Guido Otranto vuelve a ser noticia, esta vez porque será quien juzgará a un dirigente gremial docente acusado de entorpecer el tránsito en Comodoro Rivadavia mientras reclamaba que el Gobierno provincial les pagara a los empleados estatales el salario en tiempo y forma.
Agosto de 2017. Hasta ese mes el nombre de Guido Otranto solo era conocido públicamente en Esquel y alrededores. Se trata del primer juez federal de esa ciudad, donde asumió en 2013 pese a que el cargo fue creado seis años antes. Sucesivos imponderables postergaron su asunción, a la que asistió el gobernador Martín Buzzi.
El gobierno de Mauricio Macri estaba en ese momento en la cúspide de su aceptación y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pregonaba a diario la política de la mano dura para con quienes cortan rutas, se rebelan a designios de los poderosos y no aceptan dejar tierras que les pertenecen desde tiempos ancestrales. La rebeldía del pueblo mapuche enfrentando al grupo Benetton produjo un enfrentamiento que terminó en la Justicia.
Santiago Andrés Maldonado (28 años) desapareció en circunstancias más que claras para quienes acepten ver los videos de la represión que ejerció personal de Gendarmería sobre una decena de manifestantes que exigía la restitución de sus tierras. Entre ellos estaba el joven artesano, oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo.
Bailando con Patricia
Un mes y medio más tarde a Otranto lo empiezan a conocer en todo el país, y la mayoría ya desconfía de su imparcialidad. El 22 de septiembre la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo separa de la investigación.
Para los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman «la decisión fue con fundamento en el alegado temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado».
La familia del joven artesano, visto con vida por última vez el 1° de agosto, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fueron los que impulsaron las recusaciones contra Otranto, argumentando «imparcialidad, prejuzgamiento y enemistad manifiesta».
El mismo fiscal, el mismo juez
El fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, fue quien había pedido el apartamiento de Otranto al pronunciarse a favor del pedido de recusación del CELS.
Según Bellver, Otranto prejuzgó con su opinión sobre el caso en declaraciones periodísticas y eso lo inhabilitaba a continuar al frente de la causa. Es que el juez suscribía la teoría oficial de que la desaparición del artesano no estaba vinculada con ninguna fuerza de seguridad y que tal vez se hubiera ido del país o bien que murió ahogado al arrojarse solo al río Chubut.
Curiosamente, es ahora el mismo fiscal Bellver quien elevó a juicio la causa contra el secretario general de ATECh Zona Sur, Daniel Murphy, procesado por un corte de ruta en el marco del reclamos salariales de los empleados públicos chubutenses.
El juez que juzgará a Murphy es Otranto, porque la comodorense Eva Parcio viuda de Seleme ya emitió opinión al elevarla a juicio. La otra opción posible era alguno de los jueces de Rawson, Hugo Sastre o Gustavo Lleral, quien luego quedó a cargo de la causa Maldonado aunque su conclusión mereció serios reproches.
Según dijo Bellver en una radio comodorense, Otranto es el indicado para juzgar a Murphy porque desconoce los pormenores de la acusación y puede garantizar imparcialidad. ¿Será justicia?
«Criminalizar la protesta»
El dirigente docente Daniel Murphy expresó que «sería muy grave que esto avance a juicio, esto es un intento más de criminalizar la protesta».
Agregó que «Si pretenden amedrentarnos con estas cosas, quiero decir que no lo lograrán. Quieren castigar nuestro atrevimiento a reclamar cosas que nos corresponden. Sería muy grave que por una caravana se avance en un juicio».
Luego relató que «en el 2018 hicimos una caravana y un acto en Cerro Dragón en medio de una lucha sindical junto a otros sectores. Por eso iniciaron una causa federal que ahora quieren elevar a juicio».
«Estaremos rechazando y repudiando esta decisión de la Justicia. Las cosas que el Gobierno hace para nosotros es un delito y cada vez que reaccionamos a esto, recibimos un ataque», dijo en diálogo con FM La Petrolera.
Asimismo, aclaró que «los ciudadanos comunes necesitamos que actúen contra los incumplimientos gubernamentales».
«Si pretenden amedrentarnos con estas cosas, quiero decir que no lo lograrán. Evidentemente la Justicia Federal no tiene mejor cosa que hacer que castigar nuestro atrevimiento a reclamar cosas que nos corresponden», indicó.
