Impulsado por ciudadanos de Comodoro Rivadavia, denuncian penalmente por presunto abuso de autoridad, violaciones a los deberes de funcionario público e incluso administración fraudulenta, contra ministros del gabinete provincial que alcanzan al titular de la cartera de Gobierno, José Grazzini, de Seguridad, Federico Massoni, de Salud, Fabián Puratich y la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.
Los hechos que se endilgan a los funcionarios se fundamentan en las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria, al advertirse que se incurrió en abuso de poder, dictado de normas que exceden las facultades de los acusados, y presuntos actos ilegales en ejercicio de la función pública.
¿Que denuncian?
En el caso de la exministra Torres Otarola, está denunciada por presunta administración fraudulenta., y el ministro de Gobierno, José Grazzini, habría incurrido de un acto ilegal al desoír la orden de la jueza Mirta Moreno quien hizo lugar a un habeas corpus, y determinó que se aplicara el protocolo nacional previsto en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
De acuerdo a la presentación realizada por los abogados Gastón Bordier y Cynthia Castro, se utilizó un Decreto de emergencia que tenía vencidos los plazos para la realización de compras directas, y según reveló Bordier en diálogo con El Diario, este miércoles se formalizaría la denuncia contra los ministros Federico Massoni y Fabián Puratich, a quienes se les acusa de haber incurrido en actos ilegales por abuso de autoridad y arrogarse facultades que no les son propias.
En este caso, aun si el ministro de Salud hubiera actuado de buena fe, bajo la creencia de que la pandemia habilita toda excepcionalidad, no cabe la misma lógica de supuesto para el ministro Massoni, habida cuenta de que éste ostenta título de abogado, y no puede desconocer que solo el Gobernador puede hacer uso de facultades excepcionales a través de la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU).
La denuncia contra el Ministro de Seguridad también alcanza al subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal, Federico Pérez Mariani.
Concretamente la investigación penal sobre Massoni, Pérez Mariani y Grazzini, sería por presunto delito de “usurpación de autoridad, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y requerimiento ilegal de la fuerza pública”, según se desprende de las expresiones del denunciante.