El caso contra el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas podría extenderse hasta finales de 2020 y se centra en supuestos millonarios sobornos que habrían recibido las personas mencionadas, entre las que además del exmandatario resaltan el ex vicepresidente Glas, el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
La Fiscalía acusa al exmandatario de dirigir su partido político, Alianza País, como una organización criminal, debido a que, presuntamente, habría canalizado grandes sumas de dinero en pagos de empresas privadas para financiar ilegalmente su campaña electoral.
La audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho dentro del caso «Sobornos 2012-2016» comenzó formalmente este 10 de febrero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y en sus primeros 90 minutos participaron con sus alegatos de apertura la fiscal general Diana Salazar; el procurador Íñigo Salvador y los abogados de cinco procesados: Bolívar Sánchez, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Laura Terán.
La Fiscalía anunció que probará que existió una organización criminal encabezada por el entonces presidente, en la que operaron empleados gubernamentales de diferentes jerarquías, una acusación que el expresidente ha negado reiteradas veces.
Rafael Correa: esta es una «acusación cantinflesca»
Correa ha reiterado que quieren bloquearle sus posibilidades electorales, que es víctima de «persecución política» y que la serie de indagaciones judiciales en su contra demuestran la «desesperación» de sus opositores.
«Para que haya corrupción es obvio que alguien debió enriquecerse. No somos nosotros los que tenemos las cuentas ‘offshore’, empresas en paraísos fiscales, es el Gobierno encubierto por fiscal, el resto de autoridades de Estado, la prensa», respondió con ataque el expresidente en un video publicado el pasado 5 de febrero.
El exmandatario ha calificado el proceso en su contra como una «gran payasada» y de «acusación cantinflesca» pues a su juicio no hay bases jurídicas para juzgarlo.
«¿Creen que Moreno que fue vicepresidente no se iba a dar cuenta de (la existencia de) una organización criminal liderada por el propio presidente de la República?», increpó a sus seguidores en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Los abogados del exmandatario plantearon un recurso de recusación porque consideran que los jueces que llevan adelante el juicio no son competentes y consideraron por lo tanto que la audiencia debería ser suspendida.
El principal defensor legal de Correa, Fausto Jarrín, indicó a los medios que ejercería «todos los derechos» como «por ejemplo dudar de la imparcialidad de un tribunal».
El avance de los procesos definirán si Correa puede ser o no candidato a legislador
Por su parte, Correa no puede aspirar a una nueva reelección por una enmienda aprobada en el referendo de febrero de 2018 que fija límites de plazos presidenciales, pero sí podría postularse para legislador en las elecciones nacionales de febrero de 2021, lo que le daría fuero parlamentario para no ser enjuiciado. Pero si existe una sentencia ejecutoriada antes del 20 de noviembre, el expresidente no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular.
El analista Santiago Basabe, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que Correa cuenta aún con mucha aceptación en los ecuatorianos: «Diez años no son poco. Hay mucha gente que le guarda respaldo (…) La gente ya está diciendo: ‘con Correa estábamos mejor'».
Aunque el expresidente viajó a Bélgica poco después de dejar el poder, su influencia sigue latente en la esfera política ecuatoriana. Correa, que critica duramente al actual presidente Lenín Moreno, su exaliado y ex vicepresidente a quien acusa de haber traicionado los postulados del movimiento Alianza País, repite con insistencia que «recuperaremos la patria».
