Los pequeños negocios ya están empezando a dejar de pagar a sus proveedores.
Rosa Salvador, Maite Gutiérrez
La mayoría de las pymes y autónomos viven “al día” y tienen liquidez para aguantar apenas un mes sin ingresos, según los estudios internacionales realizados por entidades como JP Morgan. “La estructura financiera de muchos pequeños negocios es muy frágil. Por eso es vital que el Gobierno actúe rápido, con la línea de avales y mejor aún atrasando el pago de impuestos, para evitar que el confinamiento fuerce el cierre de miles de pymes”, señaló David Garrofé, secretario general de la patronal Cecot.
Según Cash is King, un estudio en el que JP Morgan analizó los flujos de caja y el balance de 600.000 pequeños negocios de todos los sectores de Estados Unidos, las pymes y autónomos tienen de media liquidez para estar 27 días sin ingresos, y sólo un 25% podría aguantar un confinamiento de más de 60 días. “El estudio se refiere a Estados Unidos, pero la situación aquí es similar”, asegura Garrofé, que recuerda que aquel país vive un debate sobre el alcance y duración del confinamiento similar al de España.
Según el estudio, los negocios que tienen menos caja de reserva son los bares y restaurantes, que tienen en la cuenta corriente fondos para pagar los gastos de 16 días, mientras que los que tienen más caja son las inmobiliarias, que de media tienen fondos para aguantar sin ingresos 47 días. También tienen muy poco pulmón financiero los pequeños negocios de mantenimiento y reparaciones (18 días), las tiendas independientes (19 días), las pymes de la construcción (21 días) y los negocios de servicios personales (peluquerías, lavanderías, esteticienes…). Según el JP Morgan Institute, los pequeños negocios intensivos en mano de obra o en sectores con bajos salarios tienen menos reservas económicas que los que son intensivos en capital o trabajan en sectores de salarios altos como el inmobiliario, los servicios tecnológicos o los profesionales.
Bares y restaurantes son los que tienen menos pulmón financiero para aguantar el cierre
“Los pequeños empresarios están asustados. Se han quedado sin ingresos, de manera imprevista, y no saben cuándo volverán a abrir. Y tampoco saben ahora si sus clientes van a pagar las facturas que tienen pendientes de cobro. Y han de seguir pagando los gastos: alquiler o hipoteca, suministros, impuestos, cotizaciones sociales y salarios”, asegura Garrofé. Por ello, reconoció, muchos ya están priorizando e impagando a algunos proveedores.
La falta de liquidez ha llevado a empresas de distintos sectores a pedir al Gobierno que les ordene el cese de la actividad, una decisión que les permitirá acogerse a las ventajas que dio el Ejecutivo en el decreto que impuso el estado de alarma para presentar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Joan Manuel Canosa, director del bufet Canosa Abogados, explica que “es posible tramitar un ERTE por la caída de ingresos que genera la situación actual, pero es más lento y complicado que apelar a fuerza mayor”. Así, asegura, si el Gobierno decreta el cese de la actividad de un sector, el empresario sólo ha de pedir a la autoridad laboral que constate que es así, y esta tiene cinco días para rebatirlo. El empresario decide además individualmente las medidas que adoptar. Si en cambio alega los perjuicios económicos de la situación, el ERTE se tramita de manera ordinaria, con un periodo de negociación con la plantilla. En ambos casos, recuerda Canosa, las pymes con menos de 50 trabajadores no tendrán que ingresar las cotizaciones sociales de los empleados afectados.
Los contratistas presentan ERTE en lugar de reclamar a la Administración que les compense los salarios
La urgencia de adaptarse a la falta de ingresos está llevando a presentar ERTE a empresas con contratos públicos suspendidos a pesar de que el decreto del Gobierno les garantiza la compensación por daños y perjuicios de los salarios que hayan pagado durante la suspensión del contrato. “En lugar de reclamar a la Administración que les compense por los salarios de la plantilla, presionan a los trabajadores para que acepten los ERTE amenazándoles con que no podrán pagar salarios y cotizaciones”, aseguraron portavoces de UGT. Los empresarios que opten por esa vía, sin embargo, habrían de pleitear y podrían tardar meses en cobrar los fondos.
“La línea de avales de 20.000 millones de euros que ha aprobado es una buena iniciativa pero hace falta aplazar el pago de impuestos para que las pymes puedan mantener la liquidez”, asegura Garrofé. Las empresas han de liquidar próximamente el IVA, las cotizaciones sociales y retenciones de IRPF de sus trabajadores y muchos impuestos municipales. A juicio de Garrofé,
“si no se toman medidas esta crisis cambiará totalmente el mapa comercial de nuestras ciudades”.
La torpeza administrativa deriva en problemas de solvencia
La lentitud de la Administración en tomar medidas para asegurar la liquidez de las empresas o la adopción de algunas contraproducentes pueden convertir un problema puntual de tesorería en un problema de solvencia que lleve a miles de empresas al cierre o a concurso de acreedores, señaló Josep González, presidente de Pimec, en unas declaraciones a la agencia ACN. González recordó que según una encuesta realizada por la patronal en apenas quince días han pasado del 18% al 75% los empresarios que reconocen tener problemas de tesorería. A su juicio, “si no somos ágiles en tomar decisiones, podemos tener consecuencias como las de la crisis del 2007”.
Así, la falta de acceso a la línea de avales anunciada por el Ejecutivo ha llevado a muchas empresas a seleccionar a qué proveedores pagan. También la lentitud en la tramitación de los ERTE reduce la liquidez de las empresas: como pasan entre 40 y 50 días desde que se aprueba hasta el cobro de la prestación por desempleo, muchos trabajadores se avanzan a este problema y piden a un anticipo de la paga extra, lo que agrava los problemas de tesorería de las empresas, según expuso el presidente de la Cecot, Antonio Abad, en una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Finalmente, la prohibición de ajustar plantilla aunque la caída de la actividad la haya hecho innecesaria, una medida que aprobó el viernes el Gobierno, ha centrado las críticas de la asociación de autónomos ATA por considerar que “limitan la libertad de actuación del empresario para salvar su empresa y el mayor número de empleos”. A juicio de Lorenzo Amor, presidente de la asociación, es una medida que “especialmente en estos momentos va a provocar que se hundan muchas empresas y empresarios en la miseria”, señaló La Vanguardia.