El exmarino está detenido desde el viernes a la espera de una extradición. Desde hace treinta años es un importante hombre negocios en la Florida.
No era la primera vez la Policía lo requería en los últimos años pero cuando el viernes pasado su esposa abrió la puerta de la mansión del lujoso vecindario Sans Souci Estates, en North Miami, y vio a los agentes del Servicio de Alguaciles de EE.UU., sabía que se venían días difíciles.
Eran las 7 de la mañana y Ana María Giordano llamó a su esposo desde hace más de 40 años, Roberto Guillermo Bravo, quien desde entonces está detenido en una cárcel federal de la Florida, acusado de crímenes de lesa humanidad ocurrido en 1972 en la Base Almirante Zar de Trelew.
A Bravo lo sacaron esposado por el frente de su residencia en el 1907 NE 118th Rd. En el muelle de su casa flota un lujoso yate al que se accede con solo caminar unos pasos desde la piscina de la lujosa mansión, valuada en más de 1,7 millón de dólares.
Agregado militar
Bravo se retiró de la Armada Argentina como teniente de navío en 1981 pero desde 1972 vive fuera del país. Residió algunos años en Washington, donde fue enviado como “agregado militar” tras el asesinato de 16 militantes políticos en la Base Zar, en una clara decisión de la Marina de protegerlo de cualquier intento de ser juzgado por la conocida “Masacre de Trelew”.
Por aquellos años también revistó durante algún tiempo como personal militar en la Embajada Argentina en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Cuando se retiró en 1981, Bravo cultivó el bajo perfil y nunca más regresó al país. Aprovechó los contactos que había generado en su estadía en la capital norteamericana y desarrolló varios emprendimientos, siempre con su fiel esposa como socia.
Su mejor negocio lo hizo en 1990, cuando formó RGB Group Inc., una empresa de servicios de salud a la que, a pesar de su habitual bajo perfil, le denominó con las iniciales de sus dos nombres y apellido.
Por más de 20 años, Bravo, su mujer y un hijo (Fernando) manejaron los hilos de esta empresa que facturó millones nada más y nada menos que al propio Estado norteamericano. El primer gran contrato, por la friolera de 27 millones de dólares, fue para proveer servicios de contralor médico, paramédicos y odontólogos para la US Air Force.
Hubo otros contratos millonarios para cuestiones más complejas, como la genética molecular.
Pedido de extradición
Pero el pedido de detención y extradición que firmó en 2008 el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, complicó los negocios de RGB Group, que hoy no registra actividad comercial, según los registros a los que accedió Jornada.
Bravo enfrentó y superó aquella solicitud de extradición desde Argentina. Inclusive, en 2010 estuvo dos meses detenido pero un juez de la Florida, Robert Dube, se negó a acceder a la petición del su par argentino.
Pero, según publicó el diario Miami Herald hace dos días, “el caso de extradición se ha fortalecido, según una nueva denuncia revelada en la corte federal de Miami el viernes”.
“En particular, las conclusiones del tribunal de primera instancia y del tribunal de apelaciones en Argentina rechazaron varias defensas legales y fácticas planteadas por Bravo durante su procedimiento de extradición anterior, incluida su reclamación de amnistía legal, la absolución previa en una investigación militar y la supuesta falta de credibilidad de las declaraciones de los sobrevivientes”, según reza la denuncia presentada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Miami, divulgada en un artículo firmado por el prestigioso periodista del diario Miami Herald, Jay Weaver.#