La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh) convocó con carácter de urgente a una Asamblea Extraordinaria para el día 7 de febrero de 2020 «para resolver que acciones se van a llevar a cabo luego de conocer por los medios el Plan de Ajuste anunciado por el Señor Gobernador de la provincia para el Poder Ejecutivo, invitando a los demás Poderes del Estado a adherir al mismo plan de acción. Por su parte el Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia adelantó que congelaría por seis meses los sueldos, suspendiendo por ese plazo la aplicación de los aumentos que otorgue la Corte Suprema de Justicia de la Nación», dice el comunicado.
«En este sentido hemos de manifestar que mantuvimos comunicación con el STJ, haciendo saber la preocupación de todos los asociados por la incertidumbre de dichas medidas y la necesidad que el Máximo Tribunal encabece las acciones dirigidas a preservar la intangibilidad de nuestros haberes, garante de la independencia judicial. Tras ello, fuimos anoticiados de la intención de suspender la aplicación de los aumentos otorgados por la CSJN por el plazo de seis meses y convocados por el Dr. Mario Vivas a una reunión que se acordó realizar la primera semana de febrero, en que estarían reintegrados todos los Ministros y en concordancia con la fecha de nuestra Asamblea», agrega el parte oficial de la AMFJCh.
«Hemos sostenido que la eliminación del déficit financiero provincial no puede depender de la reducción de gastos del funcionamiento del Poder Judicial que representa solamente el seis por ciento (6%) del presupuesto provincial y menos aún del congelamiento de salarios en el contexto inflacionario en el que funciona anormalmente la economía argentina. El Poder Judicial tiene 1.800 dependientes que representan un tres por ciento (3%) de la planta total de empleadas/os público que, según información extraoficial, supera los sesenta mil».
«A diferencia de lo que ocurre con los demás Poderes, la magistratura y funcionariado judicial deben acreditar entre dos y diez años de ejercicio de la abogacía y participar de un concurso público de antecedentes y oposición para acceder al cargo; sus decisiones son revisadas por el sistema previsto en cada proceso en las diversas instancias hasta llegar a la C.S.J.N.; son evaluados a los tres años por el Consejo de la Magistratura y en su caso, removidos por sumario o por juicio político por mal desempeño. Como se advierte, el régimen laboral de quienes integramos el Poder Judicial dista, para bien, del régimen del funcionariado de los demás Poderes del Estado».
«En el Poder Ejecutivo Provincial hay –al menos- 540 funcionarios que cobran el mismo salario que la Judicatura, a quienes no se los somete a una evaluación de su idoneidad y a diferencia de la Magistratura y Funcionariado Judicial -sobre los que pesa una prohibición legal para hacerlo- mantienen paralelamente a su función otras actividades económicas rentables», cuestiona la AMFJCh.
«También hacemos conocer nuestra oposición al sistema de retiro voluntario, puesto que no solo se trata de una simple transferencia de gastos, con el agravante que deberá ser soportada por la Caja de Seguridad Social, que ya padece las graves consecuencias de las erróneas administraciones que se han sucedido en el tiempo en los últimos años, sino que implica la necesidad de cubrir el cargo de quien se retira, aumentando con ello y en definitiva la masa salarial que se pretendería reducir con esta medida».
«Finalmente, señalamos que resulta imperiosa la necesidad que el Ministro de Economía, informe la fecha de pago del salario del mes de diciembre de 2019. La falta de información precisa nos determina a exigirla mediante la presente. A más de seis meses de haber estallado la crisis económica de Chubut resulta imposible justificar la falta de previsibilidad en la administración de los dineros públicos, destacando que el estado permanente de incertidumbre en el cobro de los salarios durante tantos meses consecutivos ha exasperado los ánimos de la sociedad en su conjunto».