Un brusco giro político se vive en Argentina, luego de la amplia derrota del Gobierno de Mauricio Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto. Entre los sacudones económicos y sociales que provoca la crisis, el reordenamiento de las piezas que se disputan el poder coloca nuevamente al peronismo con certeras chances de retomar las riendas de una nación al borde del nocaut.
El espacio oficialista Cambiemos, ahora llamado Juntos por el Cambio, llegó al poder en diciembre de 2015 con la promesa de acabar con ‘la corrupción kirchnerista’ y ‘recuperar las instituciones‘, pero en su período al frente de la Casa Rosada, tanto el presidente como sus funcionarios fueron objeto de una serie de graves denuncias en la Justicia, por presuntamente beneficiar a empresas de la familia del mandatario desde su rol al frente del Ejecutivo.
Esas causas podrían adquirir otro ritmo en los tribunales a partir de octubre, cuando se defina en los comicios generales quién ocupará la Casa Rosada. De hecho, el tenue viento de cambio que reflejó el resultado de las primarias hizo mover recientemente una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno.
1. Correo Argentino
La causa del Correo Argentino es sin dudas la más pesada para el mandatario argentino. La empresa estatal de servicios postales fue concesionada por la familia Macri entre 1997 y 2003, cuando el expresidente Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato, debido a que la firma solo había pagado el canon del primer año. Es decir, al año 2001, le debía a la administración pública más de 296 millones de pesos (en ese tiempo equivalente a dólares por la convertibilidad).
En 2016, ya con Macri en el poder, el Estado firmó un acuerdo «abusivo» en detrimento de las arcas públicas que implicó, según la investigación de la fiscal Gabriela Boquín, la quita de 98,87 % de la deuda. Sideco y Socma, las compañías de la familia del presidente, se ahorrarían más de 4.656 millones de pesos de intereses (unos 84.485.448 dólares). «Ahí me equivoqué», dijo el mandatario al ser consultado por la prensa luego de estallar el escándalo del acuerdo.
El pasado miércoles, la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la defensa de la familia presidencial para cerrar la causa por «falta de acción [en el expediente] por inexistencia de delito». Por el contrario, la Cámara avaló la investigación y ordenó al juez Ariel Lijo que determine si existió una quita abusiva en el acuerdo por la deuda.
La causa se tramita, por un lado, en el fuero Contencioso Administrativo, y por otro, en el fuero penal, en el que el presidente Macri está imputado, aunque aún no fue indagado. Sí compareció ante la Justicia el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad —también imputado— ahora a cargo de la cartera de Defensa.
En julio pasado, los abogados del Correo presentaron un nuevo plan de pago que deberá ser analizado por el Gobierno nacional, con plazo hasta el 3 de septiembre.
2. Peajes
Esta causa involucra nuevamente a una empresa del presidente, y a él, por su rol en el Estado. Es que la compañía Autopistas del Sol (Ausol), del grupo SOCMA, sociedad de la familia Macri, habría sido beneficiada en el proceso de renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte, una autovía de Buenos Aires. Lo que en Argentina se llama figurativamente ‘estar de los dos lados del mostrador‘.
De acuerdo a la denuncia, tres días antes de que Macri asumiera el poder «simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que solo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020».
Simulada o no, ante la amenaza, el gobierno dispuso abonarle a la empresa la suma de 499 millones de dólares a modo de reparación.
Además, apenas asumió Macri aumentó la tarifa de peajes de Ausol entre un 200 y 270 %, dependiendo del horario. Eso hizo que las acciones de la firma aumentaran su valor de 18 pesos a 89. Recién ahí, el grupo familiar del presidente vendió el 7 % de participación accionaria que tenía en la empresa, a un valor de 19,7 millones de dólares.
El fiscal Carlos Stornelli, que lleva adelante varias causas contra exfuncionarios kirchneristas, investiga las supuestas irregularidades bajo la figura de ‘fraude al Estado y negocios incompatibles con la función pública‘.
3. Parques Eólicos
La Justicia federal intenta determinar si el Gobierno de Macri favoreció a las empresas de la familia presidencial para que se quedaran con seis contratos de parques eólicos de la empresa española Isolux Corsan, sin licitación pública, para luego revenderlos por una suma cuatro veces mayor.
Según una investigación de diario Perfil, el grupo formó sociedades anónimas a través de un contador, presuntamente vinculado a las empresas del presidente, Mariano Payaslían, y obtuvo ganancias por casi 50 millones de dólares.
4. Avianca
En marzo de 2017, luego del escándalo por el Correo, el grupo Socma, de la familia Macri, vendió la empresa aeronáutica MacAir Jet por 10 millones de dólares a la colombiana Avianca Holdings, a la que luego le adjudicó rutas, en desmedro de la firma estatal Aerolíneas Argentinas.
En esta causa, en manos del fiscal Jorge Di Lello, Macri y otros funcionarios de su Gobierno fueron imputados por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
De un total de 135 denuncias que involucraron a Macri en la Justicia, 100 fueron desestimadas. Entre ellas aparece el escándalo internacional de los Panama Papers (Papeles de Panamá). La investigación develó la existencia de casi 50 sociedades ‘offshore’ vinculadas a la familia Macri, de las cuales se analizaron dos: Fleg Trading y Kagemusha. En ellas el presidente aparecía como su director, a pesar de no figurar en sus declaraciones juradas.
Pero pocas veces el presidente Macri abordó públicamente las causas abiertas. Una de esas ocasiones fue en marzo de 2017, en una entrevista con el periodista Luis Majul: «Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de [Gustavo] Arribas —ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) involucrado en la causa Odebrecht—, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno, en ninguno, ¿está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?», así lo reseña RT.
