Según publicó el sitio especializado en energía EconoJournal, el estudio jurídico Latham&Watkins habría enviado al gobernador Mariano Arcioni una carta en la que, en representación de los fondos tenedores de los títulos de deuda de la provincia, advierten que “nuestros clientes no renegociarán los términos del contrato ni eximirán a la provincia de sus obligaciones contractuales”.
La carta, además del gobernador, fue dirigida a su vice, Ricardo Sastre, como también al ministro de Economía, Oscar Antonena y de Hidrocarburos, Martín Cerdá, entre otros.
Fue tras el anuncio del gobernador de que, en el marco de las medidas impulsadas por el gobierno para sanear la emergencia, apuntaría a renegociar vencimientos, que este año insumen cancelaciones por 125 millones de dólares, mientras que hasta 2026 plantea vencimientos del orden de los 800 millones de dólares (sumando los bonos Bocade, el Bopro y el Bodic 2).
Serio riesgo legal de una demanda internacional
“No entendemos la supuesta necesidad de reperfilar los Títulos de deuda de 2026, expresa la carta. La liquidez generada por la Garantía continúa respaldando cómodamente el servicio de deuda de los Títulos de Deuda de 2026 que, como señalamos anteriormente, equivale aproximadamente a 10.000 millones de pesos en liquidez en los últimos cuatro trimestres, comparado con los 2.351 millones equivalentes al servicio de deuda de los Títulos de Deuda 2026”.
El tono del escrito avanza en una advertencia formal de una posible acción judicial: “En caso de que la provincia no cumpla con sus obligaciones con los titulares de los Títulos de Deuda de 2026 (cuando entendemos que la garantía en sí es más que adecuada para cumplir con estas obligaciones) nuestros clientes harán cumplir los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Fideicomiso Argentino en virtud de las leyes argentinas y estadounidense. Para ello, nuestros clientes utilizarán todas las vías disponibles a su disposición, incluida la búsqueda de todos y cada uno de los recursos disponibles en la ley y en la equidad en los tribunales de Estados Unidos y Argentina”.
Añade el texto que una decisión de estas características por parte de la provincia perjudicaría no sólo a Chubut por las eventuales consecuencias legales, sino también a otras provincias y al país en su conjunto, debido a que dañaría la estructura del fideicomiso creado para atraer inversiones.
“El abandono por parte de la provincia de sus obligaciones en virtud de los Títulos de Deuda de 2026 en estas circunstancias no sólo expondrá a la provincia a un riesgo legal significativo. También perjudicará la estructura del fideicomiso en Argentina, que se ha utilizado para atraer y promover la inversión tanto en la provincia en otras provincias y empresas dentro de la República Argentina”.