La audiencia de apertura de investigación en la fiscalía de la causa que se ha denominado “Ñoquis Calientes” y que tiene a su cargo la jueza Ivana González, en la que el fiscal Omar Rodríguez pide que se impute a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y a otras 12 personas por presunta defraudación al Estado y concusión, en al menos 13 hechos, aún no tiene fecha. Pero una vez que se inicie formalmente el plazo de 6 meses para la investigación, la Fiscalía de Estado se presentará ante la Oficina Judicial y pedirá ser aceptada como querellante, según la información que pudo confirmar ADNSUR de fuentes oficiales.
Si bien los tiempos se demoran, porque la Oficina Judicial tiene que ubicar a las 13 personas sindicadas, que en muchos casos no tienen domicilio claro –algunos figuraban en un hotel- para anoticiarlos de que deben constituir un abogado defensor, la decisión del equipo que conduce el fiscal Andrés Giacomone está tomada: la Fiscalía de Estado pedirá sumarse a la causa como querellante, porque de acuerdo a los datos iniciales que se desprenden, de confirmarse una defraudación se podrían haber afectado bienes del Estado Provincial.
Como ya informó esta agencia en varias oportunidades, la imputación a la ex ministra y sus colaboradores es la de armar un sistema, primero en su etapa como diputada provincial y luego como funcionaria del Ejecutivo, por el cual se designaba personal que no prestaba tareas concretas para luego exigir la devolución de al menos la mitad del sueldo, que iba a parar a una cuenta privada que manejaba la niñera de Torres Otarola.
Según los registros de cuentas bancarias de los involucrados, realizado por el equipo de investigación del Ministerio Público Fiscal que integra el contador José Velázquez, que se denomina Unidad Fiscal Especializada, hubo movimientos de dinero de al menos 1,5 millones en los últimos 6 meses, de fondos que provenían de las cajas de ahorro del personal de gabinete del Ministerio de Familia, quienes reintegraban a su jefa política una parte de sus haberes. Además, en muchos casos no tenían residencia en Chubut y se desconoce qué tareas cumplían.
Teniendo en cuenta que la hipótesis es que hubo una estafa al Estado, según la cual fondos que no eran para el pago de tareas específicas, podrían haber terminado en las cuentas de la ministra, es que Fiscalía de Estado pedirá ser adherida a la causa, como ya ocurrió con otras casos de causas de corrupción, como fue el caso del juicio oral por Embrujo, el enriquecimiento ilícito contra Oscar Alarcón, la causa Revelación y la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, donde en todos los casos, la acusación apuntó a demostrar un perjuicio contra las arcas estatales.
Por el momento se abrió entonces un compás de espera, mientras la Oficina Judicial termina de notificar a cada uno de los 13 futuros imputados. Una vez que esto se concrete, quedaría fijar una fecha para la audiencia, que será presidida por la jueza Ivana González, y que se realizaría como viene ocurriendo hace meses por las restricciones de la pandemia, de manera virtual a través de videoconferencia.
