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Van a ser dos años que vienen persiguiendo abusiva e ilegalmente al periodista Darío Fernández tratando de armarle alguna causa y no lo logran; siempre –hasta ahora– se han encontrado con una jueza proba y honesta que se lo ha impedido. Así y todo continúan. Siguen violando la Constitución, el Código de Procedimientos y pisoteando el principio de la presunción de la inocencia. Ellos, le cumplen solo al que los presiona para que actúen maliciosamente y no piensan que las cosas tarde o temprano pueden cambiar.

¿Querés saber quiénes son esos fiscales, los que conforman el staff malicioso de Miquelarena; los que le hacen el trabajo sucio?

En ese listado, que afortunadamente no es extenso, está por ejemplo el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y ex fiscal de Miquelarena en Madryn, Daniel Báez. También se encuentra el multi-denunciado Fernando Rivarola (que pronto deberá dar explicaciones en el Consejo de la Magistratura sobre una denuncia que le hizo una colega suya, la fiscal Gómez, por violencia de género, trato discriminatorio además de una denuncia que lo involucra en la pedofilia y pornografía infantil).

Otros integrantes del staff de los fiscales que no hacen justicia son Osvaldo Heiber –retirado ahora porque no pudo soportar las presiones pero con su silencio protege al malvado— la fiscal Fernanda Barrionuevo y Marcos Napoli, quien dicho sea de paso “ha sido premiado con un ascenso” por su lealtad al grupo de la corpo; y dentro de poco será juez Penal en Trelew.

Jorge Miquelarena está enajenado ya no distingue el bien del mal porque cada día que pasa dicen que tiene menos poder. Ya hay algunos funcionarios judiciales que no quieren atenderle el teléfono y otros se hacen los distraídos esperando a que le llegue la hora, como le pasó a Das Neves y a otros corruptos.

Hace horas, el prestigioso constitucionalista, escritor y abogado Raúl Heredia habló en una entrevista periodística –justamente– sobre el rol del fiscal en la investigación penal.

Fue a propósito de que se ha venido conociendo una sucesión de casos en los que los acusadores que dependen del procurador General Jorge Miquelarena han sido cuestionados por perseguir abusivamente (e incluso con jueces que les han fallado en contra) a involucrados en proceso judiciales, contra los que se han ensañado, violando inclusive el principio de presunción de la inocencia, en algunos casos, como el de Darío Fernández de Cholila Online—sin siquiera haber logrado la apertura de una investigación penal habiendo logrado algo histórico ya que lo buscan por todos lados y no le encuentran ni siquiera que haya pasado un semáforo en rojo. Record de ser acusado y comprobar su inocencia con pruebas que dejan a Miquelarena como un payaso.

En ese sentido Heredia expresó conceptos que ponen en evidencia el mal accionar de los fiscales de Miquelarena.

“Hay dos conceptos sobre los que se tiene que pensar; uno, es el plazo razonable de duración de la investigación preparatoria y de todo el procedimiento penal. Y el otro, es el instituto de la prescripción que está regulado en el Código Penal. El primero está regulado en los Códigos de las provincias pero lo que ocurre es que al Código que nosotros hicimos originariamente, le metieron mano por todos lados y medio que lo destartalaron”, observó.

“El fiscal tiene plazos perentorios y si se les caen se termina el tema, porque si no tiene siempre al imputado sospechado o investigándolo, no le formaliza nunca la acusación y hasta que prescriba la acción tiene el proceso abierto, y esto no puede ser porque estaríamos peor que en el Código anterior; y no debe ser así”, sostuvo.

Aclaró seguidamente: “No es que el fiscal no tiene plazos; por lo pronto tiene uno que es razonable de duración de procedimiento, que también lo han ido ampliando; porque a los fiscales no les alcanza ningún plazo, ni siquiera el de la prescripción: quieren siempre plazos más amplios y van tocando la Ley para conseguirlos. Pero tienen un plazo razonable que a partir de caído se produce lo que se llama la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo”, explicó.

“Lo que debe hacer el imputado es intimarlo al fiscal a que lo acuse o que desestime la acusación y lo tiene que hacer ante el juez”, aconsejó Heredia y agregó: “La intimación del imputado tiene todos los efectos procesales porque si no el fiscal hace lo que quiere y no es así. El sistema es acusatorio porque los fiscales son los que conducen el proceso y de alguna manera son los titulares de la acción penal publica, pero eso no quiere decir que sean súper- hombres; siempre hay reglas constitucionales que están por encima también de la potestad que tienen”, señaló.

Más adelante, el jurista insistió en que “el fiscal no puede volver a perseguir a un imputado respecto de los mismos hechos, porque si no se está reabriendo una y otra vez la causa y estaríamos peor que antes”, afirmó.

“Para que quede claro; el defensor del imputado le tiene que exigir al juez que el fiscal se expida, que exprese, sobre qué hechos quiere la apertura de investigación (…) Hay una garantía general, amplia, que está en la Constitución y que está también en  la Ley procesal penal de Chubut y en todas las leyes procesales (del resto del país) que impide la doble o múltiple persecución siempre por los mismos hechos”, indicó.

Acá en Chubut, Miquelarena y sus fiscales están acostumbrados a cometer esos atropellos y no solo en uno, sino en un montón de procesos judiciales. Y lo peor es que hacen impunemente.

Pero el director de Cholila Online está demostrando que aún las leyes pueden más que Jorge Miquelarena un perverso puesto a dedo por Das Neves para ser parte de la época más corrupta en la historia de Chubut.

Jorge Miquelarena, Procurador General de Chubut

Abogado Raúl Heredia

Ya se cumplió un año del crimen de Alejandro “Tino” John en la comarca andina de Chubut y el caso todavía no tiene apertura de investigación, el policía del GEOP que lo mató sigue trabajando como si nada hubiera hecho y el fiscal que debería tener ya clarificado qué fue lo que pasó aquella funesta tarde del 27 de mayo de 2021, pareciera que hubiera recibido “la orden de no avanzar” hacia el esclarecimiento de una muerte que podría haberse evitado.

La viuda de John, el hombre ejecutado en un posible caso de “gatillo fácil” por el GEOP, sigue moviéndose por su cuenta con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos tratando de presionar a los fiscales de “Yolí” Miquelarena para que “hagan algo” y que dejen “de tener pisado” el expediente.

Mientras tanto, en los últimos días se escuchó una versión en la que se dio cuenta de que un tribunal internacional le estaría por enviar una carta al Gobierno de Chubut exigiendo la clarificación del homicidio.

A todo esto, Jorge “Yoli” Miquelarena se la pasa de reunión en reunión viajando a distintos puntos del país usando plata del Estado para participar de conferencias y encontrarse con fiscales de otros lugares de la Argentina, como si su trabajo al frente de la Procuración Fiscal de Chubut fuese eficiente y un ejemplo de transparencia.

Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli es una ferviente luchadora contra el maltrato a los animales y hace unos años vio un video en las redes sociales en donde asesinaban brutalmente en la localidad de Sarmiento a un caballo llamado “Muñeco”.

Como consecuencia, ella hizo sentir su reclamo en aquella ocasión por Twitter a través del nombre de usuario “Lelé”, en procura de visibilizar cada registro de crueldad contra los animales. Miquelarena, en un pornográfico acto de chupamedismo barato, ni bien se enteró salió a responderle desde su cuenta a Candelaria, prometiéndole justicia.

Jorge Miquelarena, el empleado de Candelaria Tinelli.

Después habría salido cholulamente por cuanto medio de prensa nacional lo reporteó, a prometerles tanto al conductor televisivo como a su familia que se pondría al frente de la investigación del caso; y en cuestión de días, los autores del hecho ya estaban presos y eran llevados a juicio.

En la investigación por la muerte de “Tino” John todavía no existe ningún imputado, ya ha pasado un año del crimen y aún no hay responsables en el banquillo de los acusados.

La lógica y el común de la gente indican que al hombre lo asesinaron y el fiscal sigue dando vueltas sin darle respuestas a la familia del fallecido y a la comunidad de la comarca, que ya en varias ocasiones ha salido a la calle a pedir Justicia acompañando a la mujer y a los hijos del ejecutado por un suboficial del GEOP.

Qué distinto que ha venido actuando Miquelarena ante la muerte de “Tino” John ocurrida en su casa de Las Golondrinas. ¿Qué? ¿No hay justicia para este caso? ¿A quién estaría protegiendo el procurador de Chubut? ¿Quién terminaría involucrado en el mal manejo de la policía? ¿Su amigo Massoni, los hermanos Gómez, El Tero Gómez Ocampo? ¿Quién?

Sería bueno que así como salió por la televisión nacional aquella vez rindiéndole pleitesía a Candelaria Tinelli por el caso de “Muñeco”, también lo hiciera con el caso John para explicarle a la ciudadanía chubutense y, principalmente a los familiares del extinto, por qué sus fiscales no avanzan.

Notas relacionadas:

Lo aseguró Belén Haro, hermana de la persona que fue asesinada en Trelew de 14 puñaladas. La familia convocó para hoy a las 10 a una marcha pacífica frente a los Tribunales para pedir Justicia, a la espera de que se desarrolle la audiencia de detención contra el imputado de 17 años. Belén Haro aseguró.

Lo aseguró Belén Haro, hermana de la persona que fue asesinada en Trelew de 14 puñaladas.

La familia convocó para hoy a las 10 a una marcha pacífica frente a los Tribunales para pedir Justicia, a la espera de que se desarrolle la audiencia de detención contra el imputado de 17 años.

Belén Haro aseguró que “no hay respuestas” y responsabilizó al sistema judicial por la muerte de su hermano.

Expresó que “si hubiesen hecho bien su trabajo, si hubiesen monitoreado a este asesino, mi hermano estaría hoy con vida”. El principal imputado ya cursaba otra causa por homicidio.

Por ello insistió en hacer “responsables a los jueces y fiscales de esa causa por la muerte de mi hermano”.

Se preguntó “por qué andaba un asesino suelto, un pibe con tobillera libre, en el centro andaba como una persona normal”. Y planteó que “mientras tanto siguen cayendo los perejiles, porque este pibe es uno más del sistema.

Belén habló sobre la preocupante situación de inseguridad en Trelew al afirmar que “la sociedad en la que vivimos está podrida, porque quienes tienen que estar encerrados están en las calles y nosotros que nos resguardamos por el miedo a la inseguridad”.

La familia está conformada por su madre y 11 hermanos, “a través de los cuales nos damos fuerza para poder sobrellevar esta situación”, contó y aseguró que “mi mamá está destrozada, porque es imposible explicarle que mataron a un hijo”.

Se trata del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, representado por la Fiscal Dagoto quien propuso junto a la defensa del imputado del caso, el tratamiento de un acuerdo de juicio abreviado ante la Jueza Penal Mariel Suárez.

Dos hechos eran los que se le atribuía al agresor, uno de ellos de septiembre de 2020 en el que en el domicilio conyugal se produjo una discusión el imputado tomó el teléfono celular de la mujer víctima. la agarró del cuello y la empujo contra el suelo, la amenazó que le quitaría los hijos, la tomo de los brazos, la sujeto del cabello y la arrastró por el suelo.

El segundo hecho habría acontecido en diciembre de 2020 cuando la mujer víctima se encontraba junto a su hijo menor de edad en su vivienda, se presento el imputado en estado de ebriedad y comenzó a insultarla y a amenazarla de muerte para luego tomar un fierro y golpearla en las rodillas y en un brazo. Ese mismo dia y luego de hacer la denuncia la señora regreso a su hogar y el imputado que se encontraba en cercanías al mismo comezo a arrojar pierdas a patear la puerta, mientras que los vecinos dieron aviso a la policía.

El imputado amedrento a los policías, los amenazo y le arrojo un golpe de puño a uno de los uniformados.

Por esos hechos la fiscal y la defensa pidieron se aplique un año de prisión en un procedimiento abreviado.

Un juicio abreviado implica simplificar el desarrollo y la exposición del caso ante un tribunal ante el que se produzca la prueba ofrecida, en vez de ello, el imputado acepta su responsabilidad en el hecho y el juez valora si a parte de la aceptación de la responsabilidad, existen más elementos para imponer una condena.

Ocurre que la Jueza interviniente, rechazo el acuerdo porque entendió que si bien las partes no calificaron el hecho bajo los preceptos de violencia de género, el caso se enmarco en hechos de violencia contra una mujer, de violencia doméstica, intrafamiliar y vicaria.

Dijo la Jueza que según los dichos de la propia Fiscal en audiencia, halló grave que la víctima solo recibió un acompañamiento primario del SAV (Servicio de asistencia a la víctima) que no recibió asistencia psicológica permanente, ni ningún tipo de ayuda del Estado Municipal o Provincial y que convive actualmente con el agresor en una relación que a la fecha de los hechos lleva más de 10 años de estabilidad.

Destaco en su voto la magistrada, que la víctima alegó tener miedo de que vuelvan a ocurrir estos hechos y sostuvo que “…frente a esta grave situación el Estado ofrece un acuerdo de juicio abreviado con una pena que luce desproporcionada frente a la gravedad de los hechos enjuiciados…… La perspectiva de genero consiste en un herramienta conceptual …..en definitiva se trata de una herramienta que incluye tratar de contemplar los intereses de las mujeres con miras contrarrestar las desigualdades y en el caso de los operadores judiciales funciona como una herramienta conceptual que busca reconocer esas diferencias, identificar y cuestionar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres para en definitiva implementar acciones positivas a favor de estas.”
Finalmente sostuvo que “…Juzgar con perspectiva de género, es una obligación legal de TODOS los operadores del sistema judicial y no implica flexibilizar principios probatorios ni las cuestiones de valoración, como tampoco actuar de forma NO razonable discriminando al hombre por su condición. Esta obligación encuentra fundamento legal en el principio de trato igualitario y no discriminatorio de raigambre constitucional y convencional por elart. 75 (22) y 16 CN. art, 1 DUDH y arts 1.1 y 24 CADH……. juzgar con perspectiva de género nos obliga a modificar prácticas de interpretación de normas y contemplar el conflicto de modo global, en el caso considerando la particular situación de la víctima, una víctima atemorizada y no asistida ni legal ni psíquicamente por el Estado que sigue conviviendo con el agresor y manifiesta vigente su temor. Esta forma de juzgar, NOS OBLIGA a dignificar a quien está en condiciones de desventaja y desigualdad y para ello requiere constatar una relación desequilibrada de poder, identificar la situación de desigualdad, adoptar medidas de protección, dictar sentencias respetuosas de los derechos y garantías de los imputados, pero que indefectiblemente contemplen el interés y el daño que ha sufrido la víctima, y que no se convierta en una mera enunciación como ocurrió en el caso”

 

José Mario Aguerrido, el abogado de la familia de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes en Santa Rosa, La Pampa, adelantó que sus defendidos serán querellantes en la causa en la que están acusadas la madre del chico, Magdalena “Magui” Espósito (24) y la pareja, Abigail Páez (27), ambas detenidas en una unidad penal de San Luis, a donde fueron trasladadas tras los ataques que recibió la comisaría Sexta de la capital pampeana.

Christian Dupuy (27), padre de la víctima, llegó junto a su actual pareja, su pequeña hija y sus padres desde desde General Pico, la ciudad donde nació Lucio y reside toda su familia paterna, para reunirse en la Ciudad Judicial de Santa Rosa con los fiscales del caso.

También asistió el tío del nene, Maximiliano Dupuy, y su esposa, Leticia Hidalgo, quienes tuvieron la guarda del pequeño durante casi dos años.

El equipo del Ministerio Público de La Pampa está integrado por la fiscal Verónica Ferrero (quien estaba de turno cuando ocurrió el crimen, realizó la investigación inicial y efectuó la acusación) y los fiscales de Delitos Sexuales, Walter Martos y Marcos Sacco.

El abogado Aguerrido anticipó que su hipótesis es que la muerte de Lucio fue “un crimen de odio”. Consideró que “la acusación y el caso del homicidio está encaminado, pero sería quedarnos cómodos. Tengo la obligación de hacerlo”.

También les informaron en forma “oficial” el informe de la autopsia. Algunos puntos de esa autopsia trascendieron y el abogado criticó que la familia no haya podido acceder antes a la mismas.

Otra novedad de la causa surgió sobre la situación de la madre, Magdalena Espósito, quien al momento de la golpiza no estaba en la casa donde se produjo el ataque. La madre estaba en su trabajo, en el Casino Club de Santa Rosa. Este punto se conoció ahora. El abogado Aguerrido dijo que “el hecho que no estuviera en el lugar, no la exime de la acusación y la culpa. Esta puede ser por acción u omisión”.

El crimen de Lucio desató una conmoción social y política. Una vez que se conoció la muerte del pequeño, su papá dijo que “la justicia nunca me escuchó”. Habló de la imposibilidad de tener el cuidado del nene y de los obstáculos para verlo.

Además, durante casi dos años, la tutela del pequeño estuvo a cargo de su tío, Maximiliano y su esposa, Leticia. Fue entre noviembre de 2018 y junio de 2020. Tras ese lapso, la madre de Lucio, “Magui” Espósito, obtuvo la tenencia, que se la otorgó la jueza de Familia de Pico, Ana Clara Pérez Ballester.

El abogado de los Dupuy dijo que la jueza “no hizo su trabajo”, al otorgarle repentinamente la tenencia a la madre. El tío (Maximiliano) fue asesorado para que renuncie a la tutela y firmó un acuerdo con la madre de Lucio.

El cuerpo de Lucio presentaba golpes, quemaduras y mordeduras. Además se supo que tuvo cinco entradas en hospitales y salitas de Santa Rosa: sufrió la fractura de una mano y de un dedo, en ocasiones diferentes.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto habló por primera vez del caso. «No hay protección para nadie, cada funcionario se hará cargo de lo que hizo o no hizo», dijo este jueves.

«Nunca me tembló el pulso para echar a un funcionario», dijo Ziliotto en una conferencia en Telén, un pueblo del oeste de La Pampa, ubicado a 150 kilómetros de Santa Rosa.

«Vamos a cumplir a rajatabla lo que diga la justicia y los organismos de control, la FIA. Acá no hay protección para nadie, cada uno se hara cargo de lo que hizo y de lo que no hizo», aseguró.

«Desde un primer momento hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a la familia», explicó el gobernador pampeano.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, destacó este domingo, tras sufragar, la militancia del espacio político que lo representa (PJ) y deslizó que otras fuerzas “pagan” a sus fiscales para realizar la tarea.

Expresó que en el trascurso de la jornada “recorreremos escuelas y esperaremos los resultados, con la gente que trabaja en forma gratuita”.

Apuntó así que “eso tiene el peronismo, una militancia que trabaja con mucha pasión y mucho amor por lo que hace, sin cobrar un peso”.

Por ello, “tenemos que agradecer ese compromiso militante”, deslizando ante la consulta de si otros espacios pagan a sus fiscales que “ustedes sabrán -pero- por lo que me dijeron a mí, sí”.

 

La precandidata a diputada nacional habló tras emitir su voto en la Escuela 133. Destacó los protocolos y la buena afluencia de votantes.

Esta mañana, Ana Clara Romero, concejala y precandidata a diputada nacional habló con los medios en la Escuela 133 de Comodoro Rivadavia acerca del acto eleccionario tras emitir su voto.

Romero destacó que la jornada se está llevando a cabo de manera normal y recalcó que es necesario destacar la participación de los vecinos que refuerza la democracia del país.

Por otro lado, puso el foco en «agradecer a los fiscales que están cuidando el voto desde temprano».

Al ser consultada sobre el resto de su jornada, confirmó que almorzará con sus familias para luego recorrer escuelas para ver a sus fiscales; finalizando después de las seis de la tarde en el bunker de calle Tucumán al 545, donde esperará los resultados de los comicios.

En la audiencia de este viernes los fiscales pedirán las penas para los ex funcionarios de Chubut que ya fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción.

Este viernes se realizará la audiencia en la que los fiscales pedirán las penas para los ex funcionarios de Chubut, que ya fueron condenados como miembros de una asociación ilícita en la que exigían “retornos” para liberar pagos a empresarios de la construcción, informa ADNSUR .

En esta oportunidad, los acusadores públicos presentarán la cantidad de años de prisión que esperan según el tipo de delito comprobado para cada imputado, entre los que se cuenta además el decomiso de bienes por alrededor de 800.000 dólares, en el caso de Gonzalo Carpintero, tras comprobarse que se enriqueció ilegalmente.

Marcos Nápoli Fiscal en la Causa Revelación

Con pedidos que irán desde los 3 a los 10 años de prisión, según los tipos de delito y grados de participación, la audiencia de este viernes permitirá conocer con precisión qué tipo de pena se solicita para, entre otros, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray, en su rol de ex ministros (condenados como miembros de la asociación ilícita y exacciones ilegales o cohecho pasivo, según los casos) durante el gobierno de Mario Das Neves.

Junto a ellos, fueron encontrados culpables también Diego Correa (asociación ilícita y exacciones ilegales) y Gonzalo Carpintero (enriquecimiento ilícito), que se desempeñaron como secretarios privados, además de Diego Luthers (asociación ilícita y exacciones ilegales) y el empresario Martín Castillo (autor del delito de cohecho activo).

En todos los casos, el delito probado fue el de ser miembros de una participación ilícita, además de exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

Tras la audiencia, en la que las respectivas defensas buscarán atenuar las penas, el Tribunal deberá deliberar para determinar, luego de algunos días, la pena finalmente aplicada.

Decomiso de bienes por 800.000 dólares

Para el fiscal Marcos Nápoli, uno de los puntos centrales que buscará en la sentencia es la inhabilitación perpetua para que algunos de los ex funcionarios vuelvan a ocupar, en algún momento, un cargo público.

Otro de los puntos emblemáticos del caso es el decomiso o recupero de los bienes del enriquecimiento ilícito, que en el caso de Gonzalo Carpintero asciende a una suma que el fiscal valuó en 800.000 dólares.

Los fiscales del juicio por la emergencia climática se opusieron al pedido de suspensión de juicio a prueba en donde además varios imputados ofrecieron reparar el ilícito cometido. Los ofrecimientos se realizaron antes del inicio del accidentado debate, debido a las restricciones sanitarias y la gran cantidad de imputados, defensores y operadores judiciales presentes en la sala 2 de la Oficina Judicial.

“Si bien los imputados tienen derechos, también tiene derecho la sociedad por saber lo ocurrido”, dijo entre otros argumentos el fiscal general Omar Rodriguez, destacando además, el tipo de delito que se trata, relacionado con fondos públicos y la situación de emergencia climática que sufría la ciudad de Comodoro Rivadavia. Para el fiscal Axel Williams, las circunstancias en que se ejecutaron los ilícitos fueron “especialísimas y de suma gravedad. No es lo mismo defraudar al Estado en una circunstancia de normalidad, que en una situación de emergencia”, refirió. Además, destacó postulados de las Naciones Unidas en donde se imparte la necesidad de ser severos respecto de los delitos de corrupción.

La primera solicitud fue del defensor de la imputada Marta Fracasso que le vendió colchones, frazadas y toallas a la provincia, destinadas para los afectados de manera más grave por esa situación de emergencia climática. Por el delito que se sospecha cometió, le cabe una pena de entre 2 y 4 años de prisión. El defensor Omar López dijo que la mujer a la que asiste, está en condiciones de pagar 600.000 pesos en dos cuotas a manera de reparación. Hizo alusión a su situación personal, a jurisprudencia existente y a leyes de Bangkok, Tokio y Londres relacionadas con la cuestión de género, pedido especial que sea tenido en cuenta por el Tribunal.

El defensor Damián D’Antonio pidió lo mismo para su asistida Cecilia Sabada que ofreció 54.000 pesos por un solo ilícito por la que fue investigada y Fabián Gabalachis por su cliente Estanislao Finiguerra ofreció colchones por el plazo de tres años para entregar a hospitales públicos. Por su parte, el defensor Abdo Mayauik quien asistió a dos imputados, también solicitó la suspensión de juicio a prueba y ofreció una reparación de 300 mil pesos por cada uno de sus defendidos, pagados en seis cuotas de cien mil pesos.

El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino, el próximo jueves 15 de abril a las 09:00hs dará a conocer la resolución de todos los planteos previos realizados por los defensores.

Fuente: Metadata Noticias

Se debió suspender la audiencia preliminar al inicio del juicio por fraude al Estado, donde se la acusa a la ex ministra de Educación y actual diputada Graciela Cigudosa, junto a otros funcionarios y empresarios locales, por direccionar recursos y fondos en obras de mantenimiento de escuelas.

Es que los abogados defensores recusaron a los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams por presuntas irregularidades durante la investigación y la toma de testimonios de los hoy acusados.

El fiscal Rodríguez detalló que en la audiencia preliminar que daba inicio este lunes, “hubo un planteo previo encabezado por el Dr. Miguel Moyano y después lo siguieron Andrés Meiszner y Gladys Olavarría donde me recusan a mí, a Williams y a Koltsch por supuestamente haber violado garantías constitucionales en el marco de la investigación penal preparatoria”.

Según los defensores, “allá por abril de 2019 supuestamente interrogamos a personas que nosotros ya sabíamos que eran imputados y como consecuencia de ello hemos violado todas las garantías y perdido la objetividad que requiere un fiscal para estar frente a este tipo de causas”.

“Por supuesto que nosotros negamos toda esa situación, creemos que es una maniobra dilatoria, nos quieren sacar a mí y a Williams del juicio, porque hay un caudal probatorio que es contundente y que de hacerse el juico, tienen grades chances de ser condenamos, entonces la estrategia que buscan después de dos años son estas maniobras, recusándome. Además es inverosímil porque, si realmente hubiese sido así y hubiera algún tipo de sospecha, me tendrían que haber denunciado hace dos años”.

Ahora estos planteos los debe resolver el Procurador Jorge Miquelarena,.

Los imputados que eran funcionarios provinciales cuando se conoció la investigación son la actual diputada provincial y ex ministra de Educación, Graciela Cigudosa, el ex secretario de Coordinación del ministerio, Raúl Care y su secretario privado, Gustavo Hueichan.

En tanto los particulares son Daniel Schmid, titular de Lada Construcciones y Ramida SRL, Daniel Gel, responsable de Gefer SRL y Calypso Revestimientos, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.