El Gobierno aún sufre consecuencias por su decisión del pago diferencial a empleados legislativos y diputados. «Fue con el único objetivo que el Gobernador lleve adelante la sesión de apertura sin inconvenientes», indicaron desde la Asociación de Magistrados. Denunciaron penalmente al ministro de Economía. Aún no hay fecha de pago de sueldos de enero para rangos 3 y cuatro; salvo para quienes trabajan en Legislatura que ya cobraron.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales formalizó el martes, a través de su presidenta Carina Estefanía, la ampliación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Oscar Antonena, y funcionarios del Poder Judicial «que resulten responsables» del pago diferencial a empleados legislativos y diputados provinciales.
«Este hecho nuevo se asimila al denunciado en julio de 2019, cuando el Poder Ejecutivo pagó selectivamente los sueldos de la admnistración pública sin utilizar parámetros razonables que respeten los principios razonables», según se indicó en la denuncia.
Se apuntó Antonena y a los funcionarios responsables de haber definido el pago de sueldos para los rangos 3 y 4 exclusivamente que cumplen funciones en Legislatura, al igual que a los diputados provinciales. «Se trata de una decisión arbitraria, ilegal y discriminatoria, que no se condice con ninguna situación social o de emergencia que la fundamente», indicaron los magistrados. «Ninguna norma podría habilitar que los pagos de los salarios se realicen en contra de los preceptos constitucionales -dice la denuncia- entre los cuales se encuentra el principio de igualdad…». A todo esto, recordaron que al momento de hacer la denuncia tampoco había fecha cierta de pago de los haberes del mes de enero.
Calificación legal
En cuanto a la calificación legal, entendieron los magistrados que «el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, establece que será reprimido con prisión de un mes a un dos años e inhabilitación especial por el doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
Además, «puede ser constitutiva del delito previsto en el artículo 264 del Código Penal, que castiga al funcionario público que teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente».
Objetivo de la medida
En la presentación realizada, la denuncia da cuenta que el pago a los integrantes del Poder Legislativo, fue «con el único objetivo que el Gobernador lleve adelante la sesión de apertura «sin inconvenientes», toda vez que hasta el día viernes los empleados de dicho Poder estaban de paro de actividades por la falta de pago de sus salarios», informó El Chubut.