Los extrabajadores de Alpesca se reunieron con el secretario de Pesca y el fiscal de Estado adjunto, Adrián Awstin y Christian Martínez, que explicaron el estado del proceso de expropiación, y las gestiones para lograr que Red Chamber reactive todos los barcos para garantizar el ingreso de todo el personal a la planta pesquera.
Martínez admitió que aún no se sabe quién es el dueño de Alpesca. Hay dos presentaciones realizadas por los apoderados de Otero y Alewa que se adjudican la titularidad de la firma, más allá de lo resuelto en la instancia penal que detectó la venta fraudulenta de los activos.
“En la expropiación de Alpesca resta definir una presentación de uno de los que dice ser propietario, atada a la resolución de las causas penales del año pasado”, dijo el fiscal. “Una vez que se resuelva si esa persona estaba legitimada, pasaríamos a la instancia de encontrar al real propietario o, en su caso, publicar edictos para que el juicio avance hacia la determinación de la cuantía de la expropiación”.
El letrado que lleva la causa en Fiscalía explicó que “hay dos abogados presentados en la causa. Uno es Alewa por AP Holding que lo representa Cañada Pérez, en tanto que el otro es el doctor Chachero con un poder que le habría otorgado Fermín Otero en representación de Alpesca”. Sobre este último la justicia penal declaró nula la transferencia de la firma pesquera.
Martínez confía en que “se terminaría con una sentencia declarando que no se encuentran legitimado” aunque reconoció que legalmente no se sabe quién es el titular de Alpesca. Aclaró que “se incorporarán las constancias penales para que la jueza se expida en cuanto a la legitimación”.
El miércoles la jueza María Laura Eroles libró un oficio parar contar con los expedientes penales que permitan resolver las presentaciones de las partes. Fiscalía de Estado remarcó que los oficios “son un avance sobre el proceso de expropiación; la causa estuvo suspendida las causas penales. La jueza reanudó el proceso y llamó a autos para resolver” aunque explicaron que “necesitaba de dichas causas para expedirse. Ese requerimiento lleva un tiempo cuesta entender en los plazos de la gente porque en términos legales son plazos normales”.
Para la resolución de la causa es “imposible aventurar un tiempo”, dijo Martínez. “Desde que se libra un oficio hay por ley 20 días hábiles un organismo para contestar un oficio”.
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