Tras el fallo, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams mostraron satisfacción y adelantaron que en la audiencia de cesura de pena del jueves pedirán prisión efectiva para los casos más comprometidos. Para Diego Correa van a solicitar una pena mayor a los 10 años.
Rodríguez aseguró que los jueces “explicaron acabadamente cómo funcionó este grupo”.
Reconoció que hubo bienes adquiridos por Correa que quedaron fuera de la imputación de enriquecimiento ilícito ya que los compró cuando no era funcionario público. “Tenemos que analizar cuáles son los bienes que quedaron dentro para decomisarlos; los otros veremos su situación jurídica”. Los bienes decomisados serán administrados por el Superior Tribunal de Justicia “Una vez que se ordene el decomiso, irán a un destino específico que decidirá el Poder Judicial”.
Por su parte, Williams destacó que no conoce antecedentes en la Argentina de condenas por lavado de activos provenientes del erario. “Estamos muy satisfechos porque el veredicto abarca a todas las hipótesis de investigación que trajimos al juicio, salvo cuestiones menores no centrales”.
Respecto del delito de lavado de dinero, advirtió que “desde el punto de vista institucional, el fallo es muy importante para el Poder Judicial. El dinero espurio del erario fue investigado por la misma Justicia provincial, con esta condena”.
Según el parte de prensa de Fiscalía, la investigación de El Embrujo se inició a fines de 2017 en medio de duras restricciones presupuestarias para el Poder Judicial no obstante reclamos y gestiones. El fiscal dijo que “el veredicto debe marcar un punto de inflexión. La falta de recursos fue una dificultad para la investigación. La temática de la corrupción ya está instalada y bienvenido que exista una oficina especializada”, dijo en relación a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
“Los recursos fueron muy escasos y a pesar de esas dificultades se logró una condena. Los recursos humanos están y los recursos materiales han sido nulos. Hay que mejorar lo material y ampliar el recurso humano. Si la expectativa de la gente va a depender sólo de dos personas, no vamos a tener los resultados que demandan”.
En cuanto a las penas que se debatirán el jueves a las 8, “a la luz de lo que pasó en el debate, la expectativa de pena que vamos a pedir va a ser superior a los mínimos que fijamos. Pediremos penas de efectivo cumplimiento porque no son todos los delitos iguales, tienen particularidades y además todos los delitos son defraudaciones al Estado”.
Jorge Miquelarena, procurador general, dijo que “estamos satisfechos pero no alegres porque no le causa eso a nadie que se condene a una persona a prisión. No me causa alegría sobre todo cuando se trata de gente que uno conoce”.
Dijo que el fallo del Tribunal “meritua muy bien cada cuestión. Hicieron un límite temporal desde diciembre de 2015”.
Subrayó que los jueces Alejandro Soñís, Marcela Pérez y Ricardo Rolón “tuvieron una tarea digna de elogios y sin escatimar esfuerzo, viniendo cada uno de su jurisdicción para el debate más importante de la historia judicial de la provincia en corrupción”.
El procurador adelantó que para debatir las pena “vamos a analizar los tipos penales por los cuales se atribuyó responsabilidad a cada uno; no es lo mismo un concurso real o ideal”. También se revisarán los agravantes. Por ejemplo, para el contador Federico Gatica, se eliminaron ambos.
Miquelarena también deslizó que “sin dudas hay que fortalecer” la Unidad Anticorrupción. “Nos manejamos como pudimos, con lo que pudimos y por eso resalto el terrible trabajo de horas hombre de fiscales y colaboradores. Pero debe ir acompañado necesariamente de tecnología, espacios y medios de movilidad adecuados”.
“Esta Unidad nació para quedarse. Pero lamentablemente si hacemos un chequeo de las causas que ya tienen apertura y las que están por tener, se da cuenta que tendrá que continuar, lamentablemente para todos”.
El procurador también consideró “inédita” la condena por lavado de dinero proveniente de la corrupción. “Conozco pocos fallos por lavado pero por dinero del narcotráfico o el tráfico de armas. Es el primer precedente del país de este tipo”.