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Un grupo de acreedores granarios damnificados por el concurso de Vicentin elevaron una propuesta a la agroexportadora para evitar su “desguace”, consistente en la capitalización de acreencias, planes de pago con quitas para quienes no capitalicen, acuerdo con acreedores financieros y el apoyo de los estados nacional y provincial junto al Banco de la Nación Argentina (BNA).

La propuesta contempla “separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas”, en coincidencia con el plan de Santa Fe que fue rechazado el año pasado por Vicentin.El planteo, entregado este miércoles a la conducción de la cerealera, está firmado por unos 70 acreedores granarios del concurso.

La nota, a la que accedió Télam, señala en su encabezado que los acreedores granarios firmantes “nos hemos comprometido en aunar esfuerzos para colaborar en la reactivación de la firma Vicentin SAIC, como proyecto superador a cualquier alternativa de desguace”.

Sostienen como vital “la importancia que una parte significativa de los acreedores capitalicen sus deudas y se comprometan a aportar granos y capital de trabajo”.

Según ese grupo de acreedores, “en la situación existente, es económicamente inviable que un nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la compañía y además para cancelar pasivo”, que es la salida que busca la nueva conducción de Vicentin.

El plan de salvataje que proponen los proveedores de granos damnificados consiste en capitalizar “gran parte de las acreencias” lo cual, subrayan, “generará la perdida de participación de los accionistas actuales”.

También proponen “planes de pagos a quienes no capitalicen, con quitas y/o espera”, así como “acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento” de la firma.

El plan supone también “acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo” –los bancos son los principales acreedores en el concurso- y la separación de la actual conducción de la operación de la empresa.

“Hemos estudiado en profundidad las alternativas para este tipo de reestructuraciones y creemos firmemente que la participación del Estado nacional y el de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución”, afirman las 70 empresas que son acreedores granarios de Vicentin, que entró el cesación de pagos en diciembre de 2019 y presentó su propio concurso en febrero del año pasado.

En la nota dirigida al presidente del directorio, Omar Scarel, el grupo de acreedores afirma que en las actuales condiciones es improbable que la compañía “vuelva a comprar el volumen necesario de granos para un plan eficiente” y que pueda “recomponer el capital de trabajo”, así como vender “el paquete de control accionario a un inversor que realice un plan de pagos aceptable por los acreedores”.

Por último, el plan indica que “los accionistas actuales deberán proponer un mecanismo ineludible, a satisfacción de los acreedores, que asegure la transferencia del 100% de las acciones si se llega a un plan de reestructuración exitoso”, y fija el 1 de febrero de 2025 como fecha para determinar el valor de la empresa.

La mayor parte de la deuda de Vicentin quedó verificada en dólares y fue tomada con entidades financieras locales y extranjeras, siendo el BNA el acreedor individual de mayor monto, con casi U$S 300 millones

Consultados por Télam, fuentes del Banco Nación aseguraron que la propuesta «es más que razonable» y que la entidad estaría dispuesta a brindar financiamiento a una nueva gerencia, siempre y cuando incluya representantes de los estados nacional y provincial y a ningún director asociado con la anterior gestión de Vicentin.

En ese sentido, si bien aclararon que «hay observaciones» a la propuesta ya que, por ejemplo, el estatuto del BNA prohíbe capitalizar deuda o prestar financiamiento a una empresa que incumplió el repago de créditos, adhirieron a la idea de llegar a una solución consensuada y, así, evitar la quiebra.

«Si no hay acuerdo antes de septiembre el juez dictará la quiebra y, en ese caso, todos los acreedores de Vicentin tendrán que repartirse lo poco que quede de la empresa cuando, en realidad, es viable recuperarla con una nueva gestión», aseguraron las fuentes.

El juez del concurso, Fabián Lorenzini, admitió en enero pasado 1.727 acreedores verificados en el concurso, de los cuales la gran mayoría -1.290, equivalente al 75 por ciento- son acreedores granarios.

De ellos, 390 reclamaron la verificación de sus créditos en dólares, pero el magistrado pesificó la deuda de la agroexportadora a un dólar de $65, de acuerdo con la cotización de febrero, cuando se inició el proceso.

Un grupo de acreedores que ostenta más del 25% de los títulos de deuda de YPF por un total US$ 6.600 anunció hoy su apoyo a la última propuesta de reestructuración que hizo la petrolera mientras que otro, que asegura tener cerca del 45% de los títulos, rechazó los términos, aunque se mostró dispuesto a seguir negociando con la compañía.

Quien se mostró a favor fue el Grupo Dechert, que posee cerca de una cuarta parte de cada una de las siete series de los bonos que la petrolera busca renegociar para, así, evitar el pago de un vencimiento por US$ 413 millones que debería afrontar el 23 de marzo.

«La (última) oferta de canje constituyó un ambicioso esfuerzo de la Compañía para lograr concesiones de sus acreedores internacionales», expresó el Grupo Dechert en un comunicado, en el que sostuvo que «con estas modificaciones, la Oferta de Canje y los términos comerciales subyacentes fueron mejorados significativamente, poniendo la Oferta de Canje en línea con los estándares del mercado».

El pasado 7 de enero, YPF propuso a sus acreedores canjear títulos de deuda por US$ 6.600 millones por nuevos papeles, aunque una recepción adversa de su primera propuesta llevó a la compañía a modificar la oferta en tres oportunidades: el 14 de enero, el 25 de enero y, más recientemente, el 1 de febrero.

Según el grupo de acreedores liderados por el fondo de capital de riesgo Oaktree Capital Management, «la mejora de los términos anunciados por la Compañía son dignos de una seria consideración por parte de los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021».

Ene se sentido, afirmó que «cualquier mejora adicional parece difícil de lograr debido a la combinación de restricciones de tiempo y los controles de capital existentes en Argentina».

Sin embargo, un grupo de acreedores patrocinado por el estudio Clifford Chance y que integran, entre otros, los fondos Fidelity, Ashmore y BlackRock -quienes habían participado el año pasado del canje de deuda nacional en moneda extranjera- indicó que no ofrecería sus bonos en el canje, de acuerdo con un comunicado consignado por Bloomberg.

La oferta “representa una mejora respecto de los términos previamente anunciados por la compañía pero omite ofrecer una solución equilibrada, incluyendo un trato adecuado a los bonos con vencimiento el 23 de marzo de 2021”, afirma el comunicado.

El grupo también dijo que presentó una contrapropuesta a YPF que proporcionaría “ahorro en la carga de intereses para los próximos años con tasas de interés menores a las de mercado”.

La íltima propuesta de YPF

Vale recordar que este viernes vence el plazo de aceptación de la última propuesta de refinanciación de deuda que hizo YPF, en la que incluyó una serie de mejoras como el pago en efectivo de US$ 1.000 millones en lugar de US$ 283 millones, un aumento en el interés de los bonos de 8,5% a 9% y el abandono a la propuesta inicial de dejar dos años sin pago de intereses.

Las modificaciones buscan dar más atractivo a nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 que ofrece la compañía a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021.

Según explicó la empresa, se trató de «un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores».

Con este ajuste la empresa espera alcanzar con éxito el final del proceso en curso que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir a más tardar el día 12 de febrero, fecha límite para la liquidación del canje y emisión de los nuevos títulos.

Los voceros de YPF consultados destacaron que se espera contar con la participación de un número importante de sus inversores con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

El comité ad hoc de bancos acreedores internacionales de Vicentin solicitó constituirse como querellante en una causa por presuntas estafas iniciada por proveedores de cereales en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, en la cual un juez dictó una medida de no innovar que impide la venta de activos, informaron hoy fuentes judiciales.

Los bancos extranjeros, que reclaman acreencias por alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo de la cerealera, quieren saber si Vicentin presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.

También plantean que se investigue si la firma incurrió en fraude con al menos uno de los miembros del comité ad hoc, “a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”, según un comunicado de los bancos.

La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros de Vicentin por el abogado Guillermo Jorge, del estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi.

“La presentación se realizó ayer para ser considerado querellante en la causa y se resolverá en los próximos días”, dijeron a Télam voceros judiciales.

La investigación se inició en julio pasado ante la presentación de Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA, quien solicitó al fiscal Miguel Moreno que investigue una presunta estafa.

Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.

El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.

En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores que tramita desde marzo pasado.

Según el comunicado difundido hoy por el comité de bancos acreedores internacionales, “el análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios. La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos”.

De acuerdo a la presentación, presumen que en “lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”.

Por su parte, la asamblea de accionistas de la empresa se reunirá el próximo 15 de este mes para tratar la renuncia de todo el directorio –elevada a mediados de septiembre- y la designación de nuevos directivos, en procura de generar confianza en el mercado para enfrentar el concurso de acreedores, en el que acumula deudas por unos U$S1.400 millones.

La compañía anunció días atrás que contrató al banco de inversión estadounidense Maxim Group para que la “asesore en el proceso de reestructuración” y en la búsqueda de nuevos inversores, así como en el diseño de un plan de negocios para “recuperar la senda de desarrollo”.

Se trata de los grupos Ad Hoc y Bonistas del Canje (Exchange Bonholders), que habían mostrado un perfil menos dialoguista durante el proceso de negociación con el país pero que, finalmente, se sumaron a un acuerdo conjunto con el país a principios de mes.

Los dos principales grupos de acreedores privados de deuda con legislación extranjera de la Argentina firmaron este lunes un comunicado conjunto en el expresaron su apoyo a la oferta modificada que el Gobierno nacional presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).

“Tras un compromiso constructivo y exitoso con el gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos argentinos y el Grupo Exchange Bondholders confirmamos nuestro apoyo a la oferta modificada anunciada este lunes por la República Argentina”, señalaron ambos grupos en un escueto comunicado conjunto.

Entre los fondos de inversión que forman parte de Ad Hoc están BlackRock, Ashmore y Fidelity, mientras que en el Exchange participan Monarch y HBK, entre otros, quienes aseguraron tener el 32% de los bonos a reestructurar por un total de US$ 21.000 millones, según manifestaron ambos grupos en comunicados conjuntos durante la negociación.

“Como inversionistas a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un crecimiento inclusivo en el mundo post-Covid”.

La oferta presentada este lunes ante la SEC significó el último paso luego de una extensa negociación con el Gobierno nacional, y que en los últimos días se concentró en definir los detalles legales y mecanismos de pago que regirán a los nuevos títulos que, se espera, se emitan el 4 de septiembre.

El presidente Alberto Fernández aseguró que «hoy el orgullo nacional se gana plantándose frente a los acreedores y exigiéndoles» que no le hagan pagar a la Argentina «una deuda a costa del pueblo» y también en lograr producir una vacuna «que termine con la pandemia», al encabezar el acto por el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín.

«El orgullo nacional nos lleva a plantarnos frente al mundo y decirles que queremos ser parte de la construcción de una vacuna que termine con la pandemia y que nadie lucre con eso y lo hemos logrado», sostuvo Fernández.

El Presidente recordó a San Martín como «un hombre inmenso», «inigualable» y «un modelo de conducta a seguir», y dijo que «solo estuvo 12 años en el continente» en los que creó el batallón de granaderos y un ejército para cruzar los Andes como parte de la gesta por la independencia.

Al encabezar la ceremonia, Fernández remarcó que el padre de la Independencia «nunca aceptó ningún reconocimiento» porque «le bastaba con conocer libres a los pueblos».

Pero mencionó también que pese a su virtud, «San Martín fue un hombre poco comprendido en su tiempo y fue víctima de la intolerancia y persecuciones», que lo llevaron al exilio «olvidado por muchos argentinos».

La actividad comenzó pasado el mediodía con la llegada del Presidente al Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, y siguió con con la entonación del Himno Nacional.

El acto continuó con la colocación de una ofrenda floral al pie del busto al general San Martín por parte del mandatario y, previo a su discurso, se realizó un minuto de silencio.

En tanto, el mandatario sostuvo que «hay que recordar y tener memoria, para saber Los Andes que tenemos que cruzar hoy: tenemos que reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente, endeudado de un modo impresionante condicionando el futuro de muchas generaciones y sumido en la pobreza a más del 40% de los argentinos».

El jefe de Estado destacó que, San Martín, junto a Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, Antonio José de Sucre y otros, dieron su vida para que América Latina sea un continente integrado e independiente del Imperio español.

Además, el Presidente resaltó a «los hombres de las Fuerzas armadas, aéreas, que están en cada rincón de Argentina, ayudando donde los argentinos nos necesitan ante cualquier riesgo» y reconoció a las mujeres que integran las fuerzas también, como las grandaderas que hoy visten el uniforme que antes era solo para hombres», con «los mismos derechos».

Estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Defensa, Agustín Rossi, los responsables de las demás carteras nacionales, autoridades de las Fuerzas Armadas y los embajadores de Chile y Perú en Buenos Aires.

Argentina presenta a la SEC la oferta acordada con los acreedores .Se realizará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en los primeros días de la próxima semana. El 4 de septiembre se realizará la entrega de los nuevos bonos, según las pautas acordadas con los principales grupos de inversión.

La Argentina presentará en los primeros días de la semana próxima la nueva oferta a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), sin modificar la fecha de cierre del canje y entrega de los nuevos bonos, prevista para el 4 de septiembre próximo.

Así lo indicaron a Télam fuentes oficiales, que señalaron que esta situación podría desencadenar que se postergue nuevamente el plazo límite para el ingreso al canje, inicialmente previsto para el 24 de agosto.

«Lo importante es que no se modifica la fecha (de «settlement») de la operación, prevista del 4 de septiembre próximo», el momento en que los inversores reciben los nuevos bonos, agregó la fuente.

Debido a cuestiones del proceso, según los entendidos, se necesitan al menos 10 días para realizar la compleja operación internacional que involucra unos 63.500 millones de dólares en títulos a intercambiar.

Respecto de los plazos, los acreedores no mostraron mayor inquietud. «Si la Argentina no lograba presentar la nueva documentación el viernes 14, el próximo día hábil para hacerlo sería el martes (por el feriado en la Argentina), y luego la fecha de cierre para el ingreso se aplazaría hasta el 28 de agosto», estimó Marcelo Delmar, representante de Argentina Creditor Committe, integrante de los tres grupos de acreedores que firmaron el acuerdo.

El retraso tuvo que ver con el tiempo que demandó plasmar en los documentos oficiales del canje las modificaciones acordadas con los acreedores en el pacto sellado el 4 de agosto a la madrugada, entre cambios económicos y legales.

Uno de ellos tiene que ver con el uso de las cláusulas de acción colectiva y la posterior reasignación de los bonos, para arrastrar a los holdouts al canje.

La Argentina acordó con los acreedores la «limitación del uso de la reasignación del canje de bonos», según confirmó Delmar.

Antes del acuerdo, la Argentina había advertido que hacía uso de las facultades aplicando el nuevo esquema de reglas cláusulas de acción colectiva, aplicado internacionalmente desde el 2014, y aprobadas por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (IMCA, por sus siglas en inglés).

El uso de las nuevas cláusulas fue apoyado por el FMI y el G20.

También se había solicitado, a través de las intervenciones públicas del ministro de Economía, Martín Guzmán, que se pronuncie la comunidad internacional, ante la solicitud de los acreedores de imponer cambios en las «reglas standard» para alcanzar un acuerdo.

Igualmente ahora, «se espera que la comunidad internacional se expida sobre las nuevas reglas legales», insistieron las mismas fuentes oficiales, que esperan un pronunciamiento de los grandes actores financieros, sobre las cuestiones legales que fueron consideradas para alcanzar un acuerdo entre la Argentina y los acreedores.

El martes 4 de agosto pasado, a las 3 de la madrugada hora local, el Gobierno anunció que alcanzó un acuerdo con los principales grupos de acreedores y, en ese marco, se estableció una prórroga hasta el 24 de agosto para terminar de materializar el entendimiento.

El acuerdo alcanzado implica ciertos cambios económicos respecto de la oferta presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) el 6 de julio pasado.

En base a cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje, equivalen a 54,9 dólares promedio por cada 100 dólares de deuda nominal.

En particular, con el nuevo esquema los bonos globales emitidos a partir del 2016 tienen un promedio de valor de recupero de 53,6 dólares, mientras que en los bonos de los canjes 2005 y 2010 se ubicarán en torno de 58,7 dolares por cada 100 dólares de deuda nominal.

Los cambios introducidos por el Ministerio de Economía a la propuesta presentada el 6 de julio pasado, no implican un mayor desembolso en los pagos previstos sino una mejora del perfil de flujos de fondos de las acreencias de los bonistas, adelantando ciertos pagos de intereses y de capital.

De esta forma, la nueva propuesta mantiene la estructura general que contempla la emisión de 13 bonos en euros y dólares, con vencimientos entre 2028 y 2046, a los que se suman los títulos específicos con vencimiento en 2030 para el pago de intereses devengados.

Entre los beneficios del acuerdo, en los primeros años se producirá un ahorro en dólares y también pesos, y permitirá despejar vencimientos.

El Gobierno ratificó este sábado que la última propuesta presentada a los acreedores para reestructurar la deuda es la «definitiva» y llamó a aceptarla, aunque aclaró que va a contribuir «a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas».

«La Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias», indicó un comunicado oficial.

En ese sentido, subrayó que «sobre la base de esas premisas, el Gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener».

«Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina», apuntó.

Además, destacó: «La Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores».

«Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina», resaltó y consideró que el último rechazo de los acreedores fue un «lamentable paso hacia atrás».

El Gobierno puntualizó: «Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población, deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados».

«No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto», apuntó y argumentó: «Con más del 50 por ciento de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores».

El apoyo a la propuesta Argentina

En los últimas semanas la Argentina logró el apoyo de diversos sectores para la negociación de la deuda y el viernes James Dimon, el CEO del JP Morgan, uno de los bancos norteamericanos más grandes del mundo, elogió al Gobierno por la negociación de la deuda y consideró que el país tiene «un gran Presidente, que sabe lo que hace».

A su vez, empresarios de la industria, el comercio, la banca y el campo enrolados en el Grupo de los 6 salieron a pedir a los acreedores un «esfuerzo final», en un contexto en el que la CGT también solicitó que los bonistas «comprendan» que la propuesta contempla el «máximo esfuerzo» posible.

El jueves, Hans Humes, CEO de uno de los fondos de inversión que negocia una reestructuración de deuda con la Argentina, evaluó en declaraciones a Radio Rivadavia que la oferta «es razonable».

Por su parte, la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, recomendó a los acreedores de la Argentina que «tomen en serio» la última oferta de canje de deuda a la que calificó de «balanceada y justa».

En ese escenario y tras aceptar la oferta argentina, el fondo Greylock Capital alertó que algunos inversores «no están negociando de buena fe» con el país.

El Presidente participó de un encuentro virtual organizado por el Council of the Americas. Volvió a recalcar el apoyo recibido por parte de los países del G20, el FMI y gran parte del empresariado local, además de otros actores internacionales y locales.

El presidente Alberto Fernández manifestó nuevamente que la oferta presentada por la Argentina «es el último esfuerzo que podemos hacer», al ratificar la propuesta presentada en la primera semana de julio que fue rechazada durante la víspera por tres grupos de acreedores.

«Confío en que los acreedores entiendan que es el último esfuerzo que podemos hacer», dijo esta tarde el Presidente ante un auditorio de empresarios, fondos de inversión y acreedores de la Argentina en el marco de un encuentro virtual organizado por el Council of the Americas.

«Confió en que los acreedores van a entender lo que estamos proponiendo; esto es lo que podemos hacer», repitió el jefe del Estado, quien subrayó que la oferta argentina «no es un capricho, es sensatez».

Fernández enfatizó en varias oportunidades la idea de que la propuesta presentada el 6 de julio pasado es «la que podemos hacer», al tiempo que habló del futuro económico de la Argentina, la crisis de deuda provocada por el macrismo y su profundización durante la pandemia de coronavirus.

La última oferta presentada por la Argentina contuvo una importante mejora respecto a la propuesta presentada el pasado 21 de abril, de casi 13 dólares cada 100 dólares de valor nominal de deuda, al ubicarse dentro de un rango de entre 53 a 58 dólares de valor de recupero.

Así lo indicó el ministro de Economía, durante su exposición en un encuentro virtual al que asistieron empresarios de la American Society, organizado por el Council of Americas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se mostró esperanzado en “continuar con las negociaciones de la deuda extranjera, con un proceso constructivo, que sea legitimado por nuestra sociedad”.

“Esperamos ser capaces de alcanzar un mejor entendimiento con los acreedores”, señaló Guzmán, al participar de un encuentro virtual al que asistieron empresarios de la American Society, organizado por el Council of Americas.

El funcionario diferenció a los acreedores en, al menos, dos grandes grupos, y señaló a uno de ellos, el denominado AD HOC, como el responsable de poner trabas contractuales que van en contra de las normas utilizadas por los países del G20 para los procesos de reestructuración de la deuda.

También especificó que es intención de Argentina negociar un nuevo programa con el FMI, “después de la reestructuración de deuda”.

Al respecto, dijo que será un programa diferente al que se encuentra vigente, suscripto por el gobierno de Mauricio Macri, por el que se desembolsaron unos 47.000 millones de dólares.

Guzmán anticipó, además, que “ la revisión del programa (con el FMI) no será cuestión de días o semanas, tomará tiempo”.

“Tiene que tener la legitimidad de la sociedad argentina como un todo”, agregó, al respecto.

“Esperamos ir a un proceso similar al de los acreedores privados en orden de ir alcanzando un acuerdo, como es el proceso con los privados, que tenga legitimidad y ponga al argentina de nuevo de pie”, sostuvo el ministro.

En el tramo de preguntas, Guzmán fue consultado por varios empresarios sobre el día después de la cuarentena impuesta por la pandemia y por el rol del Estado con el sector privado, en particular tras el anuncio de expropiación de Vicentin.

«Queremos ser claros que creemos en un Estado inteligente, con un importante rol en las políticas productivas para el sector privado”, respondió el funcionario.

En su exposición, Guzmán también realizó un planeo sobre políticas aplicadas para sortear al crisis de la Covid-19 y sobre los objetivos que se propone la administración de Alberto Fernández para sanear las cuentas fiscales y conseguir divisas para la economía argentina.

El gobierno argentino mejoró para los acreedores la oferta de reestructuración de la deuda reconociendo un valor de 50 dólares por lámina de 100 dólares de valor nominal y un cupón atado a las exportaciones aunque los bonistas han rechazado esa oferta y quieren cobrar más.

En un comunicado, el Palacio de Hacienda señaló que los acreedores «respondieron a la información provista por Argentina proponiendo ajustes (…) con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI».

Más adelante, el gobierno puntualizó que «el proceso de negociación con nuestra comunidad inversora reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente. La República evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica».

El vencimiento de la invitación está programado para el viernes 19 de junio, si bien el gobierno no descartó la posibilidad de poder ampliar nuevamente ese plazo.

Por el lado de los acreedores, el grupo denominado Ad Hoc Bondholder Group dijo que «la Argentina rechazó una sostenible y sensata solución».

El grupo Ad Hoc -en un comunicado- afirmó que «dado el fracaso de las negociaciones de los tenedores de bonos, nuestro Grupo ahora está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestro capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos alrededor del mundo».

El documento de Ad Hoc sostiene que «nuestra última y mejorada propuesta proporciona un amplio espacio fiscal para que Argentina implemente políticas responsables para abordar los desafíos económicos y sociales inmediatos que enfrenta Argentina, incluso en respuesta a la crisis de Covid-19, mientras que al mismo tiempo se preserva el derecho para los tenedores de bonos internacionales».

Según este grupo, la última oferta de Ad Hoc «proporcionó un alivio de unos 38 mil millones de dólares de flujo de efectivo, durante un período de 9 años, al tiempo que proporcionó otro alivio adicional de 23 mil millones de dólares de alivio de efectivo entre 2020-2023».

De acuerdo con el comunicado de Ad Hoc, la oferta incluyó reducciones de cupones con un promedio de 42%.

El grupo destacó también que «con los nuevos bonos emitidos bajo nuestra nueva propuesta se han extendido vencimientos en comparación con el stock de deuda existente, con un promedio de vencimientos de 12,7 años y sin pagos de amortización hasta 2025».

Otro grupo, en este caso el compuesto por ACC, Gramercy, Fintech y Oaktree – denominado «Grupo de titulares de bonos» o «BG»- dijo que su oferta «cumple con el marco de sostenibilidad de la deuda de Argentina».

Según BG, su oferta «utiliza los mismos bonos de salida que en la propuesta de Argentina y reduce el recorte al 1% en bonos globales y establece fechas de pago en enero y julio de cada año para todas las categorías de bonos».

Para los tenedores que acepten la oferta en primera instancia habrá incentivos como el acceso al primer bono de salida con vencimiento en 2030, una tarifa de incentivo adicional y un instrumento de recuperación de valor (VIR) equivalente a un cupón móvil atado al exceso de las exportaciones en un período de 5 años, tomando como base un monto exportado de 47.000 millones de dólares para 2020, ajustado al 1% anual.