Tag

Fiscales

Browsing

Se debió suspender la audiencia preliminar al inicio del juicio por fraude al Estado, donde se la acusa a la ex ministra de Educación y actual diputada Graciela Cigudosa, junto a otros funcionarios y empresarios locales, por direccionar recursos y fondos en obras de mantenimiento de escuelas.

Es que los abogados defensores recusaron a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por presuntas irregularidades durante la investigación y la toma de testimonios de los hoy acusados.

El fiscal Rodríguez detalló que en la audiencia preliminar que daba inicio este lunes, “hubo un planteo previo encabezado por el Dr. Miguel Moyano y después lo siguieron Andrés Meiszner y Gladys Olavarría donde me recusan a mí, a Williams y a Koltsch por supuestamente haber violado garantías constitucionales en el marco de la investigación penal preparatoria”.

Según los defensores, “allá por abril de 2019 supuestamente interrogamos a personas que nosotros ya sabíamos que eran imputados y como consecuencia de ello hemos violado todas las garantías y perdido la objetividad que requiere un fiscal para estar frente a este tipo de causas”.

“Por supuesto que nosotros negamos toda esa situación, creemos que es una maniobra dilatoria, nos quieren sacar a mí y a Williams del juicio, porque hay un caudal probatorio que es contundente y que de hacerse el juico, tienen grades chances de ser condenamos, entonces la estrategia que buscan después de dos años son estas maniobras, recusándome. Además es inverosímil porque, si realmente hubiese sido así y hubiera algún tipo de sospecha, me tendrían que haber denunciado hace dos años”.

Ahora estos planteos los debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena,.

Los imputados que eran funcionarios provinciales cuando se conoció la investigación son la actual diputada provincial y ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care y su secretario privado, Gustavo Hueichan.

En tanto los particulares son Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL, Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Este lunes, el juez debió suspender en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia en la que se debía dirimir si el caso estaba listo o no para ser elevado a juicio, luego los abogados que actúan en la causa defendiendo a otros imputados denunciaran que los acusadores “estrella” Williams y Rodríguez interrogaron ilegalmente a sus clientes, siendo que eso está prohibido por la Ley.

Fue así que solicitaron que se los aparte del proceso judicial y uno, concretamente, pidió que se declare nula “toda la causa” por la aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que es –ni más ni menos– que se haya recolectado una prueba incriminatoria –en contra del imputado– cometiendo alguna ilegalidad.

Si el juez abala este pedido, todos los acusados deberían ser automáticamente sobreseídos y quedar liberados de toda persecución judicial en este caso concreto.

Y si esto último sucediera se estaría ante un verdadero escándalo judicial, por el que se los debería responsabilizar a los fiscales Rodríguez y Williams, sobre quienes ahora el procurador General de la provincia y jefe de ellos, Jorge Miquelarena, deberá expedirse ante el pedido que hicieron los defensores de que se los aparte del proceso.

La pregunta que surge automáticamente ante esta cuestión es: ¿Miquelarena los apartará o los protegerá pese a otros planteos que, seguramente, le lloverían al juez con denuncias que podrían terminar dirimiéndose hasta en la Corte Suprema de Justicia.

Además de la actual diputada provincial y exministra de Educación Graciela Cigudosa, están procesados en la misma causa quien fuera subsecretario de Educación, Raúl Alberto Care, su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel, y unos monotributistas que aparentemente eran contratados por el Ministerio: Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra. Ellos también habrían participado de las supuestas maniobras fraudulentas contra el Estado chubutense.

Los hechos datan de los primeros meses de 2019 y se habrían registrado principalmente en la contratación de empresas para refacción y mantenimiento de escuelas.

Según los fiscales que llevaron a cabo la investigación, “existió un direccionamiento en la selección de los proveedores que llevaron a cabo las obras de mantenimiento desde el propio Ministerio de Educación”.

“El trabajo realizado por los contratistas tenía como común denominador, la limpieza de cocinas, caloramas. Cambio de cerraduras, de tubos fluorescentes y arreglos menores en baños, como pérdidas de agua; lo que significaba poco tiempo de mano de obra”, indicaron en su momento, cuando la causa recién empezaba a originar las primeras diligencias que esencialmente fueron allanamientos en las empresas involucradas y secuestro de documentación, celulares y computadoras de esos lugares.

De acuerdo a lo ventilado por los fiscales Rodríguez y Williams: “con posterioridad al pago anticipado a distintos proveedores, se armó un ficticio concurso de precios: los oferentes que fingían competir en la puja de precios para quedarse con las obras. Así se confeccionaron falsas cotizaciones entre personas vinculadas estrechamente entre sí (socios, parejas, parientes, empleados de las propias empresas y demás), quienes actuaron en forma coordinada o “cartelizada” para que sus ofertas tuvieran un precio similar ­excesivo e injustificado”.

La causa penal se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales y la calificación jurídica inicial fue “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.

El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, continuaron con el ingreso de la extensa prueba documental en el denominado caso “Revelación”. En razón de ello, se dio cuenta de la numerosa documentación que se encuentra agregada en la presente causa. Dentro de este registro están las planillas que fueron incautadas en la causa denominada “Embrujo” durante un allanamiento en el domicilio sito calle en Marconi 340 de la ciudad de Trelew, lugar donde se domiciliaba el imputado Diego Luters junto a sus progenitores. En aquella diligencia se incautó diversa evidencia que no solo sirvió para la causa “Embrujo” sino que dio origen a la causa “Revelación”, ambas causas de corrupción en el estado Provincial. Dentro de ese material se decomisaron planillas las cuales a simple vista contenían variada información relacionada con la obra pública, mencionando empresa, montos, fecha de pagos y cobro respectivamente.

Tras un análisis exhaustivo de los investigadores de la causa, se pudo arribar a la conclusión que estas planillas en realidad eran aquellas en las cuales se iban anotando porcentajes entre el 3 y el 5 por ciento, que significaban nada más ni nada menos, que “retornos” que los empresarios pagaban a determinados funcionarios públicos para poder acceder a sus acreencias. Dentro de dichas planillas se distinguen listados de empresarios que ya en el transcurso de la causa revelación fueron beneficiados con el instituto de la suspensión de juicio a prueba, pero no solamente figuraban ellos, sino que también, el empresario Martín Castillo, el cual era titular de la empresa Industrias BASS y que también se encontraba dentro del listado de las planillas confiscadas. Esto último resultó totalmente concluyente con respecto a la hipótesis que investigativa del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que la empresa Industrias BASS de Martin Castillo también formaba parte de ese listado. La asociación ilícita encabezada por Diego Correa tenía como finalidad principal el pago de retornos por parte de empresarios a los fines de acceder a sus acreencias derivadas de la obra pública. Estas planillas resultaron clave toda vez que estos porcentajes que figuran en las mismas entre el 3 y el 5 por ciento fueron coincidente con las declaraciones de los testigos Carlos Papaiani, Carlos Pagasartundúa, Carlos Laborda, Adrián Ledesma y Carlos Almeida. Todos estos testimonios refirieron que estos porcentajes entre el 3 y el 5 por ciento, salieron en un primer momento de una reunión con el ya ex ministro de coordinación de Gabinete Víctor Hugo Cisterna, tras su renuncia, da lugar a un segundo momento, en el cual asumiría ese rol Diego Correa, acompañado por su secretario, Diego Luters, convocan una nueva reunión en casa de gobierno y así dar continuidad a la maniobra ilícita. La evidencia es abrumadora toda vez que este pago de retornos era anotado en diversas planillas por el ya conocido Diego Luters.

Desde el Ministerio Público Fiscal se demostró la participación de cada uno de los ocho imputados en los distintos delitos conforme sus acciones.

El próximo jueves 25 y 26 de Marzo a las 14 horas, continuarán declarando los restantes imputados, para dar paso a los alegatos de ambas partes, previstos para los días 30 y 31 de marzo.

Fuente: Bahia Engaño

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales. La causa llegó a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

En total la causa tiene ocho imputados, entre los que se cuentan los exfuncionarios provinciales Víctor Hugo Cisterna, Diego Miguel Correa, Gonzalo Carpintero Paterson, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters.

TREINTA HECHOS

Durante la primera etapa de la jornada de apertura, los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez formularon la acusación contra los imputados, totalizando más de 30 hechos sobre los cuales se responsabiliza de manera individual o grupal a los distintos imputados, en grado de autores, coautores o partícipes, depende cada caso.

En su acusación, Nápoli habló del diseño de «un plan criminal», definido por la cohesión y el trabajo de una asociación ilícita entre el exgobernador Mario Das Neves y funcionarios de la administración provincial que asumieron en el año 2015, entre los que se encontraban los imputados Víctor Hugo Cisterna, Gonzalo Carpintero Paterson, Diego Correa y Alejandro Pagani, «rediseñándose la operatoria inicial tras la salida de Cisterna» del gobierno, con las incorporaciones al gabinete de los también acusados Juan Martín Bortagaray y Pablo Oca.

Según la fiscalía esa organización se extendió hasta el fallecimiento de Das Neves durante el año 2017 e involucró a otros funcionarios de menor rango, como el caso de Diego Lüters. En su exposición, tanto Nápoli como Núñez hicieron un pormenorizado detalle de la operatoria de la presunta asociación ilícita, como así también plantearon cada uno de los más de 30 hechos que se imputan en particular a los distintos imputados.

NADA DEJADO AL AZAR

«Todas y cada una de las acciones descriptas fueron individual y colectivamente antijurídicas», expresó Nápoli, y aseguró que «nada fue dejado al azar», dando cuenta de un documento conocido como «circular» en el cual quedaba expresado como se iba a proceder con la adjudicación de la obra pública, el pago de las deudas a las constructoras y los presuntos retornos o coimas para acreditar los pagos.

En ese contexto brindaron un pormenorizado detalle de la situación patrimonial de algunos de los involucrados en la causa, en los años previos y durante el tiempo en el cual se habrían cometido dichos ilícitos. Los fiscales también informaron sobre las calificaciones legales escogidas en cada acusación particular.

Las querellas constituidas en la causa -en este caso la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción- adhirieron en todos sus términos a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el día de hoy.

CALIFICACION LEGAL

Fiscalía adelantó que a lo largo del juicio intentará demostrar la participación de los imputados en distintos delitos. Al imputado Víctor Hugo Cisterna se lo acusa como organizador de asociación ilícita, en concurso real con exacciones ilegales en modalidad de delito continuado; en tanto que a Diego Miguel Correa se lo acusa como organizador de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado. En el caso de Gonzalo Carpintero se le imputa por cuatro cargos, definidos como organizador de asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito y dos hechos de omisión maliciosa de información.

En el caso de Pablo Oca, también se lo acusa de organizar la asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo bajo modalidad de delito continuado, la misma figura elegida para el caso de Alejandro Pagani.

A Juan Martín Bortagaray la acusación le llegó como miembro de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado, mientras que a Diego Lüters solo se lo ha acusado como miembro de asociación ilícita. Finalmente, el empresario Martín Castillo fue acusado como autor de cohecho activo.

SIN TRANSMISION

El tribunal del juicio resolvió, con acuerdo de las partes, que la etapa de declaraciones testimoniales del juicio no podrá ser transmitida en simultáneo a través de plataformas de internet, en función de lo estipulado por el artículo 323 del Código Procesal Penal de Chubut.

El mismo expresa «antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia».

Fuente: Radio Chubut

Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona realizarán un peritaje caligráfico para determinar si el médico Leopoldo Luque falsificó la firma del “Diez” para solicitar la historia clínica de éste, informaron hoy fuentes de la investigación.

Fuentes de la investigación informaron a Télam que en una de ellas había un pedido de Luque de la historia clínica de Maradona a la clínica Olivos y firmada presuntamente por su paciente.

En otra hoja similar se solicitaba lo mismo pero con la diferencia de que había varias firmas y en la restante había una firma escaneada que sería la original y alrededor tenía varias firmas.

Según las fuentes, los investigadores procurarán establecer si intentaron falsificarle la firma a Diego para realizar algún trámite, lo cual sería un delito porque la historia clínica de las personas sólo pueden ser entregadas al paciente o con una autorización.

De esta manera, una vez que tengan la firma original del astro futbolístico, la Asesoría Pericial pondrá una fecha para realizar la pericia y luego darán vista a cada una de las partes.

Fuente: Metadata

Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona analizarán mediante una Junta Médica interdisciplinaria si hubo mala praxis y si alguno de los profesionales que lo trataban tuvo alguna responsabilidad.

El equipo de fiscales creado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya comenzó a hacer los primeros sondeos para ver quiénes son los mejores candidatos para sumarse a esa Junta Médica, que de todas formas recién se conformaría a fin de año.

«Es un caso complejo y creemos que merece el análisis de los más prestigiosos peritos y profesionales de la medicina», dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

¿Cuál era cuadro de salud de Maradona? ¿Alguien le hacía los controles? ¿Era la casa alquilada en el country de San Andrés de Tigre el lugar adecuado para un paciente como Diego?, son algunas de las preguntas que formularán los fiscales, según las fuentes.

«Esperaremos que lleguen los resultados de todos los estudios toxicológicos e histopatológicos y organizaremos todos los documentos recopilados en la causa, para poder entregarle a cada perito el material que necesiten», señaló otro de los voceros judiciales consultados.

La autopsia, las historias clínicas y toda la documentación médica que se haya secuestrado o aportado sobre Maradona y los estudios complementarios a la autopsia, serán el eje del análisis de la junta, según tienen planeado los fiscales.

La idea de Broyad, Iribarren, Ferrari y Capra es que la Junta Médica esté integrada en primer término por el médico forense que encabezó la autopsia, Federico Corasaniti, jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, un legista de gran confianza para los fiscales y que, entre otros casos resonantes, hizo la autopsia de Natacha Jaitt, del femicida Jorge Neuss y su esposa asesinada Silvia Saravia, y que participó de la reconstrucción en la reinvestigación del caso María Marta García Belsunce que culminó con Nicolás Pachelo y dos exvigiladores, imputados y elevados a juicio oral.

Los otros peritos oficiales que participaron de la autopsia y también podrían integrar la junta son el director de Medicina Legal de la Policía Científica, Carlos Cassinelli; el jefe de la morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi; el jefe del Cuerpo Médico de San Martín, Alejandro Vega; y el jefe del Cuerpo Médico de La Plata, Javier Grubiza.

Cada una de las partes, es decir, por ahora las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov, y la querella de Diego Fernando Maradona, el hijo menor que el «10» tuvo con Verónica Ojeda, podrá proponer peritos particulares que también integrarán la junta.

La idea de los fiscales es que profesionales y catedráticos de renombre y de todas las ramas de la medicina –legistas, clínicos, psiquiatras, neurólogos y cardiólogos- sean convocados a integrar el equipo pericial.

Algunos de los fiscales comenzaron a hacer consultas con distintos cuerpos periciales y autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, según confiaron las fuentes.

La Junta Médica es una herramienta que en otros casos resonantes dio resultados, como por ejemplo, el crimen de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años que en 2013 fue asesinada en su edificio del barrio porteño de Palermo y arrojada a la basura por el encargado del lugar.

Una primera autopsia había concluido que Ángeles había muerto compactada en el camión de basura y que no había detectado signos de abuso sexual, lo que hacía que el imputado, el portero Jorge Mangeri, sólo pudiera ser acusado de un homicidio simple.

El entonces juez de instrucción Javier Feliciano Ríos, ordenó una reautopsia y la realización de una Junta Médica con 82 puntos de pericia que duró un mes y cuyas conclusiones determinaron que la adolescente había sido estrangulada durante un ataque sexual que no se llegó a consumar y con ello, se cambió la carátula y Mangeri hoy cumple prisión perpetua por «femicidio, abuso sexual y homicidio agravado criminis causa».

«Nuestra idea es que toda la prueba médica que se colecte sea analizada en detalle por este cuerpo de peritos y que de la Junta Médica surja un dictamen pericial sólido e irrefutable que nos dé las certezas que buscamos, es decir, si la muerte de Maradona era evitable y si hay algún responsable», señaló una de las fuentes judiciales consultadas por Télam.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el lote 45 del country San Andrés de Tigre, a dos semanas de su externación de la clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.

La autopsia determinó que el «10» murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada». Informó Telam.

El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que otorga incentivos fiscales destinados a la reactivación de la construcción, una de las principales actividades generadora de puestos de trabajo.

Entre las medidas, se destacan la exención del Impuesto sobre los Bienes Personales de las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y la generación de Crédito fiscal para computar contra el Impuesto sobre los Bienes Personales, igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

La Procuración General de la Nación designó este viernes a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

En una resolución firmada este viernes, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para «intervenir en forma conjunta o alternada» con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo. La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación.

El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo «un trato humano» para con ella.

En el escrito de denuncia, la madre de Facundo dijo que el fiscal Ulpiano Martínez «estaba filtrando información» y que «toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales La Brújula y La Nueva».

«Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía», dijo Cristina Castro, quien agregó que «el fiscal es el mejor abogado de los policías» supuestamente involucrados en la causa.

En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que «en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin», precisamente cuyo jefe fue designado para trabajar en el marco de la investigación.

La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón. En su pedido, los abogados plantearon el apartamiento del fiscal al considerar que la «lentitud», la «incapacidad» y «la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía» ya «bordea la actitud dolosa». Sin embargo, la jueza Marrón lo rechazó por «improcedente» ya que entendió que, «al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos».

Facundo, que el domingo pasado cumplió 23 años, desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial. La madre del joven denunció en varias oportunidades que su hijo fue víctima de una desaparición forzada en la que están involucrados policías de la provincia de Buenos Aires.

Consideran que una ley de estas características requiere de un análisis exhaustivo con plena participación de los Tres Poderes del Estado.

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, asociaciones estas, que agrupan a los Fiscales y Procuradores de la totalidad de las provincias del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al proyecto de ley de -aparente- autarquía del Poder Judicial de la Provincia del Chubut impulsado por el Poder Ejecutivo de la mencionada Provincia, dicen y peticionan:

Que, sin que esto importe intromisión alguna en el manejo institucional local, es necesario recordar a las autoridades de la Provincia del Chubut que el art. 5 de la Constitución Nacional pone como condición para garantizar a cada provincia el ejercicio de sus instituciones, el aseguramiento de su administración de justicia.

Que su omisión coloca al estado provincial en una clara posición de debilidad institucional.

Que reconocer autarquía financiera tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo importa, cuando sus medios y fines evidencian un alto espíritu republicano, un salto de calidad colectivo y refuerza el engrandecimiento democrático estatal. Se erige en el escudo protector de futuras intromisiones y desequilibrios entre los poderes.

Pero cuando se pretende introducir modificaciones estructurales de tal envergadura, mediante cambios coyunturales, que no aseguran un financiamiento adecuado a dichos Poderes, la acción se transforma en una vía de sojuzgamiento de los mismos, quienes al no poder mantener su estructura, van a necesitar del buen ánimo del Poder Ejecutivo, para solventar sus déficit.

Con ello se aleja del Estado Provincial la idea de equilibrio de poderes, y el Administrador se transforma en un órgano macrocefálico que condiciona y termina direccionando, aunque sea de manera indirecta, a los otros dos poderes.

Que una ley de autarquía que pretenda constituir una política de Estado debería contemplar básicamente:

Un porcentaje mínimo, razonable y adecuado del presupuesto provincial para el Poder Judicial, y otro para el Poder Legislativo.

Una disposición que garantice la transferencia automática de los fondos.

La prohibición de aprobar un presupuesto sin que se contemplen esos porcentajes mínimos (ver art.150 inc. 4 Constitución de San Juan).

Que una modificación de este nivel, requiere, cuanto menos, del análisis exhaustivo y comprometido de los tres poderes que, de manera armoniosa, resuelvan a futuro un funcionamiento equilibrado y sano de las instituciones provinciales. La voluntad solitaria del Poder Administrador, compromete en el corto plazo y a futuro, el desenvolvimiento orgánico provincial, y deja expuesta una voluntad inicial viciada.

Al momento de reformar, hay que evitar miradas sesgadas y parciales que sólo conducen inexorablemente a los otros Poderes – Judicial y Legislativo- a una situación de imposibilidad de operar y con ello a un estado de denegación de justicia a la ciudadanía y a un claro incumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 5 de la Constitución Nacional, con sus ya advertidas consecuencias institucionales.

Que la situación financiera que atraviesa la Provincia de Chubut, a partir de los problemas de público conocimiento que impactan básicamente en el pago de las remuneraciones a los dependientes, proveedores y también en la prestación de servicios, genera un panorama y un clima social que no aparece como el adecuado para introducir en esta instancia una reforma estructural de semejante trascendencia, que conduciría de manera inexorable a una falta de armonía entre los poderes , y con ello, un desfasaje institucional que repercutiría directamente sobre la población de Chubut.

Que a partir de lo expuesto, surge la imperiosa necesidad de peticionar al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut y en general al poder político todo, se conforme una mesa de diálogo y acuerdo para analizar la conveniencia y, en su caso legislar una modificación que asegure, fuera de toda especulación política coyuntural, una reforma seria, provechosa y duradera, que repercuta en orden, estabilidad y justicia en beneficio de toda la ciudadanía del Chubut.

El comunicado está refrendado por Eduardo Quattropani, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal y Alejandro Gullé, Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, publicó Diario Jornada.

La víctima, una mujer de 86 años, fue atada con precintos. Además, los autores la amordazaron, lo que le provocó la muerte por asfixia. El caso está calificado provisoriamente como «homicidio en ocasión de robo».

El fiscal jefe Daniel Báez encabezó una reunión de trabajo interdisciplinaria por el homicidio de Beryl Williams, de 86 años, cometido la madrugada del lunes.

La reunión de tres horas se realizó en la sede del Ministerio Público Fiscal, donde Báez fue acompañado por los fiscales Jorge Bugueño, Eugenia Vottero y Raúl Barroso. Y participaron el segundo jefe de la policía, Néstor Gómez Ocampo; el jefe de la División de Investigaciones, Cristian Vázquez Sepúlveda, junto a su equipo; el jefe de la Policía Científica, Marcelo Rodríguez; el médico forense Daniel Cardarelli; y el subcomisario Martín Díaz Baldi junto a los policías que intervinieron en el lugar.

El caso

La víctima, una mujer de 86 años, fue atada con precintos. Además, los autores la amordazaron, lo que le provocó la muerte por asfixia. El caso está calificado provisoriamente como «homicidio en ocasión de robo».