieron tareas, abusándose de la inexperiencia y la incapacidad de la víctima.
En 2012, Armocida y González lo habrían llevado a la Escribanía de Ojeda Ton.
Con la firma simultánea de varias escrituras en un mismo día, la víctima vendió e hipotecó casi todas sus propiedades sin recibir un centavo.
