La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las prórrogas de prisión preventiva para los represores Roberto Carlos Brunello y Gonzalo «Chispa» Sánchez, reafirmando el estándar del fallo «Acosta» para casos de lesa humanidad.
El tribunal integrado por los jueces Slokar, Ledesma y Yacobucci avaló las decisiones de los tribunales orales que consideraron persistente el riesgo de fuga de los acusados. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el fallo marca un contraste con el reciente y polémico criterio «Castillo» de la Corte Suprema.
Los casos y la gravedad de los delitos
Roberto Carlos Brunello, quien permaneció prófugo durante ocho años, enfrenta cargos por secuestros, torturas y abusos sexuales cometidos en el Batallón de Comunicaciones 181, dentro de la megacausa «Vto. Cuerpo del Ejército» que supera las 150 audiencias y afecta a más de 300 víctimas. Por su parte, Gonzalo «Chispa» Sánchez eludió la justicia durante catorce años hasta ser capturado en Brasil y extraditado, siendo juzgado como integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 por 203 casos de privación ilegal de la libertad agravada.
Los fundamentos del fallo y el deber del Estado
En el voto principal, la jueza Ángela Ledesma sostuvo que las prórrogas se ajustan a la doctrina del fallo «Acosta» y subrayó la extrema gravedad y complejidad de los hechos investigados. Destacó que la conducta previa de ambos imputados -con prolongadas etapas como prófugos- evidencia un claro riesgo de fuga. El juez Alejandro Slokar añadió que en procesos por crímenes de lesa humanidad, el Estado tiene un «deber reforzado» de garantizar la sujeción de los imputados para evitar riesgos de impunidad.
El contexto jurídico y las implicancias
El fallo advierte que retroceder en la doctrina consolidada podría comprometer internacionalmente al Estado argentino y rechaza cualquier intento de reinstalar criterios ya desestimados en precedentes como «Muiña» sobre el beneficio del 2×1. La decisión reafirma que la continuidad del proceso y las medidas para garantizar la comparecencia de los imputados son imprescindibles para sostener la política de Estado en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Esta ratificación judicial consolida la línea jurisprudencial que prioriza el juzgamiento efectivo de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, asegurando que los procesos puedan llegar a su fin sin que la fuga de los imputados obstaculice el acceso a la justicia por parte de las víctimas.