La Legislatura de Chubut sancionó una ley que crea, en el ámbito del Ministerio de Familia y Promoción Social, un fondo especial denominado “Programa de Seguridad Alimentaria”. Está destinado a la compra de alimentos para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo.
El proyecto de la diputada del PJ-FpV, Estela Hernández tendrá una partida asignada para su aplicación del uno por ciento del presupuesto total del ejercicio.
El Fondo del Programa de Seguridad Alimentaria será ejecutado por un Consejo Consultivo integrado por seis representantes, uno por el Ministerio de Familia y Promoción Social, otro por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación; dos por el Poder Legislativo (presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Género y Comisión Permanente de Legislación Social y Trabajo), y un representante por el Defensor del Pueblo.
El Consejo tendrá funciones de aprobación, seguimiento de la ejecución y monitoreo de la gestión y los Ministerios de Salud y de Educación deberán realizar los seguimientos de control alimentario en las escuelas, asimismo el seguimiento de los niños en relación al peso, edad y talla para identificar aquellos casos vulnerables, notificar al consejo consultivo y dar una respuesta inmediata.
Los recursos del Fondo del Programa de Seguridad Alimentaria se distribuirán entre los municipios de la siguiente manera: 40% en función del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza y el 60% lo supervisará el Consejo Consultivo y lo destinará previa evaluación de los casos en forma directa a los casos vulnerables que hayan sido detectados, con su seguimiento correspondiente.
A la vez, se creará un registro de aquellas instituciones, organizaciones y particulares que cuenten con comedores o merenderos que queden bajo la órbita del presente fondo especial.
En caso de verificarse incumplimientos o la falta de utilización inmediata de los referidos fondos por parte de los municipios, el Consejo Consultivo queda facultado para suspender el envío de fondos y destinarlos en forma directa e inmediata a la adquisición de alimentos, realizando su distribución con la celeridad que la emergencia requiere.
Fundamentos
“Es de extrema gravedad la realidad por la que está atravesando la provincia y los municipios, es hora de que se empiece a dar respuesta inmediata por parte del Estado a situaciones de pobreza y vulnerabilidad que está afectando la salud y el bienestar de toda población”, argumentó Hernández.
Recordó que son leyes la Emergencia Comercial (Ley VII-84), de Servicios Públicos (Ley I-515) y Económica (Ley VII-70), “todas ellas muestran en hechos la crisis enorme que estamos transitando”, afirmó
“Los sueldos son insuficientes, las tarifas desmedidas y la inflación constante, son algunas de las variables que vemos a diario. Estas situaciones hacen que distintas organizaciones sociales, estén abocadas a cubrir necesidades básicas alimentarias, de la población. Las escuelas se encuentran sin presupuestos y están dando respuesta insuficiente a la alimentación de los alumnos que allí concurren”, precisó para señalar: “esta situación ya la vivimos en la época de los 90, que se abrían numerosos comedores municipales vulnerando la dignidad y la integración de la familia”.
“Un niño cuando sufre una alimentación insuficiente, ve afectada su supervivencia, el buen funcionamiento de su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e intelectuales. Sin una buena nutrición, un niño no podría aprender ni en las mejores escuelas.”, manifestó Hernández.
“Los estragos de la alimentación insuficiente que se padece en la infancia son los más lamentados por una sociedad, ya que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro del niño o la niña, en el que se producirán alteraciones metabólicas y estructurales irreversibles. Solo en los dos primeros años de vida se puede actuar sobre esta problemática con grandes probabilidades de éxito. Luego de este período, la recuperación del niño o niña se torna más difícil, casi imposible. Este daño no sólo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya que la principal riqueza de un país reside en su capital humano, y si éste se encuentra dañado, se diluye la posibilidad de crecer en un futuro cercano”, manifestó.