Pocas horas después de que el Gobierno comunicara un acuerdo con los bonistas bajo legislación extranjera, la AFIP comunicó que por séptimo mes consecutivo el total de los recursos tributarios aumentó en julio muy por debajo de la tasa de inflación en comparación con un año antes, al sumar apenas $559.092 millones, apenas 24% más que el año anterior, pese a una tasa de inflación de 43% y suba del tipo de cambio para el comercio exterior 68%, refleja la aguda crisis económica que provoca la extensión de la cuarentena preventiva del COVID-19.
De todas formas, para la AFIP resulta positivo que frente a una drástica baja de 24,8% en términos reales observada en el primer mes pleno en cuarentena, comenzara un proceso de gradual desaceleración de la contracción agregada de los recursos tributarios a 22,8% en mayo; 16,2% en junio y 13,2% en julio.
Los datos de las tres principales fuentes de recursos del Estado nacional, excluidos los giros de utilidades del Banco Central y otras rentas por ganancias de la Anses y venta de activos, dieron cuenta de que la flexibilización de la cuarentena en junio y primera quincena de julio no fue suficiente para afianzar la recuperación parcial que había insinuado la venta de bienes durables, como automotores y casas y departamentos como dieron cuenta los informes de la Asociación de Concesionarias y Colegio de Escribanos, y que luego se manifestaron en la caída de la confianza de los consumidores.
El comunicado de prensa mensual de la AFIP destaca: “La caída en el nivel de actividad y las distintas medidas de política tributaria tendientes a aliviar la situación de los contribuyentes constituyen los principales factores explicativos para la variación en los ingresos tributarios de julio. La dinámica de la recaudación evidencia, sin embargo, una desaceleración en el ritmo de contracción en términos reales con relación a los registros observados desde que inició la pandemia del COVID-19″.
Claramente, el efecto de la disminución de la actividad, por el doble efecto de la baja de ingreso nominal de parte de los trabajadores que desde abril ya no tienen la posibilidad de trabajar tiempo extra, ni en forma remota, como en gran parte del comercio minorista no esencial; como los que perdieron el empleo, aunque formalmente están suspendidos los despidos, afectó al consumo agregado de las familias y se reflejó en el desempeño del IVA.