Plantean modificar la Ley Provincial de Educación para establecer un mínimo de horas de dictado de clases (no podría ser menor al 70% del ciclo lectivo regular) y así garantizar el servicio de educación y -al mismo tiempo- respetar el derecho a huelga de los docentes.
El diputado provincial Manuel Pagliaroni explicó los fundamentos del proyecto que estarían presentando a la Legislatura Provincial antes del fin de semana, y que pretende elevar a la educación pública a la categoría de «servicio público esencial», lo que establecería una serie de obligaciones desde el Estado Provincial y garantizaría el dictado de clases, que no podría ser menor al 70% del ciclo lectivo regular.
«Estamos elaborando un proyecto de ley que es modificatorio de la Ley de Educación de la Provincia, en el que se declara a la educación como un servicio esencial para el Estado», sintetizó Pagliaroni.
Al respecto, explicó que esto establece «obligaciones primordialmente para el Estado que no se puede hacer el distraído en esto, y deja sentadas algunas bases para que las medidas no afecten -como ocurrió este año- la formación de nuestros chicos y adolescentes».
«Estimamos que lo vamos a presentar antes del fin de semana», señaló, y puntualizó que el proyecto plantea modificar «la ley de educación para que se garantice el derecho de huelga pero también un mínimo de clases para los alumnos de todos los niveles».
El tratar a la educación pública como un servicio esencial -como lo es la salud y la seguridad- se apunta a «garantizar el servicio de educación» estableciendo un mínimo de horas de dictado de clases, ya que «no se prohibir el derecho a huelga de los docentes», aclaró Pagliaroni.
«Creemos que debe haber una obligación de prestar una cantidad mínima de días al año o una cantidad de horas mínimas (de dictado de clases)», sostuvo el legislador y detalló que en el proyecto se trabaja sobre la base de cubrir un «mínimo del 70% de las horas que se deben dictar en cada establecimiento, y cubrir el servicio de copa de leche porque esto no se puede interrumpir».
El diputado provincial indicó que el proyecto nace a partir de «varias reuniones en las últimas semanas con un grupo de madres y padres con la preocupación lógica que ven que hace 14 semanas que sus hijos no asistan a la escuela y que es imposible que adquieran los conocimientos que deberían incluirse en el año».
En cuanto a las ocupaciones que estudiantes llevan adelante en algunos edificios escolares, Pagliaroni consideró que «no se ha resguardado la documentación de la forma correcta», y que los «directivos en algunos casos se ha liberado de la responsabilidad que tienen sobre los edificios y sobre la documentación y los bienes», informó ADNSur.
