El inicio de las sesiones extraordinarias abre una pulseada clave para el Gobierno: avanzar con el Presupuesto 2026 y, al mismo tiempo, intentar sumar apoyos para la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo
Aunque La Libertad Avanza (LLA) domina la Cámara de Diputados como primera minoría, todavía no logró cerrar los consensos necesarios para aprobar los cambios que impactan en salarios, indemnizaciones, licencias, vacaciones y derechos sindicales. Según Ámbito, las negociaciones avanzan a contrarreloj con foco en asegurar el dictamen presupuestario antes de Navidad.
El Gobierno avanza con el Presupuesto 2026
Con el recambio legislativo ya oficializado y LLA estrenando su bloque de 95 diputados, la primera tarea será rearmar la comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí se busca emitir dictamen entre el 15 y 16 de diciembre, para llegar con el proyecto al recinto y aprobarlo antes de las fiestas.
El oficialismo cuenta con el apoyo de los bloques aliados del PRO, UCR, MID y diversas bancadas provinciales. El objetivo es que el Presupuesto cruce hacia el Senado y pueda sancionarse —en el mejor escenario— antes del 24 de diciembre, o bien antes del cierre de sesiones extraordinarias el 30 de diciembre.
Una reforma laboral que no junta voluntades
Mientras el Presupuesto avanza, el panorama es distinto para la reforma laboral. El Gobierno prevé presentar el proyecto de “modernización laboral” el martes, en el marco del Consejo de Mayo, pero enfrenta resistencias de la CGT y dudas entre gobernadores que aseguran no haber visto aún la “letra chica”.
El proyecto incluye modificaciones profundas:
- cambios en el cálculo de indemnizaciones, licencias y vacaciones,
- creación de bancos de horas,
- posibilidad de salarios “dinámicos” pactados en pesos, moneda extranjera o incluso especies,
- limitaciones al derecho a huelga, declarando como esenciales actividades como medios de comunicación, vuelos comerciales, transporte y servicios bancarios,
- redefinición de la relación laboral en monotributistas, evitando que la facturación presuma vínculo de dependencia.
El ingreso del texto por el Senado dificulta todavía más el acuerdo, especialmente sin una instancia previa de diálogo con las provincias.
Gobernadores, CGT y un clima de tensión creciente
La falta de consensos generó que la cúpula de la CGT se reuniera con gobernadores de Provincias Unidas para delinear su posición. Del encuentro —según Ámbito— participaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y referentes sindicales como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y Octavio Argüello.
Los mandatarios provinciales manifestaron incertidumbre por los alcances reales de la iniciativa, mientras que los gremios advierten la posibilidad de medidas de fuerza si avanza sin modificaciones. El hermetismo sobre el contenido final del proyecto es uno de los puntos más cuestionados.
El rol de las provincias en el acuerdo político
Más allá del conflicto por la reforma laboral, el Presupuesto reúne apoyos variados. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo casi 20 reuniones con gobernadores de distintos signos políticos para asegurar el respaldo al proyecto fiscal.
Entre ellos, Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
“El país no puede seguir sin Presupuesto”, confió uno de los gobernadores consultados por Ámbito, en referencia a que Milei lleva dos años gobernando con la prórroga del Presupuesto 2023, lo que habilita una fuerte discrecionalidad en la reasignación de partidas.
Con el tiempo ajustado y un Congreso dividido, el Gobierno apuesta a la sanción del Presupuesto 2026 como señal de estabilidad fiscal, mientras la reforma laboral se transforma en el eje de mayor resistencia política y sindical. Lo que ocurra en estas sesiones extraordinarias marcará el ritmo legislativo del oficialismo para el próximo año.
