Mientras enfrenta el juicio por haber acusado falsamente a Alfonso Prat Gay de ayudar a varias personas a evadir impuestos, Ricardo Echegaray suma más problemas. La justicia analiza las operaciones de persecución que con frecuencia se desarrollaron desde la agencia recaudadora contra opositores al entonces gobierno kirchnerista. En este marco el juez Daniel Rafecas llamará en breve a declaración indagatoria al ex funcionario por «inventar» una causa contra Elisa Carrió.
El juez Daniel Rafecas procesó meses atrás a Germán Bravo, jefe interino de Dirección Regional Centro de la AFIP, como responsable de encabezar un operativo en una causa que se inició contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. El paso siguiente fue ampliar los procesamientos al superior de Bravo, Roberto Mazal (jefe de jurídicos Regional Centro) y a su vez, al superior de este último, es decir al Director de la Regional Centro Fidel Chiapperi. Finalmente, el superior de Chiapperi, que es el Subdirector de Operaciones Impositivas, Fabián di Risio terminó indagado y procesado.
La causa no se detuvo y sumó la confirmación por parte de la Cámara Federal Porteña y antes de avanzar hacia una elevación a juicio oral, el juez Rafecas llamará a indagatoria a Ricardo Echegaray y al ex jefe de la DGI, Ángel Toninelli.
«La causa inició con las responsabilidades de las líneas de mando inferiores y avanzó hacia los rangos más elevados», explicaron fuentes judiciales a Clarín. Además, el juzgado sigue de cerca uno de los juicios que afronta Echegaray procesado por ser instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio de Prat-Gay, junto al los delitos de revelación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Prat Gay declaró en el juicio oral contra Ricardo Echegaray y dijo que sufrió «persecución política»
Según explicaron a Clarín, la maniobra investigada es la misma y que en este caso tiene como protagonista a Elisa Carrió. Hay entonces un «modus operandi», remarcaron.
Echegaray también enfrenta un juicio por fraude y evasión junto a Cristóbal López por los $ 8.000 millones que el empresario no pagó a la AFIP del Impuesto al Combustibles.
La acusación contra todos los imputados es por haber incurrido en los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público». En su resolución, Rafecas consignó que todo se hizo con el fin de «incentivar y motivar una campaña de desprestigio a quien por entonces, era legisladora Elisa Carrió».
En 2013 en pleno año electoral de medio término, Carrió fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito por el abogado Gustavo Ogni, después de que la Revista Veintitrés, de Sergio Szpolzki publicó que la legisladora estaba construyendo una chacra que no se correspondía con sus ingresos.
La empresa involucrada en las operaciones denunciadas era Urbaland.SA, que «había vendido algunos lotes de un emprendimiento que tenía en la localidad de Capilla del Señor a precio subfacturado, lo cual constituiría una hipótesis de evasión».
A partir de dicha noticia, se desencadenó en forma inmediata un operativo de la AFIP que apuntó a involucrar a Carrió en una supuesta investigación impositiva, al desplegarse un allanamiento en el barrio de chacras donde aquella había adquirido un lote, procedimiento del cual participaron altos funcionarios (como Mazal y Bravo) y unos treinta agentes del organismo.
El allanamiento fue pedido por la AFIP en un «juzgado que no era el competente, a raíz de una actuaciones armadas en las 48 horas previas, y por razones muy escasamente fundadas».
El juez dio por probado que Chiapperi fue quien le ordenó a Mazal y a Bravo «llevar adelante el trámite exprés en contra de Carrió, y que Mazal, en persona, viajó a la localidad de Campana junto con su subordinado Bravo, para gestionar personalmente la obtención del allanamiento y luego ambos participaron del mismo». Así, los tres altos funcionarios quedaron procesados. Para Rafecas todo el operativo de la AFIP «fue exagerado y desviado de su función, con el único fin de utilizar el poder de policía del organismo para una campaña de desprestigio de una opositora política en plena etapa pre-electoral de las elecciones de medio término a fines de 2013».
La causa por supuesto enriquecimiento ilícito finalmente se cerró porque se probó que no había ningún tipo de inconsistencia patrimonial de la diputada.
Clarín
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