Muy poco duró en El Hoyo la convivencia democrática. Pasaron 48 horas y el intendente Pol Huisman (Frente de Todos) denunció a su antecesor, Daniel Cárdenas (Chubut al Frente), porque “se niega a entregar las llaves de la caja fuerte, que estaba a su cargo, pese a que se las solicitó reiteradamente”.
Entre otras irregularidades detallaron que “Cárdenas y los ex secretarios de Gobierno y Legales, Gisel Cortés y Emanuel Silva, se pagaron a sí mismos casi medio millón de pesos del municipio, cuando los trabajadores contratados no percibieron los salarios de noviembre y los de la planta estable no cobraron su aguinaldo”.
Pocas horas antes de abandonar el municipio, “Cárdenas, Cortés y Silva firmaron una resolución por la que ellos mismos ordenaron pagarse esa cuantiosa suma en concepto de supuestas vacaciones no tomadas y sueldos por los primeros 10 días de diciembre. Cárdenas se asignó $ 207.023,38, Cortés $139.309,95 y Silva $119.534,59”.
El nuevo gobierno “se encontró con que casi no hay fondos en las cuentas bancarias del municipio y no puede verificar la existencia de efectivo, porque Cárdenas no entrega la llave de la caja fuerte”.
El libro oficial de resoluciones “presenta graves irregularidades: espacios en blanco, interlineados, enmiendas sin salvar, resoluciones inexistentes, escrituras en lápiz y espacios tachados con corrector líquido”.
Falta una flota de seis teléfonos celulares de Movistar “asignados a la ‘planta política’ y cuyos consumos se pagan con fondos del municipio”.
“Las autoridades salientes no entregaron un inventario actualizado de todos los bienes municipales, como le había exigido una ordenanza del Concejo Deliberante y corresponde en una transmisión de mando legal. Una innumerable cantidad de irregularidades que se constatan permanentemente, fueron consignadas en actas mientras se analizan los pasos legales”, según los nuevos funcionarios.
Cárdenas emitió un comunicado citando que “la razón por la cual la llave de la caja fuerte no fue entregada es porque se encuentra en poder de la secretaria privada, Sofía Cerella, quien fue violentamente increpada por el Fabio Carrieri y Martín Costa (secretarios de Huisman), la compañera trabajadora ha sido víctima del delito de violencia de género”.
Explicó que “mientras se dirigía al Concejo Deliberante para entregar las resoluciones de veto a la ordenanza tributaria que propone un aumento del 300% -en términos reales-, fue interceptada por los mencionados, sustrajeron de sus manos la documentación, en presencia de Emanuel Silva. La dejó con una grave crisis de nervios y angustia, acudiendo a la guardia del Hospital de El Hoyo”.
Informó de lo sucedido al Concejo “a efectos que se reclame las resoluciones 660 y 661 del DEM, que no se sabe dónde están”.
“No se entiende como este gobierno, que lleva como banderas la inclusión y la apertura de los derechos de la mujer, tenga integrantes que hacen todo lo contrario. La sociedad de El Hoyo tiene que estar preparada para lo que se viene, evidentemente no existe respeto por las mujeres y mucho menos por la institucionalidad”.
El exjefe comunal dijo que su funcionaria no pudo entregar los inventarios, que se encontraban en las instalaciones municipales. “Atendiendo la situación de salud de la víctima, no se pudo culminar con el traslado”.
Aclaran desde Chubut al Frente que “el intendente Daniel Cárdenas y sus colaboradores no se asignaron $500.000. En relación a los montos depositados, fueron realizados en el marco de la liquidación de sueldos, cuestión normal y habitual a la finalización de una relación laboral de empleo público, regulada por la ordenanza 67/12”.
Su no concreción “podría entenderse como un enriquecimiento sin causa por parte del Estado. Idéntica condición se realizó en años y gestiones anteriores. Alos concejales que terminaron su mandato también se les abonó y aún queda pendiente el aguinaldo proporcional”.
Sobre las líneas telefónicas, recuerdan que “su traspaso fue solicitado el 28 de noviembre, con anterioridad al cierre de la gestión”. Según dichos de empleados municipales, el intendente Pol Huisman “manifestó no poder abonar salarios por no tener fondos, pero es real que Cárdenas gestionó fondos a la provincia, que en el día de la fecha se acreditaron. Tampoco es real que no cuentan con firma registrada en el Banco, ya que lo pueden hacer dos empleadas habilitadas. Evidentemente, no les interesa abonar al personal”, castigaron.
En relación al libro de resoluciones, lo usan todos los miembros del municipio “pudiendo tener falencias. Para el caso de dudas, podrá solicitar una pericia caligráfica. Cárdenas y sus colaboradores se encuentran a disposición de la justicia, único lugar donde darán explicaciones. Queremos creer que la fiesta popular celebrada el 10 de diciembre no se haya hecho con fondos del erario. Huisman manifiesta que el 50% de los habitantes no tiene trabajo, es ilógico que se creen 13 direcciones y 4 secretarías, más un aumento del 300% los impuestos, en términos reales”.
Con información de Diario Jornada.