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Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a votar el domingo en el balotaje presidencial entre el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso, aspirantes a suceder al impopular Lenín Moreno, que deja al país en medio de una profunda crisis económica y sanitaria, exacerbada por un nuevo rebrote de la pandemia.

En total, 13.099.150 de los 17,4 millones ecuatorianos están llamados este domingo a las urnas entre las 7 y 17 (9 y 19 hora argentina) en más de 4.200 centros electorales distribuidos por todo el país, en los que regirá un protocolo sanitario particular para evitar aglomeraciones en medio de un alza exponencial de casos de Covid-19.

Unos 37.957 soldados y 45.699 policías serán los encargados de velar por su cumplimiento y garantizar la seguridad en los recintos electorales y delegaciones provinciales, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador en su cuenta de Twitter.

Además, 293 observadores internacionales participarán para vigilar la transparencia del proceso.

Si bien el delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017) resultó vencedor de la primera vuelta con 32,72% de los votos -insuficientes sin embargo para evitar el balotaje-, las encuestas vaticinan un reñido escenario frente al banquero, que se alzó segundo con 19,74%, apenas 35 décimas porcentuales por encima del candidato indígena Yaku Pérez.

Cinco sondeos daban como vencedor a Arauz con una ventaja de entre dos décimas y siete puntos, mientras que otros cuatro reflejaban un triunfo de Lasso
Publicados antes de que rigiese la restricción electoral del 1 de abril, cinco sondeos daban como vencedor a Arauz con una ventaja de entre dos décimas y siete puntos, mientras que otros cuatro reflejaban un triunfo de Lasso con una diferencia de entre 1,8 y cuatro puntos.

En tanto, la indecisión oscilaba entre un 15 y 20% y los votos blancos o nulos entre un 11,5 y 25%.

Ante este panorama, los dos candidatos centraron las últimas semanas de la campaña en dejar de lado el discurso polarizador e incorporar propuestas más inclusivas para captar a los más de cuatro millones de ecuatorianos que votaron por otras opciones en la primera vuelta.

En particular, al más del tercio de votantes que se inclinaron por las candidaturas de Pérez y del líder de Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas (cuarto con 15,68% de los sufragios), que fueron las sorpresas del escrutinio y encarnaron nuevas alternativas frente a la grieta correísmo-anticorreísmo.

Aunque ID decidió oficialmente no apoyar ninguna candidatura para la segunda vuelta, Hervas anunció que votará a Lasso, a quien pidió revisar sus propuestas para encontrar puntos comunes.

Los dos candidatos centraron las últimas semanas de la campaña en dejar de lado el discurso polarizador e incorporar propuestas más inclusivas para captar a los más de cuatro millones de ecuatorianos que votaron por otras opciones
Peréz, por su parte, denunció un supuesto fraude orquestado entre la derecha y Correa para dejarlo fuera del balotaje, por lo que su movimiento instó a sus electores a votar nulo en la segunda vuelta.

Más allá de los resultados, estos comicios suponen el principio del fin del Gobierno de Moreno, quien terminará su mandato el 24 de mayo sumido en un ocaso político, en plena crisis económica y sanitaria, con un criticado manejo de la pandemia, socialmente deslegitimado -con sólo 8% de aprobación- y tildado de «traidor» por el correísmo que lo llevó al poder hace cuatro años.

Poco después de su asunción en 2017, el mandatario rompió con su predecesor, a quien acusó de corrupción y endeudamiento irresponsable, e inició un cambio radical en materia económica.

El domingo se celebran las elecciones
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Buscó nuevos acuerdos comerciales, alianzas con el sector privado y una apertura de la minería a nivel industrial, pero la economía nunca despegó y se ahondaron las tensiones sociales, por lo que terminó engrosando la deuda pública al acudir a organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uno de los momentos más críticos fue en octubre de 2019, cuando las protestas más multitudinarias en décadas, convocadas principalmente por el movimiento indígena, pusieron en jaque al Gobierno y lograron la suspensión de la eliminación de subsidios a los combustibles, una victoria que solo duró unos meses hasta que Moreno consiguió imponerla.

La maltrecha economía ecuatoriana se vio además golpeada por la pandemia de coronavirus, que impactó de lleno en el país y provocó una caída del 7,8% del PBI en 2020, según los datos oficiales.

En medio de uno de los peores brotes de la región, Moreno lanzó una ley de flexibilización laboral y un recorte masivo del gasto público, en consonancia con el último acuerdo firmado en agosto pasado con el organismo monetario.

Perú se prepara para las elecciones
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La Covid-19 puso, asimismo, al desnudo las deficiencias del sistema público de salud, afectado por las políticas de ajuste del Gobierno, y destapó también cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como tapabocas, pruebas de coronavirus o bolsas para transportar cadáveres.

Aunque atrás quedaron las escenas de colapso sanitario con cuerpos en las calles de abril de 2020, el país atraviesa actualmente un fuerte incremento de casos que llevó a Moreno a decretar la semana pasada el estado de excepción por 30 días en ocho provincias, donde vive cerca del 70% de la población.

Una decisión que fue criticada por Arauz, quien acusó al Gobierno de usar la pandemia para silenciarlo.

Los resultados preliminares de esta segunda vuelta podrán conocerse dos horas después del cierre electoral, cuando el CNE aspira a publicar «una proclamación preliminar, una tendencia», explicó su titular, Diana Atamaint, en una entrevista con la emisora Radio I99.

Ante la polémica que causó en la primera vuelta las diferencias entre el conteo rápido y el definitivo -publicado dos semanas después de la cita electoral-, Atamaint precisó que no se podrán dar los resultados finales hasta conocer el recuento de los lugares de difícil acceso y de las tres circunscripciones del exterior.

Cuando llegó el coronavirus en 2020 el país ya estaba en recesión, con una de las mayores tasas de inflación y una de las monedas más devaluadas del mundo, además de una crisis de deuda.

Argentina ya atravesaba una grave crisis económica cuando empezó la pandemia hace un año, por lo que fue uno de los países más golpeados del mundo en 2020.

Llevabados años de recesión y tenía una de las peores tasas de inflación y una de las monedas más devaluadas del mundo cuando llegó el coronavirus en marzo de 2020.

El temor a la covid-19 y la prolongada cuarentena que ordenó el gobierno para tratar de frenarlo, provocaron una contracción económica de casi el 10%.

La cifra es un punto menor a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que sufrió Argentina durante la crisis de 2001/2002, que hasta ahora había sido la peor en su historia, cuando más de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de pobreza.

Hoy más de cuatro de cada diez argentinos son pobres, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Con los precios subiendo un 40% interanual y el peso depreciándose casi un 30% en 2020 y aún más el año anterior, no es difícil entender por qué cada vez son menos los que logran llegar a fin de mes.

El presidente Alberto Fernández, quien asumió tres meses antes de que empezara la pandemia, debió reestructurar una enorme deuda heredada (equivalente al 90% del PIB del país), y no pudo acceder a los mercados de crédito, como han hecho tantas otras naciones para financiar la crisis sanitaria.

En vez, ha recurrido a la emisión monetaria -es decir, a imprimir dinero-, acelerando el efecto inflacionario.

El peronista Fernández y su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), también han aplicado una serie de medidas heterodoxas -algunas muy polémicas- para tratar de paliar la crisis.

Fuente: El Economista

Desde la Organización le pidieron explicaciones a las autoridades y señalaron que en Rada Tilly “están trabajando desde el año pasado y no tuvieron contagios”.

Este lunes, a través de las redes sociales, Padres Organizados señalaron que “Hoy muchos NNyA comienzan un nuevo y extraño ciclo 2021. Esperemos que funcionarios y autoridades se pongan muy pronto a la altura de la necesidad de los más chicos, y restauren sus derechos en forma plena. Todos los chicos, todos los días, en todo el país, todo el año”.

En este sentido, manifestaron que “En Comodoro los jardines privados maternales aún no abrieron, porque en un acto administrativo por completo arbitrario e ilegal, se les prohíbe proveer del servicio que requieren miles de mujeres y familias de la ciudad”.

“Como contracara, trabajadoras de maternales ven peligrar sus empleos, dueños se encuentran atravesando un revés económico irrecuperable, y las mujeres usuarias del servicio se ven impedidas de dejar a sus hijos a cargo de una institución para poder trabajar” resaltaron.

Asimismo, solicitaron “Le pedimos a la Ministro Perata que revea esta decisión, pero nos clavó el visto. Aún no nos concedió la segunda reunión prometida, en la que hablaríamos del Protocolo Jurisdiccional.

Finalmente, los Padres Organizados cuestionaron “Cuánto tiempo más se debe esperar para que las autoridades estudien sobre la incidencia de contagios en sala maternal? En Rada Tilly funcionan desde el año pasado y no se reportaron o publicaron casos”.

Hay peronistas furiosos con el gobierno, aunque lo disimulan, por la forma que el Presidente, Alberto Fernández, resolvió la crisis del vacunatorio VIP. Hay kirchneristas que, en ese caso, se hacen los distraídos para intentar que el costo lo pague entero Fernández, aunque ellos hayan hecho cosas parecidas o peores en el manejo arbitrario y faccioso de la vacunación.

La primera consecuencia concreta de este estado de ánimo es que el oficialismo ha tenido que suspender la movilización proyectada para apoyar el discurso de Alberto abriendo el año legislativo.

Porque el ala peronista sintió que iba a costar movilizar con la sospecha de la vacunación de privilegio y porque La Cámpora y otros movimientos sociales abiertamente habría expresado reticencias. El COVID positivo de la flamante ministra de Salud y el aislamiento de Santiago Cafiero, por contacto estrecho, fueron el argumento oficial para la suspensión de la marcha. Nadie lo creyó.

El malestar del peronismo es la forma que echaron a Ginés González García, sin darle siquiera posibilidad de defenderse como el ex ministro había casi rogado para que le concedieran ese derecho.

Ese sentimiento de desamparo, al menos en los códigos que se manejan en el justicialismo, se sintetiza en la crudeza de esta frase: «Defendieron hasta a Boudou y Lázaro Báez, que eran indefendibles, y a Ginés lo ejecutaron sin anestesia».

La idea de quienes empujaron una resolución fue segar de un golpe la crisis: el consejo dicen que fue de Gustavo Béliz y de Vilma Ibarra, acompañados por Cafiero. Otros hubieran preferido que Ginés pudiera dar su versión aunque su renuncia fuera inevitable. Entonces se mezcló la intención de controlar el escándalo con el interés de este grupo de asesores de encumbrar a Vizzotti, que ya se venía madurando desde hace tiempo. Fernández compró la idea rápido: no quería abrir una paritaria con Cristina Kirchner sobre el reemplazo de Ginés.

Una vez renunciado, recogieron el malestar del peronismo y comenzaron reivindicar al que acababan de estigmatizar: hicieron trascender inclusive que Fernández y Cafiero se habían comunicado con el ex ministro y embajador. Por lo que se sabe, Ginés hizo lo mismo que le hicieron a él: no les levantó el teléfono.

Quisieron mojar la pólvora de una investigación periodística con tanta torpeza que terminaron haciendo estallar su propio polvorín. Se ha dicho que el Presidente se enteró de la confesión del vacunatorio VIP por las declaraciones de uno de los vacunados. Otros involucrados, en cambio, comienzan a sospechan de que Fernández tenía indicios de que iba a ocurrir. Y que no hizo nada para evitarlo, agregan.

La oposición cree haber encontrado la salida para su propio laberinto y que esto tendrá consecuencias electorales serias para el gobierno. Es una conclusión demasiado prematura que la puede conducir a errores graves: dependerá de la eficacia del gobierno en el plan de vacunación, si consigue más insumos que busca desesperadamente, y en el control del dólar. Hasta octubre o noviembre, que será la elección, falta demasiado tiempo para que las esquirlas de este escándalo sigan conmocionando al gobierno como ahora.

La diputada provincial Adriana Casanovas se refirió al tema educativo, y la crisis de la Provincia del Chubut a través de una entrevista en El Diario Web. Explicó que “no tenemos certeza de cuándo van a firmar las actas, Nación baja fondos, y nos seguimos endeudando y no se está pensando cómo salir de esta crisis aumentando la recaudación”.

Afirmó que “sinceramente es preocupante el tema de la educación, lo que le estamos haciendo a nuestros hijos y nietos es terrible”.

Por otro lado, sobre otras situaciones dijo que “no podemos dejar pasar temas tan importantes, y si es necesario vamos a interpelar como bloque opositor. Hasta el día de hoy no hemos tenido la reunión que merecemos.

Finalmente, la diputada agregó que sobre las vacunas “se hizo un pedido de informes, esperamos tener pronta respuesta”.

Declaraciones

El Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió a la crisis educativa que atraviesa la Provincia. “Desde la Municipalidad haremos los esfuerzos que sean necesarios para destrabar esta situación pero la responsabilidad final no es nuestra. Cada día que pase será más difícil conectar a los niños con las clases y poner las aulas en condiciones óptimas”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “nos enfrentamos a una crisis que se caracterizó por la incertidumbre”.

“Solo los diálogos realistas nos permitirán arribar a una unidad democrática “, dijo.

Asimismo, aclaró que “redoblaremos nuestros esfuerzos para hacer de Comodoro Rivadavia una ciudad más habitable”.

“La crisis en la educación obviamente repercute en la realidad de la ciudad”, indicó.

En este marco, destacó que “la pandemia ha profundizado la crisis educativa, desde la Municipalidad haremos los esfuerzos que sean necesarios para destrabar esta situación pero la responsabilidad final no es nuestra”.

“Cada día que pase será más difícil conectar a los niños con las clases y poner las aulas en condiciones óptimas”, expresó.

Finalmente, Luque concluyó que “no ofrezco soluciones mágicas, ni prometo cosas que no voy a poder cumplir”.

El diputado Ignacio Torres del bloque de Juntos por el Cambio analizó que “la pandemia más grande que tenemos nosotros no tiene que ver con una cuestión sanitaria sino con “una crisis económica desde hace ya más de tres años, que prácticamente hipotecó el futuro de una generación de chubutenses”.

Asimismo, destacó que “hace tres años no hay clases de manera regular, si bien la pandemia es un agravante, no sería hoy uno de los principales problemas en la agenda de los chubutenses”.

“Nosotros teníamos la esperanza de que el ministro Nicolás Trotta llegue con algún tipo de solución concreta, lamentablemente la vista quedó en el reunionismo”, se lamentó Ignacio Torres.

A su vez, marcó que la respuesta del ministro fue de “apoyo moral y político al gobernador», cuando: «Si hay algo que no necesita Mariano Arcioni es apoyo moral y político, lo que se necesita son soluciones concretas a un problema que radica en un déficit de infraestructura escolar y el incumplimiento de pago a los docentes”.

Asimismo, para demostrar la problemática en materia educativa que tiene la provincia, ejemplificó: “Un chico que se recibió el año pasado, en toda la secundaria tuvo apenas 180 días de clases, que es lo que debería garantizarse en apenas un año de ciclo escolar”.

“Me pareció muy ingenua su intervención en una provincia que está incendiada, creo que el ministro se puede decir que fue a hacer más turismo que gestión, porque la verdad no hubo ningún tipo de respuesta, ni de anuncio, ni recibió a los gremios, a los padres organizados, que la verdad es un movimiento que ha tomado muchísima fuerza en la provincia, y tampoco a los alumnos que se recibieron y le habían pedido una audiencia por la asimetría académica en relación con otros distritos”, comentó.

Ignacio Torres señaló además que se produjo un escrache por la conflictividad social que hay en la provincia y por la provocación que significó la reunión del ministro, que sólo fue con el gobernador y no recibió a los demás actores que estaban pidiendo una audiencia. “Las clases el 1 de marzo en Chubut no van a empezar hasta tanto no haya una respuesta del gobierno”, sentenció el legislador.

Fuente: Real Politk

En el conglomerado que componen Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, esa es la cantidad hoteles que bajaron sus persianas definitivamente. Los mismos son para la urbe comodorense Atlántico, Del Mar, Encina y Windstar, y en la villa balnearia, la Posada Marina Bella, que debió reinventarse en otro rubro para poder mantener su fuente de ingresos.

Según los datos que arrojan los relevamientos que realiza anualmente la AEHGPC (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central), en enero del año 2020, cuando todavía la pandemia no llegaba a nuestro país, la ocupación hotelera alcanzó un 60%, mientras que, en enero del corriente año las cifras llegaron a un promedio general del 35%. Hay que tener en cuenta que históricamente la mayor demanda en nuestra ciudad se debe al turismo de reuniones, una actividad que aún no se ha reactivado plenamente.

Empujados por esta crisis, desde la Asociación Hotelero Gastronómica están solicitando a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que se prorrogue la Resolución N°2030/20 que contempla la eximición de algunos tributos para todos los establecimientos afectados por la actividad turística en concordancia con la decisión del gobierno provincial de extender mediante decreto la “Declaración de Emergencia Turística” hasta el 30 de junio.

A nivel nacional urge la continuidad de los ATP

Empresarios hoteleros y gastronómicos de todo el país, representados por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) piden la continuidad del ATP (Programa Gubernamental de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) como la única alternativa para sostener a sus trabajadores. Según estadísticas de la Federación, en octubre 2020 ya se habían perdido 45 mil puestos de trabajo.

Son 56 las filiales, que junto a la Asociación Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central, están solicitando a sus gobernadores que intermedien con el estado nacional para que se prorrogue por 180 días la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que prevé una cláusula para que se sostenga la asistencia ATP que venció el pasado 31 de diciembre.

Aseguran que el Programa REPRO II, como la única opción viable hasta el momento para empresas en situación crítica, es de muy difícil acceso y que solo cubre una parte ínfima de los gastos totales.

Según un informe de FEHGRA Argentina, el segmento hotelero registró en septiembre una caída de ocupación del 96% en relación con el año pasado, es decir, que prácticamente la totalidad de los establecimientos se encuentran vacíos desde marzo. Por su parte, el segmento gastronómico registró una caída de actividad del 65%.

“Apoyar este sector significa acompañar el sostenimiento de más de 600 mil puestos de trabajo en blanco a nivel nacional, significa seguir integrando y profesionalizando personas de todas las edades que han elegido la industria de la hospitalidad como una forma de vida” enfatizó Juan Manuel Fernández y agregó que “en los últimos 15 años el sector había aumentado un 77% los puestos de trabajo” según un estudio de la consultora Invecq (2019) en base al INDEC y al Ministerio de Trabajo.

“En el mundo, la industria turística se considera fundamental para una recuperación post pandemia, sobre todo por las divisas que genera el gasto per cápita del turismo extranjero. Por ello urge que nuestros representantes intercedan y gestionen acciones, y consensos antes de que la caída sea tan profunda que ya no pueda revertirse” culminó el presidente de la AEHGPC.

Guzmán dijo que pretende alcanzar en mayo un acuerdo con el FMI y reducir el déficit fiscal, pero sin el tipo de medidas de ajuste que usualmente demanda el Fondo. “Estamos usando las negociaciones como una oportunidad para romper los patrones del pasado”, explicó el ministro a los periodistas del Journal, que recuerda que la Argentina ya incurrió en 9 defaults de deuda soberana y que su PBI se contrajo 10% en 2020.

Al respecto, cita un tuit en el que la vicepresidente dice que en la Argentina la actividad económica responde a la demanda y que no hay otro modo de estimular la demanda que mediante salarios, jubilaciones y precios accesibles de los alimentos. El WSJ recuerda también la oportunidad en la que, en el Estadio de La Plata, Cristina Kirchner pidió a los ministros y legisladores sin coraje suficiente que “busquen otro laburo”. El artículo resume la encrucijada oficial notando que “un arreglo entre el Gobierno y el FMI requerirá la aprobación del Congreso, y como la señora Kirchner preside el Senado, su consentimiento es crucial”.

Guzmán, sin embargo, negó que Cristina fuera una amenaza al acuerdo. “La coalición trabaja en conjunto y tiene una visión compartida”, les dijo a sus entrevistadores.

El acuerdo de largo plazo que busca el ministro, dice la nota, le permitiría a la Argentina extender los servicios de deuda hasta una década, incluyendo los USD 5.000 millones que debe pagar este año, lo que le daría cierto aire financiero. Pero la Argentina tendrá que recortar el gasto o aumentar los ingresos, insiste el artículo, y menciona planes de Guzmán para reducir el déficit fiscal de 8,5% en 2020 a cerca de 6% en 2021 y bajar la tasa de inflación unos cinco puntos porcentuales por año.

Este viernes a través de una entrevista hecha en el programa radial Activemos Chubut el diputado nacional Ignacio Torres conversó sobre la recolección de firmas que llevan adelanta para el inicio de clases en la Provincia del Chubut.

Al respecto dijo que “esto lo vamos a adjuntar a un proyecto que le vamos a presentar a @trottanico para que intervenga en esta situación. La intención es juntar las partes y llegar a una solución y ver de qué forma se puede recuperar algo de todo lo que se perdió. Lo vamos a elevar al Gobernador”.

Explicó para todos los que deseen firmar que “la junta de firmas se realiza a través de la plataforma http://Change.org como «Que vuelvan las clases en Chubut”.

Asimismo, Torres recordó que se han reunidos con docentes, con los gremios y con los padres auto-convocados, viendo el efecto académico y emocional. “En la provincia, además la situación de la pandemia, hace varios años que se tienen problemas en dictado de clases”, dijo.

Finalmente, sobre su candidatura y las elecciones Torres señaló que “no sólo, no estamos discutiendo nombres, sino que no me parece que sea el momento, cuando estamos atravesando una crisis. Lo que sí te puedo garantizar, es que el que tenga vocación va a poder hacerlo sin ningún tipo de condicionamiento”.

Declaraciones