El Gobierno de transición de Sudán expresó este martes su acuerdo para enviar a la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Omar Al Bashir, en el marco de las negociaciones de paz que mantiene con distintos grupos rebeldes que operan en la región de Darfur.
El anuncio se realizó el martes en Juba, la capital del vecino Sudán del Sur, donde las dos partes están en conversaciones de paz.
«Solo podemos lograr justicia si curamos las heridas … y no podemos escapar de enfrentarlas … sin la aparición de aquellos contra quienes la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto», indicó Mohamed Hassan al-Taishi, miembro del consejo soberano de Sudán.
El ex presidente al-Bashir , quien fue derrocado después de protestas masivas el año pasado, es buscado por la CPI, acusado de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad por el conflicto que estalló en la región del país en Darfur en 2003.
Al Taishi ha resaltado que, además, se han pactado otros puntos relativos a la justicia de transición y el proceso de reconciliación, según ha informado la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.
En este sentido, reiteró que la decisión del Gobierno de enviar al CPI a aquellos requeridos por el tribunal supone el cumplimiento de una de las demandas del levantamiento popular que derivó en abril de 2019 en el golpe de Estado militar que sacó del poder al propio Al Bashir.
Desde el año pasado, el gobierno de transición negocia con varios grupos rebeldes de Sudán del Sur poner fin a los conflictos en las regiones de Darfur, en Sudán occidental, Nilo Azul y Kordofán del Sur.
El Gobierno de Sudán y los rebeldes acordaron en diciembre pasado crear comités conjuntos para supervisar los acuerdos alcanzados.
Las autoridades en Sudán fijaron la paz con los rebeldes, que luchan contra Jartum, una de sus principales prioridades, ya que supone una de las condiciones clave para que Estados Unidos saque al país de la lista de patrocinadores del terrorismo.
En diciembre pasado, un tribunal de Jartum condenó al expresidente sudanés a dos años de confinamiento en un centro reformatorio por un delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de divisas.
Al Bashir, de 75 años, que dirigió el país durante 30 años, fue juzgado por un tribunal especial y declarado culpable de “corrupción” y “posesión ilegal de fondos extranjeros”.