La crisis de Chubut es grave. El Estado está paralizado. No presta ningún servicio público esencial, no paga los salarios de sus agentes en término, no cumple con los proveedores, no realiza obras de infraestructura. No hay clases, los hospitales no tienen insumos, la Justicia está imposibilitada de prestar su función regularmente, los pueblos del interior están abandonados y muchos de ellos sin garantía de suministro eléctrico. Hace mucho tiempo que el gobierno no encara proyectos que alienten la inversión privada y la diversificación productiva. Por el contrario, le aumentó los impuestos a los sectores productivos al firmar el consenso fiscal 2019 firmado con el Pte. Alberto Fernández.
Lo más grave es que el gobierno provincial ha demostrado una ineptitud absoluta para diseñar un plan para empezar a salir de una crisis provocada por una sucesión de gobiernos de origen justicialista en diversas versiones internas pero siempre con los mismos actores alternándose en ministerios y lugares de conducción del Estado.
En los últimos 16 años se desaprovecharon los ingresos record por regalías hidrocarburíferas que de representar menos de u$s 100 millones de dólares anuales pasaron a significar alrededor de u$s 500 millones cada año.
En lugar de destinar esos ingresos a reconvertir la economía llevaron adelante una política clientelar, utilizando al empleo público como un botín. La planta de personal pasó de 22 mil agentes en diciembre de 2003 a más de 60 mil en la actualidad.
La obra pública se utilizó para robar, como quedó demostrado con la seguidilla de causas que involucran a funcionarios y empresarios, convirtiéndose en una postal habitual los allanamientos en casa de gobierno y oficinas públicas, y los funcionarios saliendo esposados.
La deuda pública se utilizó para financiar el despilfarro y la corrupción. Se emitió deuda financiera por u$s 1.159 millones de dólares. A lo que hay que sumar los intereses, dejando hipotecada a la provincia por muchos años ya que se cedieron en garantía las regalías.
El repago de esa deuda representa hoy una carga de más de u$s 150 millones anuales, que explica buena parte de la plata que falta para pagar a los agentes públicos y proveedores.
Todo ese cuadro decadente se agravó cuando el actual gobernador comprometió aumentos salariales en el primer semestre del año pasado, a sabiendas de que no podría cumplirlos y con el único objetivo de ganar una elección.
La situación explotó en julio de 2019, fecha desde la cual el gobierno ya no pudo pagar nunca más los sueldos en término y el Estado dejó de funcionar absolutamente.
Pese a que esta situación lleva casi diez meses, el gobierno provincial no ha diseñado ningún plan concreto para remontar un faltante que, según la admisión del Ministro de Economía, es de $ 37.000 millones sobre los $ 120.000 millones presupuestados. Es decir, de cada tres pesos que el gobierno necesita para cumplir con sus obligaciones más elementales, le falta uno.
Es por eso que llegan a acumularse casi dos masas salariales adeudadas, que faltan insumos hospitalarios, que no hay luz en los pueblos, que no hay clases, que la infraestructura está destruida.
El oficialismo tiene la obligación de asumir su fracaso, admitir que llegó al gobierno sin un plan y sin cohesión política entre quienes integran la coalición gobernante. Y seguidamente explicarle a la comunidad cuáles son las medidas concretas, planificadas y conducentes que va a tomar para comenzar a resolver la situación.
No se puede seguir improvisando ni apelando a metodologías poco transparentes como la continua emisión de letras a tasas prohibitivas o una reestructuración de la deuda financiera resuelta por decreto.
El gobierno fue elegido para gobernar con responsabilidad. Ganó una elección y tiene muy pocos meses de ejercicio del poder. Tiene la obligación de ponerse a gobernar con criterio y seriedad para solucionar el caos que el propio gobierno creó, y al que el Ministro de Gobierno calificó como de “quiebra”.
El gobernador tiene que dejar de lado su actitud complaciente con el gobierno nacional y empezar a levantar su voz ante el atropello que significó la elevación de las retenciones al petróleo, la firma del consenso fiscal 2019, la imposición de la suspensión de juicios contra la Nación, la paralización de obras públicas como el caso del nodo de interconexión, el intento de Kicillof de que la provincia de Buenos Aires ingrese a la OFEPHI y la falta de distribución de la tarjeta alimentaria en Chubut a más de tres meses de su lanzamiento.
Es deber del gobernador exigir con firmeza por el abandono en que el gobierno nacional ha sumido a la provincia. Los chubutenses también somos argentinos y no nos merecemos que no haya clases ni hospitales funcionando.
Parece que desde diciembre de 2019 el gobernador perdió el coraje para reclamar a la Nación por los derechos de la Provincia.
El pueblo del Chubut merece respeto, atención y consideración por parte de quienes gobiernan. Esa misma gente que pasó de escuchar mentiras como la de “la Provincia mejor administrada” a “la Provincia en quiebra” en menos de un año, demanda que el gobernador ponga la cara y diga de manera concreta y clara cuáles son las medidas que piensa adoptar para empezar a salir del pozo y cuáles son los plazos que se manejan para normalizar esta realidad calamitosa que nos toca padecer.
De ninguna situación de crisis se puede salir sin un plan. Si el gobierno provincial continúa improvisando no solo no se va a resolver este cuadro sino que se va a agravar y profundizar.
Sr. Gobernador tiene la palabra.
Chubut, 14 de marzo de 2020
Jacqueline Caminoa Presidenta UCR Chubut
Adrian Gago, Dulio Monti, Gerardo Rujana, Pablo del Giudice Vicepresidentes UCR
Gustavo Menna Diputado Nacional
Maria Andrea Aguilera Diputada Provincial
Manuel Pagliaroni Diputado Provincial