No fueron buenas las primeras reacciones de Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor en el Congreso, sobre el megaproyecto de ley de emergencia que envió el Gobierno esta mañana al Congreso. El jefe del interbloque de diputados, Mario Negri, advirtió que «la enorme cantidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo» contenida en la iniciativa busca «desguazar al Congreso» y alertó que, por su envergadura, este proyecto de ley supera a aquél que se aprobó en 2002, en la peor crisis económica y social de la historia argentina reciente.
«Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad», alertó Negri, quien insistió que esta delegación de facultades «suupera ampliamente a la que se dispuso en la ley de emergencia en 2002».
Los diputados y senadores de Juntos por el Cambio analizaron este mediodía el detalle del proyecto de ley junto con el exministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lacunza. Al caer la tarde, los legisladores se reunirán para definir la estrategia a seguir, ya que el oficialismo pretende convertir avanzar pasado mañana en la media sanción de la iniciativa. Al respecto, voceros del bloque de la Coalición Cívica, que preside Maximiliano Ferraro, adelantaron que «no van a habilitar ni delegar ningún tipo de facultades que destruyan la Constitución, el Congreso y facultades propias de la Cámara de Diputados».
Negri advirtió, en tanto, que «los grandes perjudicados de la norma enviada por Alberto Fernández son los jubilados». «Suspender la fórmula que establece la manera de calcular la movilidad previsional por seis meses no garantiza que los jubilados vayan a mejorar su situación con respecto a la ley de movilidad que se sancionó en 2017 en este Congreso», agregó Negri.
«También observamos que la pretendida intervención de los órganos reguladores de los servicios públicos, como Enargas o ENRE, es un gran retroceso. Después de muchos años, durante la última administración, se logró nombrar a sus directivos a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. Este proyecto de ley está abriendo la puerta nuevamente a la discrecionalidad», añadió el diputado radical.
«Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional -en total 70 – supera a las facultades de la Ley Dromi del menemismo; nos parece una exorbitancia».
«Durante esta tarde, continuaremos analizando el proyecto de ley para llegar mañana a la reunión de comisiones con una posición firme sobre cada uno de los artículos. No puedo dejar de manifestar mi preocupación porque en las conversaciones informales con los jefes de la bancada oficialista nos habían asegurado que el proyecto no contenía súper-poderes ni delegación de facultades y ha ocurrido exactamente al revés. La gente votó equilibrio de poder y el Gobierno, lamentablemente, está buscando una concentración de poder», finalizó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio.
