Para extraer uranio el Gobierno impulsa nuevos métodos que incluyen la destrucción intencional de los acuíferos y el riesgo de contaminación radiactiva a perpetuidad de la meseta patagónica.
En su reciente viaje a Rusia el presidente Macri anunció el convenio con firmas rusas para la explotación de uranio en la meseta chubutense usando el método de lixiviación in-situ. Según la propaganda oficial este es un “proceso benigno”, “los acuíferos están perfectamente aislados por estratos impermeables”, “el proceso de extracción culmina después de la restauración a condiciones originales”, y “la emergencia energética nos obliga a tomar este tipo de decisiones”. Nuevamente los voceros del Gobierno ocultan el verdadero impacto de estas explotaciones, esta vez sobre acuíferos activos de la castigada meseta patagónica.
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Los acuíferos subterráneos almacenan una variedad de metales arrastrados por aluviones que bajan de las montañas. Entre estos metales se encuentra el uranio, un elemento naturalmente radiactivo pero que al estar depositado y encapsulado no presenta riesgos para los seres vivos.
La minería ofrece distintos métodos para extraer el uranio, típicamente minería por galerías, minería a cielo abierto, o este método nuevo en la Argentina llamado lixiviación in-situ.
El proceso consiste en inyectar un producto químico llamado “lixiviante” dentro del acuífero por medio de pozos inyectores. El lixiviante es arrastrado dentro del acuífero donde disuelve el uranio y otros minerales, y luego es bombeado hacia la superficie usando bombas centrífugas por medio de pozos productores. En superficie se separa el uranio y se manda a una planta de procesamiento. El agua cargada de lixiviante, metales pesados, sales y elementos radiactivos, se recicla inyectándola nuevamente, mientras el exceso de agua producida se acumula en piletas de superficie para su decantación y evaporación.
Diagrama esquemático mostrando dos pozos. Durante la explotación se perforarán cientos de ellos.
Dependiendo del tipo de formación subterránea, de la permeabilidad del acuífero, de las reacciones químicas dentro del acuífero, de la velocidad del proceso de extracción y, sobretodo, de las urgencias económicas de la compañía minera, el lixiviante puede ser ácido (ácido sulfúrico o ácido nítrico) o alcalino (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, o también dióxido de carbono), más un oxidante tal como agua oxigenada.
Cualquiera sea el lixiviante elegido, este presenta problemas serios para la integridad del acuífero y la salud de los seres vivos. Los lixiviantes ácidos son más agresivos y diluyen fácilmente todo tipo de minerales incorporando metales pesados al agua que se bombea a la superficie, incluyendo arsénico, selenio, plomo, vanadio y otros. Además de metales pesados también aumenta la disolución de oligoelementos, es decir, los metales necesarios para el funcionamiento de organismos vivos. Estos oligoelementos quedan en el agua del acuífero y se incorporan a los organismos produciendo desbalances y enfermedades.
Por su parte los lixiviantes alcalinos no son tan agresivos pero contribuyen a aumentar la disolución de elementos radiactivos, particularmente radio-226. Cuando llega a la superficie este elemento continúa con su proceso natural de desintegración radiactiva produciendo radón-222. Tanto uno como otro son peligrosos agentes cancerígenos que expondrán a los trabajadores de la mina, a los vecinos del lugar y de las localidades de la costa chubutense a serios riesgos para su salud.
De acuerdo a experiencias internacionales, es imprescindible que el acuífero esté perfectamente encapsulado, en su totalidad, por depósitos sedimentarios impermeables. Sin embargo, debido a la forma irregular de los acuíferos, plegamientos y fallas geológicas, fallas de bombas durante la operación, y roturas de cañerías inevitables al trabajar con elementos corrosivos, es imposible garantizar la operación segura de estos emprendimientos. Esta misma experiencia internacional nos muestra los daños causados y las multas y penalidades sufridas por las compañías mineras ante los incidentes frecuentes en estas operaciones.
El desarrollo de estos proyectos implica la instalación de cientos, o miles, de pozos inyectores y productores. Se inyectarán dentro del acuífero cientos de toneladas de lixiviante durante los 15, 20 o 30 años que dure el proyecto, al cabo del cual el acuífero quedará completamente destruido a perpetuidad. Todo esto en momentos que el mundo entero está padeciendo el agotamiento y contaminación de fuentes tradicionales de agua dulce.
A la destrucción del acuífero se sumará los daños producidos por la planta de procesamiento. El uranio extraído del acuífero deberá ser procesado en superficie para obtener la “torta amarilla” de uranio, es decir el compuesto uranífero que luego se deberá enriquecer en la planta de Pilcaniyeu (cerca de Bariloche), convertirse en dióxido de uranio en la planta de Dioxitek (ahora en Alta Córdoba, luego en Formosa), transportarse a Ezeiza para la producción del combustible nuclear y, finalmente, transportarse a las plantas nucleares para su uso (Atucha y Embalse).
Cada uno de estos procesos implica riesgos graves de contaminación radiactiva, escapes y derrames, y exposición a la población, además de generar residuos radiactivos que se acumularán a perpetuidad dado que no hay manera segura de desactivarlos y limpiarlos.
Peor aún, estos proyectos se realizan sin tener licencia de la población. Todos estos proyectos son rechazados no solo por sus riesgos inminentes, sino también por la certeza de que los funcionarios a cargo no serán responsables de cualquier contaminación y daños resultantes. Un ejemplo claro, a la vista de todos, es el estado en que se encuentran las minas de uranio abandonadas en toda la Argentina.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) faltó a su responsabilidad de remediar las minas abandonadas dejando así un reguero de contaminación en cada uno de sus proyectos. Para citar algunos ejemplos se puede mencionar a la abandonada mina Los Gigantes, en Córdoba, donde el drenaje ácido de mina termina desembocando en la cuenca del lago San Roque. Por su parte la mina abandonada de Sierra Pintada, a 40 km de San Rafael, Mendoza, descarga sus pestilencias en los ríos Atuel y Diamante. No solo que no se hizo ningún esfuerzo para remediar estas minas, sino que se empeoró su situación al usar estas minas como vertedero de residuos radiactivos provenientes de la planta de conversión química de Dioxitek.
Nuevamente la CNEA trabaja contra los intereses del pueblo argentino al ser partícipe del proyecto planeado por el Gobierno central a espaldas de la población. Durante años lideró programas de exploración de uranio en el Chubut y otras provincias, para ahora entregar esta información al mejor postor.
La zona donde se planea instalar la explotación de uranio está ubicada en el centro de la meseta chubutense, a orillas del río Chubut. Los acuíferos afectados desembocan en este río, el cual llegará cargado de contaminación a las poblaciones que dependen de sus aguas: Los Altares, Las Plumas, 28 de Julio, Dolavon, Gaiman, Trelew, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn. Por su parte la provincia de Río Negro también está amenazada dado que se encontró depósitos de uranio entre Lamarque y Valcheta.
Además de la contaminación radiactiva remanente en piletas de evaporación, diques de cola y desechos industriales, el aire de la zona quedará contaminado con radón y polvo de uranio, los cuales pueden volar cientos de kilómetros y afectar directamente a las poblaciones costeras.
Una vez más, el Gobierno argentino se pone al servicio del capital, aunque esto implique la destrucción de un acuífero, riesgos graves a la salud de las personas y el desplazamiento de las actividades tradicionales de las regiones afectadas.
La pregunta es: ¿hasta cuándo aguantará el pueblo argentino los desmanes, la codicia y la desidia de este gobierno?
* El autor es Licenciado en Geografía, ex trabajador petrolero de YPF y coautor del libro “Veinte Mitos y Realidades del Fracking” (2014), señaló La Izquierda Diario.
