La consultora Ecolatina señaló que el próximo gobierno deberá enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos. De continuar el aumento tarifario, la inflación se ubicaría en la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, remarcó.
De cara a 2020, y ante la necesidad de encarar una reducción del gasto público para sanear la macroeconomía, la consultora Ecolatina advirtió hoy en un informe que el Gobierno entrante contará con pocos grados de libertad para elegir su política fiscal ya que un balance de la misma, «choca con el proceso de desinflación».
“Con los mercados privados de crédito cerrados, una negociación con el Fondo Monetario Internacional pendiente y una baja demanda de pesos, difícilmente podrá recurrir al endeudamiento y la emisión para relajar su restricción de presupuesto. En consecuencia, deberá achicar nuevamente el déficit”, señaló la consultora.
En ese sentido, destacó que si bien creen que se utilizará el aumento de ingresos para achicar el rojo operativo, como por ejemplo mediante una suba de las retenciones o un incremento en el impuesto a los bienes personales (representa apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional), “no será suficiente”.
Afirmó que resultará también necesario atender la dinámica de algunos gastos para que su evolución no se convierta en un peso que el Estado no pueda afrontar.
«Considerando que las erogaciones en jubilaciones, asignaciones y pensiones son inflexibles -estas partidas se actualizan automáticamente por inflación siempre que no se realice un cambio en la fórmula de cálculo de movilidad- y que la obra pública ya se encuentra en niveles muy bajos -pasó de 2% del PBI en 2016 a la mitad en 2019-, los subsidios económicos, que actualmente representan en torno a 2% del PBI, surgen como una variable clave para el rumbo de las finanzas públicas”, señaló.
Y detalló que dos de cada tres pesos que salen por esta partida corresponden a subsidios energéticos, que pagan parte del costo de generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas.
“Por este motivo, la decisión que se tome sobre este gasto no será neutral en términos de precios. Además, una política que impulse la inflación evitaría que se incremente el gasto en jubilaciones y asignaciones, ya que una desaceleración de los precios impulsaría el peso de las prestaciones sociales. El problema entonces, es que la consolidación fiscal y el ataque a la inflación son objetivos contrapuestos”, insistió Ecolatina.
El dilema del próximo gobierno
Para la consultora, una de las características de la gestión de Cambiemos fue el esfuerzo por una paulatina eliminación del atraso tarifario. En su informe sostuvo que en los últimos cuatro años, tuvo lugar una importante recomposición del precio relativo de los servicios públicos, que crecieron por encima de la inflación y pasaron a representar una mayor porción de los gastos de las familias.
No obstante, indicó que a pesar de esta dinámica, al haberse dolarizado los contratos con las empresas proveedoras de tales servicios, “el salto en el tipo de cambio implica que el Estado siga aumentando las tarifas o continúe haciéndose cargo de una parte significativa del costo de la energía”.
Afirmó que tras el ajuste del primer semestre del año, el gobierno suspendió la actualización tarifaria en la segunda mitad de 2019 con el afán de pronunciar la desaceleración de la inflación en la previa electoral y que por este motivo, se incrementó la brecha cubierta por Hacienda.
A modo de ejemplo, tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones.
En ese sentido, destacó: “Siguiendo el cronograma de aumentos vigente -que pauta una suba por semestre-, el próximo gobierno tendrá que enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios -correspondientes a este semestre y al próximo-, o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos”.
Remarcó que bajo el primer escenario, se encarecerían las tarifas a pagar por los hogares y los costos de producción de algunos otros bienes y servicios, ya que algunos usuarios no residenciales también fueron alcanzados por el congelamiento (Esto ubicará la inflación a la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020, incluso en un contexto de estabilidad cambiaria).
Y añadió que en caso contrario, “sostener el congelamiento implica reiniciar una dinámica de atraso tarifario -financiado con emisión- lejos de las elecciones legislativas de 2021”.
Sin embargo, sostuvo que la decisión final también dependerá de factores ajenos a la voluntad del gobierno entrante. Por caso, la aparición de financiamiento externo -por ejemplo, a través de China- o un reencauzamiento de las relaciones con el FMI podrían permitir una política fiscal algo más laxa en lo inmediato, consideró.
En tanto, concluyó al afirmar que “la formalización de un acuerdo precios-salarios que involucre a los empresarios y a los sindicatos podría modificar la dinámica inflacionaria en general y tarifaria en particular durante los primeros meses de la gestión”, reseñó Ámbito.