Choques en las calles y bloqueos de rutas tuvieron lugar este lunes, al inicio de la segunda semana de protestas contra la reelección del presidente.
Choques en las calles y bloqueos de rutas tuvieron lugar este lunes en Bolivia, al inicio de la segunda semana de protestas contra el cuestionado resultado electoral que dio al presidente Evo Morales a un cuarto mandato consecutivo.
«La responsabilidad total de las acciones de violencia es del gobierno» izquierdista, dijo el candidato opositor y expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005), en su página en Facebook.
En tanto, el vicepresidente Álvaro García Lineraendilgó a Mesa los hechos violentos: ocurren «por decisión de un solo hombre, angurriento (de poder), mentiroso y falaz».
«Él (Mesa) es el responsable, él es el culpable» de la violencia, por no aceptar su derrota en las urnas, insistió García Linera, reelegido junto a Morales.
Morales, en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de golpe de estado contra su victoria en las urnas para el periodo 2020-2025.
Sus opositores, en cambio, desconocen el resultado al estimar que su reelección fue fraudulenta tras un polémico conteo de votos y, además de llamar a protestar, se preguntan si Bolivia avanza hacia un régimen autoritario y aislado internacionalmente, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
En las ciudades de Santa Cruz (este), la más pujante del país, y en la minera Potosí (suroeste) se cumplía un paro total de actividades.
En La Paz había bloqueos de calles en distintos barrios. Solo en el centro, donde se asienta la mayoría de las oficinas públicas y privadas, había una relativa normalidad.
En el barrio de Achumani, en el sur de la ciudad, unos vecinos cortaron una avenida principal, pero los choferes de autobuses y minibuses públicos intentaron rehabilitar el tránsito y ambos grupos se enfrentaron a golpes y pedradas. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.
Los manifestantes utilizan palos, escombros, cuerdas y hasta muebles para hacer cumplir el paro convocado por la oposición.
Las manifestaciones en La Paz tienen por ahora lugar en los barrios de clase media y alta de la zona sur, aunque diariamente miles de personas, entre ellos muchos jóvenes, protestan en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y realizan mítines en la plaza San Francisco, en el centro de la ciudad.
Hasta el momento, las barriadas populares de las zonas altas de La Paz no se han involucrado en el conflicto, que ha encontrado su máxima expresión en Santa Cruz bajo la conducción del comité cívico regional liderado por la derecha radical.
Frente a la arremetida de la oposición, Morales denunció que «distintos sectores sociales se preparan para hacer golpe de estado» esta semana.
Morales, de 60 años, recibió el apoyo de un poderoso sindicato de campesinos oficialista, que anunció que desde este lunes va a bloquear las carreteras del país «en rechazo del golpe de Estado, en defensa de la democracia y en defensa del voto indígena».
Hasta ahora, los campesinos oficialistas han bloqueado solamente la ruta entre Santa Cruz y Yapacani, municipio rural de 26.000 habitantes.
Los campesinos recibieron el apoyo de un sindicato de colonos, que también efectuará cortes, «por el respeto al voto del pueblo campesino, indígena, intercultural», según el líder Henry Nina.
El bloqueo de caminos tiene el objetivo de cortar los suministros a las ciudades.
Estados Unidos expresó el domingo su preocupaciónpor las «irregularidades» en el escrutinio en Bolivia y llamó a celebrar un balotaje entre Morales y Mesa.
«Hacemos un llamado a Bolivia para restaurar la integridad electoral procediendo a una segunda vuelta en elecciones libres, justas, transparentes y creíbles entre los dos principales ganadores», tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
Para zanjar la crisis, Morales propuso una auditoría electoral por parte de la misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea, organismos que se avienen a la realización de un balotaje.
Mientras, una influyente plataforma que articula los comités cívicos regionales (Conade), que respalda a Mesa, pidió la anulación de las elecciones, además de la formación de un nuevo tribunal electoral, «esta vez imparcial», informó El Clarín.