A través de la Jefatura de Gabinete, reasignó créditos y recursos con tres decisiones administrativas, tras negarse a seguir adelante con el proyecto que había presentado el gobierno anterior.
Una de las primeras medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández fue la prórroga del Presupuesto 2019, por entender que la iniciativa que se había presentado en el Congreso para 2020 era “un dibujo” y que se requería de más tiempo e información para elaborar un nuevo cálculo de gastos y recursos, cuyo proyecto podría presentarse para marzo o abril, si es que no hay nuevas postergaciones.
Además de la prórroga, el nuevo gobierno realizó tres modificaciones presupuestarias, en las tres primeras decisiones administrativas suscriptas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con un resultado inusual: el déficit financiero se redujo en $64.410 millones, pese a que generalmente las intervenciones del Poder Ejecutivo son ampliaciones del gasto que deriva en una desmejora del resultado fiscal
No obstante, esa reducción no fue el resultado de un recorte abrupto en el gasto público sino al diferimiento de pagos de la deuda pública, en el marco de la futura negociación con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Más allá de las diferentes concepciones económicas entre el actual gobierno y el del ex presidente Mauricio Macri, el nuevo organigrama de la Administración Pública Nacional implicó necesariamente una reasignación de los créditos presupuestarios, al pasarse de 10 a 20 ministerios, comenta INFOBAE.
El proyecto de ley de Presupuesto fue presentado en Diputados el 15 de septiembre por el entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pero había sido elaborado por su predecesor, Nicolás Dujovne, a quien había reemplazado el mes anterior.
En la iniciativa presentada por Lacunza, se prevé para el año en curso un dólar a $67 en promedio que llegaría a $75 en diciembre, un crecimiento de la economía del 1% y una inflación del 34%, sin mención alguna al “reperfilamiento” que el propio ministro había anunciado días atrás.
Con esos antecedentes, Fernández anunció en su mensaje a la Asamblea Legislativa su decisión de no darle tratamiento parlamentario al proyecto, debido a que “sus números no reflejan ni la realidad de la economía ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido”.
De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, disminuyen $86.180 millones los servicios de la Deuda pública, a partir de la reducción de intereses por $62.881 millones y comisiones por $908 millones de la deuda en moneda nacional y extranjera, además de un recorte de $12.391 millones en pagos de intereses de préstamos del sector externo y de $10.000 millones en primas de emisión de valores públicos en moneda nacional.
De las tres decisiones administrativas (D.A.), la segunda es la más importante por su su impacto en las cuentas públicas, ya que incrementa los recursos en $20.000 millones (en concepto de Rentas de la Propiedad de la ANSeS) y concreta el mencionado recorte de gastos en $ 86.180 millones, de lo que resulta una mejora en el resultado financiero de $106.180 millones.
En las otras dos medidas, por el contrario, el déficit financiero se incrementa: en la D.A. 1/19, Cafiero autorizó un aumento del desbalance fiscal de $39.770 millones, con una suba del gasto de $40.262 millones y de los recursos de $ 492 millones, en tanto en la D.A. 3/19 las erogaciones se incrementan en $ 4.523 millones y los recursos en $2.523 millones, generándose un aumento del déficit financiero de $2.000 millones.
Las modificaciones presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo, ya sea a través de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete o decretos de necesidad y urgencia del presidente, se hicieron habituales en las últimos quince años, principalmente porque las leyes de Presupuesto se elaboran en base a supuestos de inflación que terminan siendo superados por la realidad.
Si bien en la mayoría de los regímenes democráticos los gobiernos que asumen siguen aplicando el Presupuesto elaborado por la administración anterior, la Argentina cuenta con algunas particularidades.
La hiperinflación de 1989 desvirtuó cualquier previsión fiscal y financiera, en tiempos en que no se cumplía con la sanción de la ley de Presupuesto en tiempo y forma, por lo que el traspaso adelantado de Raúl Alfonsín a Carlos Menem no tuvo entre sus prioridades el cumplimiento del cálculo de gastos y recursos.
Fernando de la Rúa asumió con el Presupuesto elaborado por Roque Fernández, ultimo ministro de Economía de Menem, y debió recurrir a la modificación de las escalas del impuesto a las Ganancias –que pasaron a la historia como “la tablita de Machinea”– para cumplir con la “ley de leyes”, cuyos gastos amplió en un 5% mediante decretos y decisiones administrativas.
Eduardo Duhalde giró al Congreso un nuevo proyecto de ley, ya que el anterior, presentado en septiembre de 2001 por Domingo Cavallo, había quedado desvirtuado por el fin de la Convertibilidad y la primera devaluación en once años. En la elaboración del proyecto original, se había partido del supuesto de un crecimiento del PBI del 7,5%, pero en los hechos 2002 fue el año de la mayor caída de la actividad económica de la historia, con un derrumbe del 10,6%.
Néstor Kirchner no tuvo inconvenientes con el Presupuesto heredado, ya que Roberto Lavagna continuó al frente del Ministerio de Economía, en tanto Cristina Fernández de Kirchner ejecutó a fines de 2010 la primera prórroga desde la sanción de la ley de Administración Financiera. No fue por un recambio presidencial sino por su negativa a acceder modificaciones por parte de la Cámara de Diputados,
Macri se desempeñó en su primer año de gobierno con un presupuesto elaborado por Axel Kicillof, al que le aplicó sucesivas modificaciones mediante DNUs y decisiones administrativas. Así, en 2016 las ampliaciones presupuestarias representaron el equivalente al 41,1% de la ley sancionada en el Congreso, el mayor nivel de modificaciones registrado hasta hoy.
Por último, Fernández decidió prorrogar e inmediatamente modificar el Presupuesto del año anterior, a la espera que las negociaciones con los acreedores clarifiquen el panorama de gastos y recursos y esté en condiciones de presentar un proyecto para un período más corto que el tradicional de doce meses.